Evalúan amnistía 'light'

WASHINGTON.- El Gobierno del Presidente Barack Obama, incapaz de sacar adelante una reforma migratoria en el Congreso, sopesa opciones para otorgar una "amnistía administrativa" a miles de indocumentados, según un documento interno filtrado por republicanos.

El memorando, redactado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS por sus siglas en inglés) esboza alternativas, que no involucren al Legislativo, para mejorar la situación en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, entre los que destaca ampliar la utilización de la figura de "acción diferida" para evitar la deportación de miles de personas sin documentos que no hayan cometido delitos en ese país.

La contraparte de esta medida sería fortalecer los esfuerzos para arrestar y deportar a los indocumentados que hayan violado la ley.

En la actualidad, los escasos individuos beneficiados por una "acción diferida" pueden solicitar además permiso para trabajar en Estados Unidos.

Otro grupo que, según esta propuesta, recibiría autorización para quedarse en el país serían los inmigrantes que tengan el estatus de protección temporal debido a que fueron afectados por un desastre natural, como es el caso de miles de haitianos que llegaron a Estados Unidos después de que en enero su país fue devastado por un terremoto. Actualmente hay un millón de personas con este estatus en el país.

El memorando fue filtrado por el senador republicano Charles Grassley, de Iowa, quien lo denunció como una maniobra de la Administración Obama para amnistiar indocumentados.

Se estima que alrededor de 12 millones de "sin papeles" residen en Estados Unidos en la actualidad, la mayoría de origen mexicano.

"El documento provee una justificación adicional a nuestra preocupación de que el Gobierno hará todo lo posible para evadir al Congreso y ejecutar unilateralmente una amnistía subrepticia", dijo Grassley.

"El problema es que si recompensas la ilegalidad, habrá más", añadió.

Grassley y un grupo de senadores republicanos le escribieron a Obama en junio para pedirle que prometa que el Gobierno federal no usará su autoridad para modificar la situación legal de los indocumentados. Como no han recibido respuesta, declaró Grassley, asumen que el Ejecutivo "conspira" en el tema migratorio.

Christopher Bentley, vocero de la CIS, confirmó la existencia del memorando e indicó que el Gobierno sí está explorando la posibilidad de ampliar el uso de la "acción diferida", aunque con límites.

El portavoz también enfatizó que el Ejecutivo sigue comprometido con impulsar en el Congreso una reforma migratoria integral.

El documento de 11 páginas fue escrito en abril y en unos de sus pasajes asegura: "Este memorando ofrece opciones de solución administrativa para promover la unidad familiar, fomentar el crecimiento económico, alcanzar mejoras significativas en los procesos y reducir la amenaza de expulsar a ciertos individuos presentes en Estados Unidos sin autorización".

Agrega que ante la ausencia de una reforma migratoria integral, el CIS puede extender los beneficios o la protección para muchos individuos o grupos, como las decenas de miles de jóvenes que han crecido en Estados Unidos y planean asistir a la universidad o incorporarse al Ejército.

Reforma, 31 de julio.

Prevé SRE litigio prolongado

La Canciller Patricia Espinosa reconoció que el litigio en torno a la constitucionalidad de Ley 1070 de Arizona puede ser largo.

"Vemos que se tratará de un proceso judicial en donde seguramente se recurrirá a distintas instancias judiciales, pudiendo llegar incluso a la Suprema Corte de justicia de Estados Unidos", comento en rueda de prensa conjunta con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi.

"Será en principio un proceso largo. Es difícil definir qué tan largo en tiempos específicos, pero no será un proceso donde podamos ver una definición final sobre la constitucionalidad de la ley en algunas semanas", agregó.

Cuestionada sobre la decisión del gobierno de EU de cerrar temporalmente su Consulado en Ciudad Juárez para evaluar las condiciones de seguridad en ese lugar, la funcionaria expresó su respeto a la determinación.

"Esta es una decisión que compete exclusivamente al gobierno de Estados Unidos y que sin duda se da en un contexto en el que ambos países estamos atentos a las medidas de seguridad en esta zona", señaló.

Espinosa remarcó que las autoridades de México y EU han fortalecido su cooperación para promover la seguridad en la localidad fronteriza.

La cooperación, indicó, se basa en el principio de responsabilidad compartida y se desarrolla en términos de un mayor y mejor intercambio de información para combatir a la delincuencia organizada.

Incluye además, destacó, el fortalecimiento de instituciones y la capacitación de personal.

