La capital, de 2.2 millones de habitantes, absorbe 40.8% de los inmigrantes del resto del país que buscan mejores condiciones de vida, de acuerdo con cifras oficiales.
“El desarrollo local regularía en cierta medida los procesos migratorios”, aseguró al diario Juventud Rebelde Alfredo Jam, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía, al destacar que se trabaja para enfrentar el problema.
Ante la desmotivación por la falta de desarrollo productivo en sus regiones y un aumento en el nivel de educación que amplía el panorama de expectativas, muchos jóvenes abandonan sus sitios de residencia. “Es muy frecuente ir a un municipio agrícola y encontrar que no hay nadie que estudie para ser agricultor”, dijo Jam.
“No quieren ser ni ingenieros agrónomos, ni veterinarios (...) Pocos quieren los trabajos que hay: la agricultura, la construcción (...) Porque son sectores que no poseen altos niveles de mecanización ni de tecnología”, agregó.
A eso se suma que los capitalinos no quieren realizar algunos trabajos que son entonces cubiertos por quienes vienen del campo, como policías y constructores, según el informe.
“Si no protegiéramos tanto al que no trabaja, estoy seguro de que tendríamos gente para eso y resolveríamos esas cosas puntuales de otra manera. Hay que ir tomando medidas que garanticen que la gente viva de su trabajo. Premiar el trabajo, lo que significa no premiar el ‘no trabajo’, afirmó Jam.
Juan Carlos Alfonso, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, destacó que “la solución del problema pasa necesariamente por el desarrollo de las iniciativas locales” y “todavía las decisiones son muy centralizadas”.
Bajo el gobierno de Raúl Castro, que asumió como presidente en febrero pasado ante la enfermedad de su hermano Fidel, Cuba, de 11.2 millones de habitantes, emprendió reforma en la agricultura, que entre otras medidas, busca la descentralización.
El mayor éxodo hacia La Habana ocurrió en los años 1990 en la crisis económica en que cayó la isla tras la desintegración de la Unión Soviética. En 1997, las autoridades comenzaron a aplicar un decreto ley para controlar las migraciones.
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