El Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión –en el próximo periodo ordinario de sesiones– una iniciativa para “federalizar” la persecución de los delitos contra periodistas.
De ser aprobada, dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el Estado mexicano contará con mayor capacidad para perseguir a los criminales que atentan contra el trabajo periodístico de profesionales mexicanos y contra la libertad de expresión.
Durante el segundo encuentro de Editores de la República Mexicana advirtió que el narcotráfico recurre a actos de propaganda para obstaculizar la lucha contra la delincuencia organizada, “evidentemente no nada más se tiene la intención de eliminar al adversario, sino también mandar mensajes hacia la sociedad para que tome una posición de reserva y no colabore con nosotros”, afirmó.
En entrevista, el funcionario hizo un balance del combate al crimen organizado en lo que va del actual sexenio, y aseguró que la sociedad es más participativa, aunque se enfrenta con campañas propagandísticas del crimen organizado. “Si además de ejecutarlo (a una víctima del crimen organizado) ponemos (sic) una manta o una cartulina y se hacen evidentes signos de tortura y las cabezas se ponen en las puertas de los medios de comunicación o estaciones de policía, evidentemente no nada más tienen la intención de eliminar al adversario, sino de mandar mensajes de propaganda hacia las bandas rivales y a la sociedad para que tome una posición de reserva y no colabore con nosotros”, dijo.
Sobre la iniciativa de reforma señalada, indicó que una de las mayores amenazas que enfrentan los medios de información es la intimidación y la violencia.
Afirmó que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas ha recibido desde su creación hasta mayo pasado 234 asuntos radicados en el fuero federal, de los cuales 136 están determinados y 98 continúan en curso.
El gobierno, dijo, mantendrá su combate a la delincuencia para garantizar la seguridad de los mexicanos, y en particular, “irá a fondo en todas las investigaciones que permanecen abiertas en delitos contra periodistas”.
De ser aprobada, dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el Estado mexicano contará con mayor capacidad para perseguir a los criminales que atentan contra el trabajo periodístico de profesionales mexicanos y contra la libertad de expresión.
Durante el segundo encuentro de Editores de la República Mexicana advirtió que el narcotráfico recurre a actos de propaganda para obstaculizar la lucha contra la delincuencia organizada, “evidentemente no nada más se tiene la intención de eliminar al adversario, sino también mandar mensajes hacia la sociedad para que tome una posición de reserva y no colabore con nosotros”, afirmó.
En entrevista, el funcionario hizo un balance del combate al crimen organizado en lo que va del actual sexenio, y aseguró que la sociedad es más participativa, aunque se enfrenta con campañas propagandísticas del crimen organizado. “Si además de ejecutarlo (a una víctima del crimen organizado) ponemos (sic) una manta o una cartulina y se hacen evidentes signos de tortura y las cabezas se ponen en las puertas de los medios de comunicación o estaciones de policía, evidentemente no nada más tienen la intención de eliminar al adversario, sino de mandar mensajes de propaganda hacia las bandas rivales y a la sociedad para que tome una posición de reserva y no colabore con nosotros”, dijo.
Sobre la iniciativa de reforma señalada, indicó que una de las mayores amenazas que enfrentan los medios de información es la intimidación y la violencia.
Afirmó que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas ha recibido desde su creación hasta mayo pasado 234 asuntos radicados en el fuero federal, de los cuales 136 están determinados y 98 continúan en curso.
El gobierno, dijo, mantendrá su combate a la delincuencia para garantizar la seguridad de los mexicanos, y en particular, “irá a fondo en todas las investigaciones que permanecen abiertas en delitos contra periodistas”.
Fabiola Martínez, La Jornada, 28 de junio.
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