"E incluso también un componente de colaboración en el programa de Todos Somos Juárez, que pretender el fortalecimiento comunitario a través de programas que vayan a favorecer la situación de las personas en Ciudad Juárez, como la recuperación de espacios públicos, instituciones de salud, promoción de la cultura y el combate a las adicciones", apuntó.

Los cancilleres clausuraron ayer la Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Guadalupe Irízar, Reforma, 31 de julio.

Descartan liga de paisanos con violencia

Los migrantes indocumentados no han hecho de Arizona un estado más inseguro.

Una investigación del Woodrow Wilson Center indica que el crimen ha caído de manera significativa en Arizona en tanto la inmigración ha aumentado y que Arizona es ligeramente más seguro que otros estados de la Unión Americana.

"La nueva ley en Arizona parece redireccionar recursos y el enfoque de las políticas hacia la aprehensión de los migrantes indocumentados, cuya presencia no incrementa los crímenes violentos, más allá del desmantelamiento de redes de traficantes de personas potencialmente peligrosas", indica.

El informe destaca que en 2008, la gente de Arizona tenía menor probabilidad de ser la víctima de un crimen violento que la población en general de los Estados Unidos.

Así, mientras en Arizona la tasa de crímenes violentos era de 447 en cada 100 mil habitantes en 2008, a nivel nacional ésta era de 455.

"Desde el año 2000, la tasa de crímenes violentos en Arizona ha disminuido alrededor de 15.9 por ciento, mientras la tasa a nivel nacional cayó 10.2 por ciento en el mismo período", señala el reporte.

Indica que incluso la tasa de crímenes no violentos ha descendido más rápido en Arizona que en la Unión Americana.

El reporte detalla que el caso de Arizona no es único, y que a pesar de la cantidad importante de narcóticos que pasa de México a los Estados Unidos, la región sur de la Unión Americana se ha mantenido segura. "Las cuatro ciudades importantes de Estados Unidos con los niveles más bajos de violencia, El Paso, San Diego, Phoenix y Austin, se localizan en los estados de la frontera suroeste", indica.

Menciona que pese a los miles de asesinatos relacionados con el narcotráfico en la frontera norte de México no han significado un repunte en la violencia al sur de los Estados Unidos.

El pasado 25 de junio, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, justificó la Ley 1070 argumentando que la mayoría de quienes cruzan ilegalmente la frontera están bajo el control de los cárteles de la droga.

"Yo creo que hoy en las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de aquellos que cruzan ilegalmente que vienen al Estado de Arizona están bajo la dirección y control de los cárteles de la droga y están trayendo drogas", expresó Brewer.

El reporte señala que las preocupaciones legítimas que tienen los estadounidenses sobre el crimen organizado se han confundido con los problemas de la inmigración ilegal.

En ese sentido, cuestiona que la Ley 1070 redirija políticas y recursos hacia las aprehensiones de migrantes indocumentados, cuya presencia no incrementa la tasa de crímenes, en lugar de orientarse al desmantelamiento de redes potencialmente peligrosas de tráfico de personas.



Desmienten a Brewer

La Gobernadora de Arizona dijo que la mayoría de indocumentados están vinculados al crimen. El Centro Wilson lo descarta.


Tasa de crímenes violentos 2008

· Arizona: 447 en cada 100 mil habitantes
· EU: 455 en cada 100 mil habitantes


Disminución de crímenes violentos desde 2000

· Arizona: 15.9 por ciento
· EU: 10.2 por ciento

*Según el reporte las cuatro ciudades importantes de Estados Unidos con los niveles más bajos de violencia, El Paso, San Diego, Phoenix y Austin, se localizan en los estados de la frontera suroeste,

Silvia Garduño, Reforma, 31 de julio.

Excluyen a refugiados en Chiapas

La tercera parte de los refugiados guatemaltecos que llegaron a México durante la década de 1980 y que se asentaron en localidades de Chiapas aseguran que siguen estando excluidos de ciertos derechos, aún cuando y ya sean ciudadanos mexicanos por la vía de la naturalización.

De acuerdo con el documento preliminar "Diagnóstico participativo de mujeres de origen guatemalteco y sus familias en su proceso de integración en dos municipios del estado de Chiapas", 33 por ciento de las mujeres guatemaltecas naturalizadas y 28 por ciento de los hombres opina que no se respetan sus derechos como mexicanos.

El estudio fue realizado por la organización civil Coincides AC que ha documentado algunos abusos contra esta población asentada en los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas.

