Ante la cercanía de la revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo promovido por un grupo de intelectuales en contra de la reciente reforma electoral, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, el perredista Carlos Sotelo, advirtió: “Debemos ser cautelosos ante la estrategia dilatoria y tendenciosa que el duopolio televisivo ha puesto en marcha para evitar cualquier avance que tienda a emparejar el terreno de juego en la lucha por democratizar los medios de comunicación”.
El legislador lamentó que las voces de los intelectuales que promovieron el amparo, más que fortalecer los espacios de discusión que enriquezcan el acervo ciudadano, tiendan a distorsionar una realidad en la que se encuentra en juego dinero del erario y, al mismo tiempo, pongan en la mesa de discusiones cuestionamientos sobre el juicio de garantías.
Sotelo destacó que la igualdad necesaria para crear espacios de deliberación política no pasa ni debe pasar por el tamiz de quien tiene dinero para contratar espacios de propaganda, a menos que esos espacios no sean deliberativos sino propagandísticos.
Y cuestionó: “¿No es el dinero una forma de coerción para el libre ejercicio de la libertad de opinión ¿La libertad de quién se defiende? ¿La de los empresarios que se beneficiaban del enorme gasto de recursos públicos durante las campañas electorales al imponer las tarifas de acuerdo con las negociaciones discrecionales con los partidos políticos?”
Limitantes al poder del dinero
Hizo ver que, en contra de lo que sostienen los quejosos en su demanda, “¿en qué momento la reforma electoral aprobada prohíbe la creación de espacios para la deliberación política en los medios electrónicos?”
Señaló que al valorar la procedencia o improcedencia de los agravios contenidos en el juicio de garantías interpuesto por 15 intelectuales, no debe perderse de vista que la reforma aprobada por el Congreso no implica la menor restricción a la libertad de expresión como derecho humano fundamental, sino que sólo constituye una limitante para comprar espacio para propaganda electoral.
Insistió Sotelo en que “en rea-lidad el dinero se ha convertido en una forma de coerción para el libre ejercicio de la libertad de opinión”.
Reiteró que la libertad de expresión de los intelectuales para plantear sus opiniones no está ni siquiera mencionada y menos aún se encuentra en riesgo en el marco de la reforma constitucional que cuestionan.
Subrayó el perredista: “Desconocen –o quieren que así lo creamos– que la prohibición de contratar espacios para propaganda electoral se ha convertido en un asunto de interés público que beneficia a la ciudadanía”, y no como argumentan en su recurso de amparo los intelectuales, que suprime y hace nugatorio su “derecho humano para crear espacios para la deliberación pública bajo una base razonable de igualdad y sin ninguna coerción”, sin reconocer en ello que, en todo caso, están peleando por el ejercicio inequitativo de un derecho que sólo pueden ejercer quienes tienen dinero para contratar espacios.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado recordó que “el artículo 41 constitucional sólo refiere que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.
El legislador lamentó que las voces de los intelectuales que promovieron el amparo, más que fortalecer los espacios de discusión que enriquezcan el acervo ciudadano, tiendan a distorsionar una realidad en la que se encuentra en juego dinero del erario y, al mismo tiempo, pongan en la mesa de discusiones cuestionamientos sobre el juicio de garantías.
Sotelo destacó que la igualdad necesaria para crear espacios de deliberación política no pasa ni debe pasar por el tamiz de quien tiene dinero para contratar espacios de propaganda, a menos que esos espacios no sean deliberativos sino propagandísticos.
Y cuestionó: “¿No es el dinero una forma de coerción para el libre ejercicio de la libertad de opinión ¿La libertad de quién se defiende? ¿La de los empresarios que se beneficiaban del enorme gasto de recursos públicos durante las campañas electorales al imponer las tarifas de acuerdo con las negociaciones discrecionales con los partidos políticos?”
Limitantes al poder del dinero
Hizo ver que, en contra de lo que sostienen los quejosos en su demanda, “¿en qué momento la reforma electoral aprobada prohíbe la creación de espacios para la deliberación política en los medios electrónicos?”
Señaló que al valorar la procedencia o improcedencia de los agravios contenidos en el juicio de garantías interpuesto por 15 intelectuales, no debe perderse de vista que la reforma aprobada por el Congreso no implica la menor restricción a la libertad de expresión como derecho humano fundamental, sino que sólo constituye una limitante para comprar espacio para propaganda electoral.
Insistió Sotelo en que “en rea-lidad el dinero se ha convertido en una forma de coerción para el libre ejercicio de la libertad de opinión”.
Reiteró que la libertad de expresión de los intelectuales para plantear sus opiniones no está ni siquiera mencionada y menos aún se encuentra en riesgo en el marco de la reforma constitucional que cuestionan.
Subrayó el perredista: “Desconocen –o quieren que así lo creamos– que la prohibición de contratar espacios para propaganda electoral se ha convertido en un asunto de interés público que beneficia a la ciudadanía”, y no como argumentan en su recurso de amparo los intelectuales, que suprime y hace nugatorio su “derecho humano para crear espacios para la deliberación pública bajo una base razonable de igualdad y sin ninguna coerción”, sin reconocer en ello que, en todo caso, están peleando por el ejercicio inequitativo de un derecho que sólo pueden ejercer quienes tienen dinero para contratar espacios.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado recordó que “el artículo 41 constitucional sólo refiere que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.
La Jornada, 30 de junio.
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