El gobierno mexicano aceptó los términos en que fue aprobada la Iniciativa Mérida (por parte del Senado de Estados Unidos), al considerar que son “respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países”.
En un mensaje conjunto, los titulares de las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, respectivamente, señalaron que México y Estados Unidos realizarán “consultas” para definir los procesos para la transferencia del “apoyo en especie” (equipos, tecnologías y programas de entrenamiento), con base en una partida de 400 millones de dólares para el combate al narcotráfico.
Los funcionarios mexicanos subrayaron que no habrá militares estadunidenses impartiendo la capacitación aquí y que cualquier asunto relacionado con este punto deberá sujetarse a las leyes mexicanas.
“México no aceptará la presencia de militares norteamericanos en territorio nacional, en operativos que tengan que ver con esta iniciativa”, declaró Espinosa Cantellano.
Una parte de los recursos estará sujeto a la presentación de un reporte acerca de la situación de los derechos humanos. Sobre este punto, la canciller aseguró que México “no enviará un informe propiamente” (de la situación de los derechos humanos) sino “un informe que debe dar fe de que en México existen los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la promoción y protección” de las garantías básicas.
En tanto, Mouriño confió en que no exista oposición de los legisladores mexicanos de acuerdo con las recientes declaraciones que han emitido al respecto diputados y senadores.
También se mostró satisfecho por las acciones de Washington para atajar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, con programas concretos como el GunRunner que, aseguró, han hecho posible el desmantelamiento de bandas que las adquirían en el vecino país para ser utilizadas por el crimen organizado.
“¿Estamos totalmente satisfechos con lo que se está haciendo? Aún no, pero sí estamos satisfechos de haber logrado concientizar al gobierno estadunidense sobre el nivel de este problema”, dijo. Comentó también que se ha ampliado el intercambio de información bilateral en materia de procuración de justicia.
Reiteró que es un logro que el gobierno estadunidense reconoce “por fin” que el problema (del narcotráfico) es común, bilateral y, por tanto, tiene una responsabilidad en esta lucha: “eso me parece, en el fondo, lo más relevante”, dijo en la conferencia de prensa conjunta.
El texto aprobado en Washington –surgido de negociaciones bilaterales desde octubre del año pasado– eliminó dos condiciones que México había calificado como inaceptables, en particular juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos.
Con la partida de 400 millones de dólares, el gobierno estadunidense transferirá equipos de inspección no intrusiva como rayos X y rayos Gamma, aeronaves para el transporte de personal y vigilancia, incluido su mantenimiento.
Además, equipo informático y diversas tecnologías aplicadas al procesamiento de datos, la interconexión de equipos, telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación, y perros adiestrados para detección de sustancias ilícitas.
El secretario Mouriño dijo que la aprobación de recursos es un “testimonio de la madurez que ha alcanzado el diálogo entre México y Estados Unidos y de la confianza mutua”.
No bastan las buenas intenciones, advierte Green
En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green, expresó que ojalá las buenas intenciones, contenidas en la Iniciativa Mérida, se conviertan en hechos concretos por parte de ambos gobiernos a fin de rescatar el espíritu de cooperación mutua que debe existir en una relación tan compleja como la de México y Estados Unidos.
Por separado, el senador perredista Silvano Aureoles, consideró que el gobierno de Felipe Calderón no debe “echar a vuelo las campanas” por la aprobación del plan, ya que pese a los cambios de redacción, sigue siendo el mismo esquema de asistencia unilateral, en lugar de un verdadero plan de cooperación para combatir un problema que atañe a las dos naciones y se genera por el fuerte consumo de drogas en el vecino país.
Bajas en la lucha contra el narco: Gobernación
El homicidio de Igor Labastida Calderón, comandante de la Policía Federal Preventiva “es –como lo habíamos advertido– parte de la lucha que está librando el Estado mexicano contra la delincuencia organizada y la manera de responder de ésta”, declaró ayer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El funcionario lamentó el hecho y dijo que ya están siendo investigados “datos concretos sobre la posibles causas que llevaron a la ejecución de este alto mando. Se irá informando conforme puedan irse verificando”, dijo.