La encuesta señala que 42 por ciento de las mujeres y 59 por ciento de los hombres naturalizados siente que las personas mexicanas de origen lo tratan de manera diferente por haber nacido en Guatemala; mientras que 54 por ciento de las mujeres y 39 por ciento de los hombres identifica diferencias con las personas nacidas en México en cuanto al acceso a servicios o beneficios.

El documento destaca el testimonio de una guatemalteca naturalizada mexicana, a quien se le pregunta si existe diferencia en el trato hacia los ex refugiados.

"Creo que sí. La diferencia es que el mismo presidente (municipal) nos desconoce a nosotros. Dice que nosotros como naturalizados no somos mexicanos y que no hablamos ninguna lengua", consigna.

En entrevista, Alfredo González, fundador de la organización, señaló que la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, se ha negado a entregar recursos a un grupo de trabajadores guatemaltecos naturalizados mexicanos por carecer de acta de nacimiento.

"Ellos presentan la carta de naturalización y les dice la gente de este programa que ese documento no está en la lista de lo que ellos tienen indicado que deben de recibir. (...) A partir de ese momento se cae el proyecto", dijo en entrevista.

Señaló que los apoyos que se entregan a los pueblos indígenas no se canalizan de igual manera a quienes proceden de etnias mayas originarias de Guatemala, y que luego de la violencia desatada en su país en los 80, se quedaron a vivir en Chiapas.

Asimismo, dijo González, muchas veces la gente del registro civil requiere a la persona acudir con su acta de nacimiento para realizar cualquier trámite, incluso para fungir como testigo en un enlace matrimonial, y no aceptan la carta de naturalización como documento equivalente.

Silvia Gardduño, Reforma, 31 de julio.

Resienten migrantes abusos... en México

"¿A dónde vine yo a parar?", se preguntaba una y otra vez Uriel, refugiado colombiano, al salir de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Dos horas antes, mientras caminaba por el Jardín del Arte, dos sujetos que dijeron ser Zetas -término que desconocía- navajearon el maletín negro que colgaba de su brazo izquierdo y al ver que no transportaba nada de valor, lo dejaron libre.

Aunque los asaltantes no le ocasionaron ningún daño, Uriel optó por acudir a las autoridades a denunciar, acto que le parecía razonable dada su condición de refugiado.

Pero a la agente del Ministerio Público, Luz Ángela Camacho, no le gustó que Uriel mencionara a los Zetas.

"Yo le pregunté qué eran Los Zetas. Entonces me dice que yo debería saber porque nosotros como colombianos les habíamos exportado ese tipo de violencia acá a su país", relata.

"Me dijo: 'entonces usted tiene que ver con el narcotráfico'".

Desde entonces sigue el consejo que le han dado sus paisanos que residen en México: nunca decir que es de Colombia, sino del norte del país.

El gobierno mexicano ha protestado enérgicamente contra el racismo de que son víctimas los paisanos en territorio estadounidense, particularmente a raíz de la aprobación de la Ley 1070 en Arizona. Sin embargo, en México los extranjeros también son víctimas de discriminación, incluso por parte de funcionarios.

De hecho, la Encuesta Nacional de Discriminación de 2005 reveló que 42.1 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a permitir que un extranjero viviera en su casa.

Lorena Cano, abogada de Sin Fronteras, ha documentado casos de discriminación en contra de extranjeros en las oficinas del registro civil, en donde requieren que la persona presente su pasaporte para realizar cualquier trámite, aún siendo refugiados.

A ellos, por su propia condición, se les complica obtener ese documento.

"Los jueces del registro civil desconocen totalmente los documentos migratorios", reprocha Cano.


A la cola

Por cinco meses, la mano izquierda de Ramiro estuvo completamente inmovilizada.

El hondureño huyó de un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y el Ejército que se realizó sobre las vías del tren en Celaya, Guanajuato, a finales de enero, y mientras era perseguido, cayó y se rompió la muñeca izquierda.

Como procurador de derechos humanos del Departamento de Comayagua en su país, Ramiro se vio obligado a salir de Honduras luego del golpe de Estado de 2009, llegó a la Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, el 3 febrero de 2010.

Desde ahí comenzó a tramitar su solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y a recibir rehabilitación en su mano izquierda en un centro del DIF.

Luego de un mes de terapia fue canalizado al Hospital General de Saltillo, pues necesitaba una cirugía.

Pasaron cinco meses y a Ramiro todavía no lo operaban.

