Consejero del IFE cuestiona blindaje propuesto por el PAN

El consejero electoral del IFE, Francisco Javier Guerrero, aseguró que el Código electoral vigente no contempla efectuar exámenes toxicológicos o la prueba de detector de mentiras a candidatos, como sugiere la propuesta panista de “blindaje” electoral.

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) “tiene dos medidas que desde mi perspectiva son muy cuestionables. Me refiero de manera específica al detector de mentiras y a los exámenes toxicológicos. En ninguna parte del Cofipe ni de la ley están establecidas ese tipo de medidas”, explicó en entrevista.

El consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) consideró que en muchos espacios de protección de los derechos humanos, ese tipo de medidas son consideradas como “invasivas de la privacidad”.

“En todo caso, yo sería respetuoso de la medida de que cada partido político tome y decida (sobre el blindaje electoral), pero el instituto no puede ir por encima de la ley”, anotó.

Guerrero Aguirre dejó en claro que el órgano electoral no es policía ni ministerio público, y mucho menos persigue delitos o procura justicia.

Por el contrario, estableció que el papel de árbitro en la contienda federal está definido en el convenio que firmó con la Secretaría de Gobernación, esto es, que puede hacer del conocimiento de esa dependencia cualquier conducta ilegal de la que tenga conocimiento.

“En todo caso yo diría que no me parece adecuado considerar que todos los candidatos son delincuentes y que se les dé el trato de delincuentes”, expuso.

Francisco Javier Guerrero opinó que los candidatos a diversos cargos de elección popular deben ser personas honorables, pero sobre todo deben cumplir con los requisitos que establece la propia ley, entre ellos no contar con antecedentes penales.

Llamó a todas las instancias a no ensuciar los comicios, luego de las afirmaciones del representante suplente del PRD ante el IFE, Fernando Vargas, en el sentido de que las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos del orden federal pudieran ser utilizadas como instrumento político-electoral.

A este respecto, señaló que “yo creo que la procuración de justicia y todas las medidas que se han construido en torno al combate al narcotráfico, no deben ser un instrumento electoral, eso es muy claro”.

Dijo que siempre que se presente una acusación, “lo mínimo que se solicita en una sociedad democrática es que se presenten las pruebas correspondientes, si existen pruebas en torno a la comisión de un delito”.

, por supuesto deben presentarse y la autoridad debe actuar”, expuso.

El consejero del IFE juzgó inadmisible “que ensuciáramos el proceso electoral 2012 con suposiciones o elementos que no estén plenamente probados; al final del día quien acusa está obligado a probar”.


La Crónica, 31 de enero.