Santos reconoce delitos cometidos por el Estado durante cinco décadas de guerra

En un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, al comparecer ante la Corte Constitucional, reconoció ayer en público la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado, destacaron medios locales.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de 50 años de conflicto”, dijo el mandatario.

Durante su discurso de defensa del llamado Marco Jurídico para la Paz, Santos hizo referencia a este modelo de justicia diseñado en el Congreso para la transición de una Colombia en conflicto a un país en paz.

COMPROMISO. Asimismo, se comprometió a que este reconocimiento sea “un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado” reconozcan su responsabilidad y “puedan participar en mecanismos de justicia transicional”.

“Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las (guerrillas) FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad”, agregó.

Santos incluyó este modelo de justicia transicional en su estrategia para acabar con el conflicto colombiano, que comprende negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en curso desde hace ocho meses en Cuba.

IMPUNIDAD. En la sesión convocada por el Constitucional para estudiar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna, Santos desestimó la tesis de críticos del citado acto legislativo, quienes sostienen que abre una puerta a la impunidad.

“Es la primera vez que Colombia se toma en serio la lucha contra la impunidad de los hechos cometidos en el conflicto”, consideró el mandatario, al explicar que por eso descarta “pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir”.

Precisamente ese es el punto cuestionado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que elevó una demanda de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal al considerar que los principios de “selección” de los culpables y de “priorización” de los delitos que contempla el marco impedirán se haga justicia.

La Crónica, 26 de julio.