San Salvador, 27 de junio. Los presidentes centroamericanos finalizaron hoy en esta capital una cumbre en la que pidieron a la Unión Europea (UE) un trato migratorio “diferenciado” para sus ciudadanos.
En una “declaración especial” emitida al final de la trigesima segunda cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, manifestaron “profunda preocupación ante la reciente adopción (por parte de la UE) de la directiva relativa al retorno de los nacionales de terceros países, por las implicaciones violatorias que dicha decisión tendría para los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Ante la severa norma, los gobernantes han instruido a sus negociadores del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica “procurar un trato humano y diferenciado para los migrantes centroamericanos”.
Los presidentes reiteraron su preocupación por la situación de los migrantes centroamericanos en el extranjero, particularmente en cuanto al respeto a sus derechos, por lo que crearon una alianza regional para la protección del migrante de la región.
La declaración destaca también la suscripción del acuerdo de creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, con el propósito de contribuir a la “seguridad internacional”.
En el cónclave de este viernes participaron los presidentes Alvaro Colom (Guatemala), Elías Antonio Saca (El Salvador), Manuel Zelaya (Honduras), Oscar Arias (Costa Rica) y el primer ministro de Belice, Dean Barrow.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, delegó su representación en el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, en tanto que el mandatario de Panamá, Martín Torrijos, envió al vicepresidente y canciller Samuel Lewis Navarro y el de República Dominicana, Leonel Fernández, a su canciller Carlos Morales Troncoso.
De otro lado, el embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, Jorge Skinner-Klee, aseguró este viernes que la Directiva de Retorno, establecida recientemente por el Parlamento Europeo, viola los derechos humanos de los inmigrantes porque los criminaliza.
Lo más criticable es la “violación a los derechos humanos de los inmigrantes. Por ejemplo, la medida establece que si se detiene a un indocumentado, éste permanecerá encerrado durante 18 meses, sin acceso a ningún proceso judicial y sin que nadie pueda hacer nada por él”.
Otro ejemplo “que deja mucho qué decir es que pueden disolver a una familia, enviando a los menores a otros lugares y arrestando a los padres. Esto es una violación al derecho de la familia”, insistió el embajador en entrevista con el diario local Prensa Libre.
En una “declaración especial” emitida al final de la trigesima segunda cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, manifestaron “profunda preocupación ante la reciente adopción (por parte de la UE) de la directiva relativa al retorno de los nacionales de terceros países, por las implicaciones violatorias que dicha decisión tendría para los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Ante la severa norma, los gobernantes han instruido a sus negociadores del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica “procurar un trato humano y diferenciado para los migrantes centroamericanos”.
Los presidentes reiteraron su preocupación por la situación de los migrantes centroamericanos en el extranjero, particularmente en cuanto al respeto a sus derechos, por lo que crearon una alianza regional para la protección del migrante de la región.
La declaración destaca también la suscripción del acuerdo de creación de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, con el propósito de contribuir a la “seguridad internacional”.
En el cónclave de este viernes participaron los presidentes Alvaro Colom (Guatemala), Elías Antonio Saca (El Salvador), Manuel Zelaya (Honduras), Oscar Arias (Costa Rica) y el primer ministro de Belice, Dean Barrow.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, delegó su representación en el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, en tanto que el mandatario de Panamá, Martín Torrijos, envió al vicepresidente y canciller Samuel Lewis Navarro y el de República Dominicana, Leonel Fernández, a su canciller Carlos Morales Troncoso.
De otro lado, el embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, Jorge Skinner-Klee, aseguró este viernes que la Directiva de Retorno, establecida recientemente por el Parlamento Europeo, viola los derechos humanos de los inmigrantes porque los criminaliza.
Lo más criticable es la “violación a los derechos humanos de los inmigrantes. Por ejemplo, la medida establece que si se detiene a un indocumentado, éste permanecerá encerrado durante 18 meses, sin acceso a ningún proceso judicial y sin que nadie pueda hacer nada por él”.
Otro ejemplo “que deja mucho qué decir es que pueden disolver a una familia, enviando a los menores a otros lugares y arrestando a los padres. Esto es una violación al derecho de la familia”, insistió el embajador en entrevista con el diario local Prensa Libre.
AFP, La Jornada, 28 de junio.
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