"Me llevaban al lugar donde supuestamente se va a hacer la cirugía y después me retiraban. Me decían que no podían atenderme porque había otro caso más importante que el mío", recuerda.

"Yo pienso que si fuera mexicano me hubieran atendido antes", reprocha.

Finalmente, el hondureño fue operado el pasado 20 de julio.

Silvia Garduño, Reforma, 31 de julio.

Alista controversia PAN contra Marín

PUEBLA.- El PAN estatal anunció que presentará una controversia constitucional para dar marcha atrás a la reforma "exprés" que permitirá a Mario Marín que sea el actual Congreso de mayoría priista el que apruebe las finanzas de su último año de Gobierno.

"Lo hemos platicado con los actuales legisladores, con los próximos legisladores y sí, por supuesto que estamos ya trabajando en una controversia constitucional", informó Pablo Montiel Solana, secretario del PAN estatal.

"Nos parece que es ridículo que a estas alturas de la democracia en México pase lo que está pasando, el oscurantismo con el que se maneja la información es verdaderamente un chiquero".

Esta semana, con 28 votos a favor y 11 en contra, el tricolor sacó adelante la reforma al artículo 50 de la Constitución estatal para que las finanzas del 2010 del Gobernador sean revisadas por ellos y no por la próxima legislatura en la que no tendrá mayoría el PRI. La propuesta había sido presentada apenas una semana antes.

Montiel consideró que Marín, al impulsar una medida retrógrada que sería fuertemente criticada, sólo puso en evidencia que el manejo de recursos en su último año no fue sano.

"Mario Marín está muy preocupado porque sus títeres actuales en el Congreso le aprueben sus cuentas públicas, algo muy grueso o algo muy grande está escondiendo".

El dirigente explicó que para inconformarse ante la Suprema Corte esperarán a que se consume el hecho jurídico.

Gustavo Espinosa Vázquez, diputado de Nueva Alianza, arremetió también contra la reforma y adelantó que el poco tiempo que tendrán los diputados para revisar las cuentas de todo un estado impedirá garantizar un análisis a detalle, ni en la Comisión Inspectora y mucho menos en el pleno.

Laura Ruiz corresponsal, Reforma, 31 de julio.

Maniobra Ulises para librar juicio

OAXACA.- La mayoría priista del Congreso de Oaxaca prepara un juicio político "fast track" en contra el Gobernador Ulises Ruiz, en una maniobra que busca evitar que la próxima Legislatura que controlará la Oposición lo sancione por los hechos violentos suscitados en 2006.

Durante cuatro años, los legisladores locales del tricolor rechazaron insistentemente al menos tres peticiones de juicio político contra Ruiz, pero ayer aceptaron la formulada por el diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales.

Y en menos de 24 horas recibieron, ratificaron y dieron trámite a la propuesta.

Ayer mismo se instaló la Comisión Instructora -integrada por tres priistas, una panista y un legislador convergente- para que inicie el proceso sancionador.

"Cristóbal Carmona Morales, por mi propio derecho (...) pido que se inicie juicio político en contra del Gobernador del Estado, Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, por haber incurrido en violaciones al artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, derivado de los hechos acontecidos en 2006.

"Y por violaciones a las garantías individuales cometidas en el desalojo efectuado a partir del 14 de junio del año 2006 al 14 de junio de 2007, y así como por la omisiones cometidas en agravio de los habitantes del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas", se lee en la petición entregada al Congreso local.

El ex dirigente estatal del Panal entregó como única prueba la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual se acusó a Ulises Ruiz de violaciones graves a los derechos humanos.

Apenas en junio, el Panal destituyó y desafilió a Cristóbal Carmona por haber inscrito a políticos cercanos a Ulises Ruiz como candidatos a Alcaldes a espaldas de la dirigencia nacional.

El 28 de junio, seis días antes de la elección local, Carmona se unió a la campaña del candidato a Gobernador del PRI, Eviel Pérez Magaña.

Al respecto, Benjamín Robles Montoya, coordinador de los diputados locales de Convergencia y miembro de la Comisión Instructora, denunció que la petición de juicio político contra Ulises hecha por Carmona, es una estrategia del PRI y del propio Ruiz para proteger al Gobernador.

"Lo que buscan es exculparlo para que la próxima legislatura donde ellos no tienen mayoría, no lo puedan volver a juzgar, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto", dijo el diputado a REFORMA.

También secretario técnico del grupo de transición designado por el Gobernador electo Gabino Cué, el legislador convergente adelantó que la intención de los diputados priistas es terminar el dictamen esta misma semana para ponerlo a consideración del Pleno del Congreso de Oaxaca el próximo jueves.

