BOGOTÁ.- Una tormenta política provocó ayer en Colombia la propuesta del Mandatario Álvaro Uribe de convocar a un referendo para repetir las elecciones de 2006, luego de que la Corte Suprema de Justicia pusiera en duda la legitimidad de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, de la que se vio favorecido.
"Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", dijo Uribe la noche del jueves.
Horas antes, en la sentencia que confirmó una condena a 47 meses de prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho, el alto Tribunal advirtió sobre un claro desvío de poder en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección.
Hace dos meses, Medina denunció que en 2004 tuvo ofrecimientos de prebendas de funcionarios del Gobierno a cambio de votar a favor de la reforma.
"Las circunstancias que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas", estableció el fallo.
La Corte Suprema remitió, además, copias de la sentencia a la Corte Constitucional, a la Procuraduría y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara baja del Congreso para que revisen la legalidad de la reforma.
En este sentido, la Procuraduría anunció ayer la apertura de una investigación a cinco funcionarios y ex colaboradores de Uribe por presionar para la aprobación de la reforma.
El organismo investigará al actual Ministro de Protección Social, Diego Palacio; al ex Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, actual Embajador en Italia; y al ex Director del Servicio de Inteligencia (DAS), Jorge Noguera, entre otros.
El anuncio de Uribe mereció duras reacciones de la Oposición. Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo, el principal partido opositor de izquierda, calificó de monstruosidad insólita la medida.
"Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al Ejército o a la Policía. Está inaugurando una dictadura populista", fustigó Gaviria.
Para el senador de izquierda Gustavo Petro, uno de los más férreos críticos del Mandatario, el desvío de poder al que aludió la Corte Suprema equivale a construir una tiranía.
El presidente del Consejo de Estado, alto tribunal que juzga a los servidores públicos, pidió al Gobierno respetar las decisiones judiciales.
"Un punto esencial en el Estado de derecho es mantener la independencia del poder judicial", dijo el Magistrado Enrique Gil.
Para la politóloga Claudia López, la reacción de Uribe fue desproporcionada y se inserta en la confrontación que sostienen el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, respaldó la propuesta de Uribe y entreabrió la puerta a elecciones anticipadas.
"Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", dijo Uribe la noche del jueves.
Horas antes, en la sentencia que confirmó una condena a 47 meses de prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho, el alto Tribunal advirtió sobre un claro desvío de poder en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección.
Hace dos meses, Medina denunció que en 2004 tuvo ofrecimientos de prebendas de funcionarios del Gobierno a cambio de votar a favor de la reforma.
"Las circunstancias que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas", estableció el fallo.
La Corte Suprema remitió, además, copias de la sentencia a la Corte Constitucional, a la Procuraduría y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara baja del Congreso para que revisen la legalidad de la reforma.
En este sentido, la Procuraduría anunció ayer la apertura de una investigación a cinco funcionarios y ex colaboradores de Uribe por presionar para la aprobación de la reforma.
El organismo investigará al actual Ministro de Protección Social, Diego Palacio; al ex Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, actual Embajador en Italia; y al ex Director del Servicio de Inteligencia (DAS), Jorge Noguera, entre otros.
El anuncio de Uribe mereció duras reacciones de la Oposición. Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo, el principal partido opositor de izquierda, calificó de monstruosidad insólita la medida.
"Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al Ejército o a la Policía. Está inaugurando una dictadura populista", fustigó Gaviria.
Para el senador de izquierda Gustavo Petro, uno de los más férreos críticos del Mandatario, el desvío de poder al que aludió la Corte Suprema equivale a construir una tiranía.
El presidente del Consejo de Estado, alto tribunal que juzga a los servidores públicos, pidió al Gobierno respetar las decisiones judiciales.
"Un punto esencial en el Estado de derecho es mantener la independencia del poder judicial", dijo el Magistrado Enrique Gil.
Para la politóloga Claudia López, la reacción de Uribe fue desproporcionada y se inserta en la confrontación que sostienen el Ejecutivo y la Corte Suprema.
La presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, respaldó la propuesta de Uribe y entreabrió la puerta a elecciones anticipadas.
Octavio Pineda, corresponsal, Reforma, 28 de junio.
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