En el dictamen elaborado por la primera comisión, que preside el perredista Pablo Gómez, se exhorta al Ejecutivo federal que ordene a la autoridad competente reforzar la estructura y funcionamiento de las aduanas terrestres, aéreas y marítimas.
“Con el objetivo es evitar el ingreso y contrabando de armas a las que tiene acceso la delincuencia organizada”, señalan los legisladores, y piden que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “se establezcan los mecanismos necesarios de carácter internacional con países vecinos para impedir el funcionamiento del mercado negro de armas en la región”.
En un punto de acuerdo planteado por la senadora panista María Serrano, el Congreso comparte su preocupación por la entrada a territorio nacional de armas de fuego de alto calibre, a las que tienen acceso grupos de sicarios de la delincuencia organizada, con lo que superan en este rubro a las fuerzas armadas.
“Hasta agosto de 2007, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal anunciaron el decomiso más de 10 mil armas de fuego”, señalan, y citan un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual el decomiso de armas aumentó en enero pasado 35 por ciento respecto del primer año de gobierno de Felipe Calderón.
“El diagnóstico del gobierno federal sobre la capacidad de fuego de los cárteles de la droga reveló que en sus arsenales hay armas de nueva generación exclusivas del Ejército de Estados Unidos y fusiles especiales para francotiradores”, además de subametralladoras, pistolas de alto poder, cohetes antitanques, lanzacohetes, granadas y lanzagranadas.
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