"Aquí lo grave es que otra vez el Poder Legislativo se ve sometido a un personaje que es el responsable de lo mal que le ha ido a Oaxaca, y también de lo mal que la ha ido al PRI, entonces, de una manera que pareciera incongruente, los propios diputados del PRI, olvidándose que su jefe no es el titular del Poder Ejecutivo sino el pueblo, están prestos a hacerle el servicio y ponerse como tapetes y actuar con una indignidad que espanta", abundó.

Robles recordó al Gobernador que aún tiene pendiente resolver las denuncias penales que hay en su contra por los hechos violentos del 2006 y que, a partir del uno de diciembre, ya no tiene fuero.

"Yo sólo le mando a decir a Ulises Ruiz que no puede estar tranquilo, hay otras rutas, está la ruta penal, seguramente tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.

El convergente manifestó que el "verdadero juicio político" contra Ulises Ruiz ya se concretó el pasado 4 de julio, al perder el PRI la gubernatura y la mayoría en el Congreso local.




Conózcalo

Nombre: Cristóbal Carmona Morales

Cargo: Diputado local en Oaxaca

Experiencia: Formó parte del comité estatal del PRI cuando Ulises Ruiz fue dirigente.

Fue designado diputado plurinominal y dirigente del Panal.

En febrero pasado rompió con la alianza opositora que postuló a Gabino Cué a la Gubernatura y en junio se sumó a la campaña del priista Eviel Pérez Magaña.

El 15 de junio pasado la dirigencia nacional del Panal lo acusó de traicionar a su partido y lo expulsó.

Virgilio Sánchez corresponsal, Reforma, 31 de julio.

Exige Gobernación liberar a periodistas

El Secretario de Gobernación, Francisco Blake, exigió ayer, a nombre del Gobierno federal, la liberación de los tres periodistas secuestrados en Durango y advirtió que no se permitirán amenazas a ningún miembro de la sociedad, especialmente si éstas van dirigidas a la prensa.

Blake aseveró que tampoco se permitirá que el crimen organizado pretenda "utilizar" a los medios de comunicación.

Cabe señalar que una de las condiciones que pusieron los plagiarios fue difundir tres videos en los que se acusa a funcionarios de favorecer a narcotraficantes rivales.

"El Gobierno federal exige la inmediata liberación de las personas secuestradas y reitera su compromiso para actuar con todas sus atribuciones legales, teniendo como fin último garantizar la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad. Y llevar a los responsables ante la acción de la justicia", expresó.

Al leer un mensaje en Bucareli, Blake reconoció que hoy en día la principal amenaza para el periodismo, los derechos humanos y la libertad de expresión en la República, es el crimen organizado.

Por tal motivo, reiteró, es necesario combatir ese flagelo con "la mayor firmeza" posible por parte de los órganos de Gobierno y todos los poderes públicos.

"El Gobierno federal condena enérgicamente el secuestro de periodistas, agentes de la autoridad y civiles en los estados de Durango y Coahuila y se solidariza plenamente con los familiares, amigos y colegas de las personas secuestradas.

"Hoy más que nunca es necesario redoblar el esfuerzo contra los criminales, ya que cada agresión a periodistas, comunicadores, agentes de la autoridad o cualquier ciudadano, es un atentado contra la sociedad", expresó.

El Secretario de Gobernación aseguró que desde que el Gobierno federal tuvo conocimiento del secuestro de los comunicadores, ocurrido el lunes en la Alcaldía de Gómez Palacio, ha "acompañado" a quienes informaron de lo sucedido y a los familiares de las víctimas en la toma de decisiones del caso.

Advirtió que la administración del Presidente Felipe Calderón mantiene su voluntad "inquebrantable" de imponer toda la fuerza de la ley a quienes buscan someter, secuestrar y amenazar a la sociedad mexicana.

"La seguridad y tranquilidad de los mexicanos es la responsabilidad de todo el Estado mexicano, de los tres órganos de gobierno y de los tres poderes de la unión", finalizó.

El jueves Televisa y Milenio exigieron el esclarecimiento del caso a las autoridades y demandaron mejores garantías para ejercer el periodismo.

A la fecha siguen en cautiverio Jaime Canales, camarógrafo de la empresa Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, de Televisa Torreón y Héctor N., del Diario el Vespertino. El jueves fue liberado Héctor Gordoa Márquez, reportero de Televisa y colaborador de Maerker.