En un mensaje conjunto, los titulares de las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, respectivamente, señalaron que México y Estados Unidos realizarán “consultas” para definir los procesos para la transferencia del “apoyo en especie” (equipos, tecnologías y programas de entrenamiento), con base en una partida de 400 millones de dólares para el combate al narcotráfico.
Los funcionarios mexicanos subrayaron que no habrá militares estadunidenses impartiendo la capacitación aquí y que cualquier asunto relacionado con este punto deberá sujetarse a las leyes mexicanas.
“México no aceptará la presencia de militares norteamericanos en territorio nacional, en operativos que tengan que ver con esta iniciativa”, declaró Espinosa Cantellano.
Una parte de los recursos estará sujeto a la presentación de un reporte acerca de la situación de los derechos humanos. Sobre este punto, la canciller aseguró que México “no enviará un informe propiamente” (de la situación de los derechos humanos) sino “un informe que debe dar fe de que en México existen los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la promoción y protección” de las garantías básicas.
En tanto, Mouriño confió en que no exista oposición de los legisladores mexicanos de acuerdo con las recientes declaraciones que han emitido al respecto diputados y senadores.
También se mostró satisfecho por las acciones de Washington para atajar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, con programas concretos como el GunRunner que, aseguró, han hecho posible el desmantelamiento de bandas que las adquirían en el vecino país para ser utilizadas por el crimen organizado.
“¿Estamos totalmente satisfechos con lo que se está haciendo? Aún no, pero sí estamos satisfechos de haber logrado concientizar al gobierno estadunidense sobre el nivel de este problema”, dijo. Comentó también que se ha ampliado el intercambio de información bilateral en materia de procuración de justicia.
Reiteró que es un logro que el gobierno estadunidense reconoce “por fin” que el problema (del narcotráfico) es común, bilateral y, por tanto, tiene una responsabilidad en esta lucha: “eso me parece, en el fondo, lo más relevante”, dijo en la conferencia de prensa conjunta.
El texto aprobado en Washington –surgido de negociaciones bilaterales desde octubre del año pasado– eliminó dos condiciones que México había calificado como inaceptables, en particular juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos.
Con la partida de 400 millones de dólares, el gobierno estadunidense transferirá equipos de inspección no intrusiva como rayos X y rayos Gamma, aeronaves para el transporte de personal y vigilancia, incluido su mantenimiento.
Además, equipo informático y diversas tecnologías aplicadas al procesamiento de datos, la interconexión de equipos, telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación, y perros adiestrados para detección de sustancias ilícitas.
El secretario Mouriño dijo que la aprobación de recursos es un “testimonio de la madurez que ha alcanzado el diálogo entre México y Estados Unidos y de la confianza mutua”.
No bastan las buenas intenciones, advierte Green
En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green, expresó que ojalá las buenas intenciones, contenidas en la Iniciativa Mérida, se conviertan en hechos concretos por parte de ambos gobiernos a fin de rescatar el espíritu de cooperación mutua que debe existir en una relación tan compleja como la de México y Estados Unidos.
Por separado, el senador perredista Silvano Aureoles, consideró que el gobierno de Felipe Calderón no debe “echar a vuelo las campanas” por la aprobación del plan, ya que pese a los cambios de redacción, sigue siendo el mismo esquema de asistencia unilateral, en lugar de un verdadero plan de cooperación para combatir un problema que atañe a las dos naciones y se genera por el fuerte consumo de drogas en el vecino país.
Bajas en la lucha contra el narco: Gobernación
El homicidio de Igor Labastida Calderón, comandante de la Policía Federal Preventiva “es –como lo habíamos advertido– parte de la lucha que está librando el Estado mexicano contra la delincuencia organizada y la manera de responder de ésta”, declaró ayer el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El funcionario lamentó el hecho y dijo que ya están siendo investigados “datos concretos sobre la posibles causas que llevaron a la ejecución de este alto mando. Se irá informando conforme puedan irse verificando”, dijo.
Fabiola Martínez, La Jornada, 28 de junio.
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