La Cámara de Diputados prevé incluir recursos presupuestales suficientes en 2009 para instrumentar las reformas en materia de justicia penal y seguridad pública –decretadas de manera reciente–, con el fin de lograr revertir los altos niveles de impunidad y criminalidad en el país, aseguró la legisladora del Partido Acción Nacionl (PAN) Yadhira Tamayo Herrera.
“Con la promulgación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, México moderniza su marco normativo para perseguir y castigar a los criminales y abatir los altos índices de impunidad”, aseveró.
Destacó en un comunicado que lo principal es poner fin a la corrupción que paradójicamente ha prevalecido en los juzgados y terminar con las injusticias que se han enquistado en el sistema de justicia.
“Menos de 3 por ciento de todos los delitos que se cometen en el país llegan a ser resueltos y los culpables sentenciados”, subrayó Tamayo Herrera, y sostuvo que con la modificación se contará con un sistema de justicia penal acusatorio, el cual, se prevé, terminará de instrumentarse en los próximos 8 años.
La legisladora federal por Michoacán argumentó que se proyecta introducir juicios orales con procesos simplificados, en los que un juez dirigirá las audiencias y revisará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.
Asimismo, se otorgan facultades de investigación, que ahora son exclusivas de las fuerzas federales, a las policías estatales. Además, se delimita el procedimiento de arraigo.
“Cuando se trate de presuntos narcotraficantes, la autoridad tendrá 80 días, plazo máximo de detención, para armar el expediente correspondiente.”
La legisladora federal panista expuso que en el caso de los bienes del crimen organizado decomisados por las autoridades, se instaura la figura de “extinción de dominio” en favor del Estado y se crean centros especiales de reclusión para narcotraficantes.
“Con la promulgación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, México moderniza su marco normativo para perseguir y castigar a los criminales y abatir los altos índices de impunidad”, aseveró.
Destacó en un comunicado que lo principal es poner fin a la corrupción que paradójicamente ha prevalecido en los juzgados y terminar con las injusticias que se han enquistado en el sistema de justicia.
“Menos de 3 por ciento de todos los delitos que se cometen en el país llegan a ser resueltos y los culpables sentenciados”, subrayó Tamayo Herrera, y sostuvo que con la modificación se contará con un sistema de justicia penal acusatorio, el cual, se prevé, terminará de instrumentarse en los próximos 8 años.
La legisladora federal por Michoacán argumentó que se proyecta introducir juicios orales con procesos simplificados, en los que un juez dirigirá las audiencias y revisará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.
Asimismo, se otorgan facultades de investigación, que ahora son exclusivas de las fuerzas federales, a las policías estatales. Además, se delimita el procedimiento de arraigo.
“Cuando se trate de presuntos narcotraficantes, la autoridad tendrá 80 días, plazo máximo de detención, para armar el expediente correspondiente.”
La legisladora federal panista expuso que en el caso de los bienes del crimen organizado decomisados por las autoridades, se instaura la figura de “extinción de dominio” en favor del Estado y se crean centros especiales de reclusión para narcotraficantes.
La Jornada, 30 de junio.
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