Antonio Baranda, Reforma, 31 de julio.

Silencia el narcotráfico a prensa laredense

NUEVO LAREDO, México.- El temor a ser ejecutados por el narcotráfico ha silenciado a los periodistas en Nuevo Laredo.

"En ningún lado están los medios más controlados que aquí", declaró un reportero, quien enfatizó que enfrentaría un grave peligro si se revelaba su identidad. "Existe un control total".

Varios periodistas y residentes dicen que los medios han sido intimidados por los ataques y por una ola de amenazas de muerte de los Zetas, el grupo al que muchos consideran el verdadero amo de Nuevo Laredo.

Fotografías y una breve nota sobre los cuerpos de cuatro hombres hallados frente a la plaza de Toros, de hecho, aparecieron el pasado 26 de julio en los periódicos locales, pero los periodistas de distintos medios locales, quienes temían ser identificados públicamente, explicaron que los Zetas ordenaron la publicación como una advertencia a sus enemigos.

El 16 de julio, balaceras por toda la ciudad entre soldados y presuntos sicarios dejaron un saldo de 12 muertos y 21 heridos, algunos de ellos víctimas inocentes. El caos continuó durante la mayor parte de la semana pasada, con tiroteos suscitándose a todas horas.

Ni el Alcalde ni los funcionarios estatales o federales han ofrecido detalles sobre las matanzas.

"Antes, las noticias eran alarmistas, hoy, no hay información", declaró Carlos Martínez, vicepresidente de una asociación empresarial.

Sintiendo una frustración desesperada, muchos residentes fronterizos de México han recurrido a Twitter, Facebook, blogs y mensajes de texto para estar al día con lo que sucede.

Pero la información que suben a internet, con frecuencia, es contradictoria o no está confirmada. Se disparan los rumores y estalla el pánico.

"Vivimos un momento histórico en nuestra ciudad", señaló el empresario Martínez. "La gente se siente atrapada, mal informada y muy indignada. Esto crea una psicosis. Sólo nos enteramos de lo que dicen otras personas".

Dudley Althaus, NYT, Reforma, 31 de julio.

Atacan televisora en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- Sujetos desconocidos lanzaron ayer desde un automóvil en marcha una granada contra las instalaciones de Televisa de Nuevo Laredo, que al estallar dañó dos vehículos, informaron fuentes oficiales.

En su noticiero anoche, Televisa México informó que el estallido se dio en la puerta del edificio y que no causó muertos ni heridos y sólo afectó dos vehículos que estaban en un estacionamiento, así como los vidrios de la fachada.

Los Bomberos atendieron el derrame de gasolina causado por vehículos dañados, mientras autoridades policiacas acordonaron el área.

La Alcaldía de Nuevo Laredo, a través de su facebook, informó de una explosión.

"Situación de riesgo Col. Infonavit... Proceder con precaución... Confirmado.

"Explosión en Av. de la República y Transformación, col. Infonavit. No se reporta ningún otro incidente en otro punto", señaló el Municipio en facebook.

El pasado miércoles 21 los habitantes de esta frontera tamaulipeca vivieron horas de pánico debido a los enfrentamientos por la guerra del narcotráfico en diferentes puntos de la localidad, que incluyeron balaceras, robos de varias decenas de vehículos a los ciudadanos y bloqueo de calles.

De acuerdo con algunos periodistas, grupos del crimen organizado que operan en la ciudad han estado ordenando a medios de comunicación publicar algunas fotos o notas, como la del pasado 26 de julio que daba cuenta de la aparición de los cuerpos de cuatro hombres ejecutados enfrente de la plaza de toros.

El lunes cuatro periodistas fueron secuestrados en la Comarca Lagunera mientras cubrían una protesta afuera del Cereso Número Dos de la ciudad de Gómez Palacio, en Durango.

Hasta el jueves sólo uno había sido liberado.


Artefacto en Reynosa

Anoche, en Reynosa, un artefacto explosivo estalló en las inmediaciones de Plaza La República, muy cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo y de la subdelegación de la Policía Preventiva de la Zona Rosa.

Según el sitio web de la dirección de Protección Civil, el artefacto explosivo estalló alrededor de las 22:30 horas. Las autoridades exhortaron a los automovilistas que conducen por la zona a manejar con precaución.

Reforma, 31 de julio.

Tiran granada a televisora

NUEVO LAREDO.- Sujetos desconocidos lanzaron ayer desde un automóvil en marcha una granada contra las instalaciones de Televisa de esta ciudad.

