En México se practican anualmente 600 mil interrupciones de embarazo, de las cuales 100 mil se realizan en condiciones de insalubridad y alto riesgo, aseguró la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Galeana.
Durante su ponencia presentada en la última audiencia pública que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Galeana consideró que “es un problema que representa una deuda de justicia social que el Estado tiene la obligación de atender”.
La consejera de la CDHDF planteó que “la penalización sólo afecta a quienes no tienen recursos, que de todas maneras lo practican en la clandestinidad, siendo la cuarta causa de mortalidad materna”.
En su calidad de presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias explicó que, “científicamente, antes de las 12 semanas de gestación no hay sistema nervioso ni actividad cerebral, por lo que la fuerza punitiva del Estado no se aplica en ese periodo. De acuerdo con la norma técnica de salud, un ser humano es viable hasta las 20 o 22 semanas”.
Hizo hincapié en que la maternidad es un derecho, no una obligación, por lo que consideró que la mujer tiene derecho a decidir cuándo quiere y puede ser madre; los hijos no deseados son hijos maltratados y la violencia familiar es un factor criminógeno determinante.
Citó que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. “La decisión de la interrupción corresponde a la mujer, que no está supeditada al hombre: esto sería discriminatorio y violatorio del principio de igualdad que establece nuestra Carta Magna”.
Planteó que “a lo largo de la historia la interrupción del embarazo fue considerada asunto exclusivo de las mujeres en diversas culturas y periodos. En todos los tiempos las mujeres han practicado el aborto, con o sin consentimiento legal, médico o religioso”.
Durante su ponencia presentada en la última audiencia pública que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Galeana consideró que “es un problema que representa una deuda de justicia social que el Estado tiene la obligación de atender”.
La consejera de la CDHDF planteó que “la penalización sólo afecta a quienes no tienen recursos, que de todas maneras lo practican en la clandestinidad, siendo la cuarta causa de mortalidad materna”.
En su calidad de presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias explicó que, “científicamente, antes de las 12 semanas de gestación no hay sistema nervioso ni actividad cerebral, por lo que la fuerza punitiva del Estado no se aplica en ese periodo. De acuerdo con la norma técnica de salud, un ser humano es viable hasta las 20 o 22 semanas”.
Hizo hincapié en que la maternidad es un derecho, no una obligación, por lo que consideró que la mujer tiene derecho a decidir cuándo quiere y puede ser madre; los hijos no deseados son hijos maltratados y la violencia familiar es un factor criminógeno determinante.
Citó que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. “La decisión de la interrupción corresponde a la mujer, que no está supeditada al hombre: esto sería discriminatorio y violatorio del principio de igualdad que establece nuestra Carta Magna”.
Planteó que “a lo largo de la historia la interrupción del embarazo fue considerada asunto exclusivo de las mujeres en diversas culturas y periodos. En todos los tiempos las mujeres han practicado el aborto, con o sin consentimiento legal, médico o religioso”.
Valeria Berumen, Milenio, 30 de junio.
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