Al concluir el debate universitario sobre la reforma energética, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmaron que tras la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Ejecutivo federal prevalece no sólo un proyecto privatizador ajeno a los intereses del país y de los mexicanos, sino la consolidación de un nuevo modelo de nación en el que imperan los intereses de una nueva clase gobernante que cuenta con el apoyo del “poder de las finanzas y el monopolio televisivo”.
Reunidos en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario, para analizar el contenido de la reforma y sus consecuencias políticas, jurídicas y sociales, aseveraron que ante un escenario en el que los recursos petroleros se han convertido en factor estratégico para las naciones, entregarlos al capital privado sería lanzar a México a una aventura política, geopolítica, jurídica y social “que nos llevaría a un desastre nacional que habrá que impedir por todos los medios”.
Adolfo Gilly, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, manifestó que la reforma propuesta ha sido demolida “punto por punto”, ante los argumentos presentados en los debates públicos, en los cuales ha quedado claro que se trata de una “tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana”.
Esta nueva clase dirigente “de advenedizos”, agregó, representada en el gobierno de Felipe Calderón y del secretario de Hacienda Agustín Carstens, está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos “históricos, culturales, económicos y jurídicos” de México, con el fin de consolidar el orden social y político de la nueva riqueza financiera en “ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990”.
Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, insistió en que “aun reconociendo que los excedentes petroleros después del subsidio a los gasolinas sean de 4 mil millones de dólares como afirma la Secretaría de Energía, se tendrían recursos suficientes para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex)”, y enfatizó que en la propuesta del Ejecutivo no sólo se abre la puerta a la privatización de los hidrocarburos, sino a un mayor debilitamiento de la paraestatal.
Arnaldo Córdova, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), destacó que, de aprobarse las iniciativas presentadas por Calderón, “lo que tendremos será un aplazamiento de la reforma fiscal y el Estado seguirá financiándose de los magros recursos que obtiene de los causantes cautivos y de la riqueza petrolera en vías de extinción”. Agregó que la modificación “no busca modernizar a Pemex, sino mantenerlo como hasta ahora, es decir, fuente de financiamiento fiscal, que llega a 40 por ciento del total de los ingresos del Estado”.
En tanto, Raúl Carrancá y Rivas declaró que ante una clara violación al artículo 27 constitucional, el presidente Felipe Calderón incurre en un acto “totalmente inconstitucional, que amerita juicio político, como un fuerte llamado de atención de la ciudadanía hacia una violación flagrante a la Carta Magna”.
Luis Javier Garrido, del IIS, aseguró que Calderón Hinojosa miente y engaña a los mexicanos con una “propuesta privatizadora y, con ello, comete un fraude a la Constitución quebrantando lo que Mariano Otero denominó el acuerdo fundamental de los mexicanos”.
Por ello, afirmó que ante el dominio inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos energéticos, el Ejecutivo federal “quiere burlarse de este principio constitucional”, por lo que, aseguró, con esta propuesta de reforma el mandatario queda como un “hombre mentiroso y profundamente descalificado”.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, pidió al Senado convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética, y llamó a la ciudadanía a participar en los esfuerzos de convocatoria popular que fortalezca la consolidación de la democracia en los grandes temas de la nación.
Al clausurar los trabajos de un encuentro que reunió a más de 90 especialistas de la máxima casa de estudios y a ponentes independientes, estudiantes y trabajadores universitarios, Sergio Alcocer, secretario general de la UNAM, calificó de “inédita” la realización del debate, al que acudieron, aseguró, 5 mil asistentes, cuyos trabajos serán entregados en las próximas semanas a los senadores para que los analicen.
Reunidos en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario, para analizar el contenido de la reforma y sus consecuencias políticas, jurídicas y sociales, aseveraron que ante un escenario en el que los recursos petroleros se han convertido en factor estratégico para las naciones, entregarlos al capital privado sería lanzar a México a una aventura política, geopolítica, jurídica y social “que nos llevaría a un desastre nacional que habrá que impedir por todos los medios”.
Adolfo Gilly, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, manifestó que la reforma propuesta ha sido demolida “punto por punto”, ante los argumentos presentados en los debates públicos, en los cuales ha quedado claro que se trata de una “tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana”.
Esta nueva clase dirigente “de advenedizos”, agregó, representada en el gobierno de Felipe Calderón y del secretario de Hacienda Agustín Carstens, está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos “históricos, culturales, económicos y jurídicos” de México, con el fin de consolidar el orden social y político de la nueva riqueza financiera en “ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990”.
Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, insistió en que “aun reconociendo que los excedentes petroleros después del subsidio a los gasolinas sean de 4 mil millones de dólares como afirma la Secretaría de Energía, se tendrían recursos suficientes para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex)”, y enfatizó que en la propuesta del Ejecutivo no sólo se abre la puerta a la privatización de los hidrocarburos, sino a un mayor debilitamiento de la paraestatal.
Arnaldo Córdova, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), destacó que, de aprobarse las iniciativas presentadas por Calderón, “lo que tendremos será un aplazamiento de la reforma fiscal y el Estado seguirá financiándose de los magros recursos que obtiene de los causantes cautivos y de la riqueza petrolera en vías de extinción”. Agregó que la modificación “no busca modernizar a Pemex, sino mantenerlo como hasta ahora, es decir, fuente de financiamiento fiscal, que llega a 40 por ciento del total de los ingresos del Estado”.
En tanto, Raúl Carrancá y Rivas declaró que ante una clara violación al artículo 27 constitucional, el presidente Felipe Calderón incurre en un acto “totalmente inconstitucional, que amerita juicio político, como un fuerte llamado de atención de la ciudadanía hacia una violación flagrante a la Carta Magna”.
Luis Javier Garrido, del IIS, aseguró que Calderón Hinojosa miente y engaña a los mexicanos con una “propuesta privatizadora y, con ello, comete un fraude a la Constitución quebrantando lo que Mariano Otero denominó el acuerdo fundamental de los mexicanos”.
Por ello, afirmó que ante el dominio inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos energéticos, el Ejecutivo federal “quiere burlarse de este principio constitucional”, por lo que, aseguró, con esta propuesta de reforma el mandatario queda como un “hombre mentiroso y profundamente descalificado”.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, pidió al Senado convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética, y llamó a la ciudadanía a participar en los esfuerzos de convocatoria popular que fortalezca la consolidación de la democracia en los grandes temas de la nación.
Al clausurar los trabajos de un encuentro que reunió a más de 90 especialistas de la máxima casa de estudios y a ponentes independientes, estudiantes y trabajadores universitarios, Sergio Alcocer, secretario general de la UNAM, calificó de “inédita” la realización del debate, al que acudieron, aseguró, 5 mil asistentes, cuyos trabajos serán entregados en las próximas semanas a los senadores para que los analicen.
Laura Poy Solano, La Jornada, 28 de junio.
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