La televisora informó anoche en su noticiero estelar que el estallido se dio en la puerta del edificio y que no causó muertos ni heridos y sólo afectó dos vehículos que estaban en un estacionamiento, así como los vidrios de la fachada.

La Alcaldía de Nuevo Laredo, a través de su Facebook, informó de la explosión: "Situación de riesgo Col. Infonavit (...) Proceder con precaución (...) Confirmado".

Reforma, 31 de julio.

Blindan su adiós Ruiz... y Marín

Los Gobernadores salientes de Oaxaca y Puebla, Ulises Ruiz y Mario Marín, maniobraron en los congresos locales, con mayoría priista, para blindar su salida luego de que los candidatos del tricolor perdieran la elección y, además, el control de las nuevas legislaturas estatales.

Como parte del escudo político que operaron los Mandatarios salientes, ayer el Gobernador oaxaqueño adelantó la entrega de la primera parte de la Cuenta Pública de su último año de mandato para que sea el actual Congreso, de mayoría priista, el que revise los reportes de gasto público y avale su ejercicio.

El Secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habif entregó a los diputados locales el reporte de gasto de enero a junio de 2010, en el que se informa que el Gobierno de Ruiz gastó en ese periodo 23 mil 165 millones de pesos, lo que significó mil 79.4 millones de pesos más respecto a los ingresos.

Además, la actual legislatura inició un juicio político exprés a Ruiz por los hechos violentos suscitados durante el conflicto magisterial de 2006 con la intención, según la Oposición, de exonerarlo antes de irse y evitar que los nuevos diputados lo sancionen.

Ayer mismo se instaló la Comisión Instructora para enjuiciarlo, la cual está integrada por tres diputados priistas, una panista y uno de Convergencia.

"Lo que buscan es exculparlo para que la próxima legislatura, donde ellos no tienen mayoría, no lo puedan volver a juzgar. Porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto", dijo Benjamín Robles, coordinador de los diputados locales de Convergencia y miembro de la Comisión Instructora.

En tanto, el Gobernador saliente de Puebla, Mario Marín, operó para que la mayoría priista en el Congreso local cambiara la ley y que sea esta legislatura la que revise y, en su caso, apruebe su última Cuenta Pública.

El jueves, con 28 votos a favor y 11 en contra, los diputados priistas reformaron la Constitución local para ser ellos los que fiscalicen y aprueben la Cuenta Pública del último año de Gobierno de Marín. La nueva legislatura, de mayoría opositora al PRI, sólo podrá revisar los últimos 15 días de su Administración.

En Coahuila, el Gobernador priista Humberto Moreira, quien dejará el cargo en noviembre de 2011, ha realizado por lo menos seis nombramientos transexenales en áreas de procuración e impartición de justicia, derechos humanos y manejo financiero, algunos de los cuales permanecerán en el cargo hasta 2022.

Virgilio Sánchez, Laura Ruiz y Carole SImonnet, Reforma, 31 de julio.

Iglesia cubana demanda más libertad individual y colectiva

La Iglesia católica de Cuba demandó ayer al gobierno “menos restricciones a las libertades individuales y colectivas”, el cese del burocratismo “enfermizo” y los intentos de justificar un sistema económico y social de “ineficacia demostrada”.

En un editorial de la revista Palabra Nueva, órgano de la Arquidiócesis de La Habana, afirmó que los cubanos aspiran a “más desarrollo y más oportunidades” sin “controles excesivos para poder así adelantar proyectos personales que pueden ser beneficiosos para la sociedad.

El texto, firmado por el director de la publicación y portavoz del cardenal Jaime Ortega, descartó que exista “discurso ni ideología que pueda defender o justificar fórmulas económicas y sociales cuya ineficacia ha sido largamente demostrada e innecesariamente padecida”.

La nota apareció mientras las 12 Comisiones del Parlamento cubano examinan la situación económica y social del país, como antesala de la primera sesión anual ordinaria del cuerpo legislativo, que se realizará mañana, en que se espera un discurso del presidente Raúl Castro.

Los cubanos siguen expectantes acerca de si Raúl Castro hará alguna precisión sobre los “cambios estructurales y de conceptos” en el sistema socialista vigente en el país caribeño que prometió en 2007, después que ha pedido paciencia a sus compatriotas.

La Habana/Notimex, Milenio, 31 de julio.

Plantean las FARC diálogo a Santos

El comandante en jefe de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, le propuso ayer al gobierno del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, que entrará en funciones la semana próxima, dialogar sobre una plataforma de cinco apartados.

