Marginan a indígenas en su propia tierra, denuncian

SAN CRISTÓBAL. Desde a finales de 2012, varias organizaciones manifestaron su preocupación por las acciones de “limpieza social” que emprendió el edil Francisco Martínez Pedrero en contra de familiasindígenas tzotziles, que son acompañados por más de 2 mil 400 niños que se dedican a la venta de artesanías en el centro histórico.

“De acuerdo con testimonios de niñas y niños trabajadores ambulantes y sus familias”, agentes de la Policía Municipal los “amenazan” y “hostigan” para que se retiren del primer cuadro de la localidad, ya que en caso de no hacerlo “les quitarán su mercancía o se los llevarán detenidos” a la prisión.

Una de las primeras acciones de hostigamiento fue la cancelación de permisos para 300 familias de indígenas que se instalaban en la plaza central, entre las 20:30 y la 1:00 horas, para la venta de sus artesanías y sólo les permitieron hacerlo en la madrugada, cuando ya no hay visitantes en el área.

Este horario de venta “resulta absurdo”, pues implica “situaciones de mayor riesgo para la infancia y mujeres que trabajan en los espacios públicos”, consideran las organizaciones Melel Xojobal AC, Save The Children, Chantik Taj Tajinkutik AC, Centro Educativo Sueniños AC y SYJAC.

Las acciones del edil afectaron a unos 2 mil 481 niños y adolescentes que ayudan o acompañan a sus familias trabajando en plazas públicas de la localidad, explican.

Lamentan que no haya políticas públicas a nivel municipal, dirigidas a proteger los derechos humanos de los infantes.

Pero además, “lejos de abrir cauces de entendimiento entre la ciudadanía, genera un clima de discriminación social y criminalización de la pobreza de quienes trabajan en las calles y conlleva a la exclusión, marginación y violación a sus derechos humanos”.

Las acciones de “limpieza social”, que también han sido implementadas en Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Guerrero y Veracruz, han sido denunciadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia sobre Violencia y Discriminación y Limpieza Social contra poblaciones callejeras en México.

Las organizaciones temen que “se incrementen el hostigamiento y las agresiones a la población que trabaja en las calles de la ciudad, especialmente hacia niños”.

“Que la ausencia de políticas públicas municipales dirigidas a la infancia, en particular a la indígena, las propuestas de atención para niños y adolescentes que trabajan en los espacios públicos sean acciones sin consideración de sus derechos”.

Lamentan que “tenga mayor prioridad el cuidado de la imagen turística del centro de la cuidad, que la atención a las condiciones de exclusión social en que vive un amplio sector de la población indígena del municipio, quienes son los que mayoritariamente se dedican a la venta informal en las calles de la ciudad”.

Consideran que es complejo el fenómeno social de la infancia y adolescencia que trabaja, pero “estamos convencidos, y otras experiencias nacionales y extranjeras lo reafirman, la persecución, prohibición y criminalización no son las medidas para revertir las condiciones desfavorables en que está la infancia y adolescencia indígena”.

“La pretensión de mantener una ciudad segura y turísticamente atractiva no debe tener costo social para la ciudadanía y menos para la infancia y adolescencia que trabaja en espacios públicos”, dicen.

Fredy Martín Reyes corresponsal, El Universal, 28 de julio.