Cano, alias de Guillermo León Sáenz y antiguo responsable político del grupo, expuso su iniciativa en una videoconferencia divulgada por una de las páginas de los rebeldes en internet y que recoge una charla a la “guerrillerada” en las montañas de Colombia.

Los apartados que deben dominar un diálogo son “puntos vertebrales” de la situación que mantiene a Colombia en un conflicto armado interno, con un guerra de guerrillas que se remonta a 1964, según puntualizó el jefe insurgente.

El comandante rebelde precisó que se trata de cinco puntos, a saber: el acuerdo intergubernamental que les permite a militares estadunidenses hacer uso de bases colombianas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la tenencia de la tierra, el régimen político y el modelo económico.

“Nosotros seguimos empeñados en buscar salidas políticas a la situación”, aseguró Cano, que ascendió hace dos años a la jefatura máxima de las FARC, en lugar del fundador del grupo insurgente, Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo). Marín, que en 1964 conformó esta guerrilla, la más antigua de América, y que desde entonces fue la cabeza del Secretariado o mando central de la organización, murió a finales de marzo de 2008 por causas naturales.

“Aspiramos a que el gobierno que entra reflexione, y no engañen más al país de que esto fue el fin del fin”, expresó Cano. El jefe rebelde parodió así al comandante saliente de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, para quien la insurgencia fue llevada hasta un punto de no retorno por el presidente Álvaro Uribe, en el poder desde 2002 y que el 7 de agosto venidero entregará el poder a Santos, que fue uno de sus ministros de Defensa.

En Quito, el canciller venezolano Nicolás Maduro afirmó que la fuerza pública de Venezuela combatirá a “cualquier grupo” que incursione en su territorio. Las declaraciones tuvieron lugar después de la reunión de la Unasur, en la que Colombia mostró fotografías para respaldar su denuncia sobre la presunta presencia de guerrilleros colombianos en suelo venezolano.

En tanto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, puso en duda que las pruebas presentadas por Colombia, sean “contundentes”, y lo mismo opinó el mandatario paraguayo Fernando Lugo. Maduro formuló sus declaraciones en rueda de prensa cerca de la medianoche del jueves, luego de la reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, realizada en Quito para tratar el conflicto colombo-venezolano.

El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, lamentó ayer que no haya sido posible llegar a algún acuerdo por consenso dentro de la UNASUR para tratar de superar la crisis. Al cabo de cinco horas de sesión, el cónclave concluyó que se debe convocar a los jefes de Estado del bloque para discutir el tema.

Asimismo, el influyente diario estadunidense The Washington Post, afirmó ayer en un editorial que las pruebas presentadas por Colombia contra Venezuela son convincentes y demuestran que el gobierno de Hugo Chávez está amparando a grupos guerrilleros colombianos. Las pruebas son tan contundentes que “si el asunto estuviera ocurriendo en el Oriente Medio, ya estuviera (el caso) ante el Consejo de Seguridad de la ONU”, dice el editorial. El embajador de Venezuela en EU, Bernardo Álvarez, rechazó ayer el editorial por “dogmático”.

Milenio, 31 de julio.

Granadazo contra el edificio de Televisa en Nuevo Laredo

Una granada lanzada por desconocidos desde un auto en movimiento frente a las instalaciones de Televisa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, provocó ayer daños materiales en dos vehículos, sin que hubiera heridos.

Las autoridades municipales confirmaron, a través de las redes sociales, la detonación de un artefacto en la sede de Televisa Las Torres.

“Confirmado, situación de riesgo por una detonación. Lugar ubicado en avenida de la República y Transformación en la colonia Infonavit”, se reportó a través de Twitter.

La detonación del artefacto se registró en la puerta del inmueble ocupado por la televisora, dañando una camioneta y un automóvil propiedad de empleados de la cadena, y provocó la ruptura de los cristales de la puerta principal.

Eduardo Martínez, director y gerente de la cadena en Nuevo Laredo, aseguró que no hubo daños personales, en tanto que las primeras investigaciones indican que los sujetos que viajaban a bordo de un automóvil lanzaron la granada y se dieron a la fuga.

Elementos del Ejército y agentes federales, así como Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Por la mañana, en ese mismo municipio tamaulipeco se presentaron enfrentamientos entre soldados y desconocidos armados en los barrios Campestre y Polvo Enamorado, pero no se informó si hubo lesionados o detenidos.

México. EFE y Redacción, Milenio, 31 de julio.