El narcotráfico se convirtió en una amenaza interna que “pone en riesgo la viabilidad del país”, por lo que para frenar el poder que alcanzó en administraciones anteriores su combate constituye la más alta prioridad de las fuerzas armadas y deber ser una “cruzada”.
La prospectiva contenida en el análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el Combate al Narcotráfico indica que el fenómeno representa una “problemática de difícil solución en el corto plazo”, en la que es “previsible una simbiosis con grupos armados desafectos al gobierno”, el “incremento sustancial de los niveles de violencia”, “el aumento de las presiones internas y externas”, que “la población y autoridades constituirán objetivos selectivos de la delincuencia organizada” y la “apertura de nuevos frentes de combate” para las fuerzas armadas.
Asegura que el Ejército se retirará de la lucha contra el crimen organizado hasta que el fenómeno pueda ser controlado por las instituciones de seguridad pública del país.
Revela que el “encumbramiento de la delincuencia organizada”, “la corrupción policial generalizada”, el hecho de que las capacidades de los cuerpos de seguridad “hayan sido rebasadas”, así como “los altos niveles de violencia e impunidad” exigieron una mayor intervención del Ejército en la lucha contra los cárteles de la droga a partir de la administración del presidente Felipe Calderón.
Ante este panorama, en el que identifica graves amenazas a la seguridad interior, la Sedena afirma: “Las tropas se retirarán de la lucha contra la delincuencia organizada cuando la estrategia del Estado haya logrado que el fenómeno pueda ser controlado por las instituciones de seguridad pública”.
Incluso, destaca la necesidad de transformar el combate al narcotráfico en una “cruzada” que implica “rechazar categóricamente toda insinuación o petición de negociación” con los grupos criminales que operan en territorio nacional.
Por el contrario, la institución considera prioritario atacar al adversario de manera coordinada en todos sus frentes para estar atento a un signo de debilidad que permita “aniquilarlo”.
La Sedena señala que el narcotráfico “pone en riesgo la viabilidad del país”, pues se trata de “una amenaza interna, actual y violenta que afecta los campos político, económico, social y militar”.
El crimen organizado, agrega, es un fenómeno delictivo y socio-económico de enorme complejidad, por lo que su combate representa “la más alta prioridad para las fuerzas armadas”.
Durante el gobierno del presidente Calderón, la misión se ha centrado en acciones de erradicación de plantíos de droga, desarticulación de las organizaciones criminales e intercepción de cargamentos no sólo de enervantes sino de precursores químicos, armamento, municiones, explosivos y dinero en efectivo.
Para la institución es indispensable desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada a través de un combate frontal basado en cuatro aspectos fundamentales:
Causarle permanentemente el mayor número de bajas; crear divisionismo en sus estructuras; provocar confrontaciones internas e inducir su autodestrucción.
El diagnóstico en materia de combate al narcotráfico plantea como estrategia fundamental romper las alianzas entre los cárteles y asestar golpes que generen diferencias internas para provocar su confrontación.
Otro aspecto que el Ejército considera prioritario en la lucha antidrogas es la aplicación de labores de inteligencia para conocer el perfil de cada uno de los capos y determinar la mejor forma de neutralizarlos.
Sostiene que, al analizar la forma de pensar y actuar de los narcotraficantes, así como las señales o mensajes que emiten, es posible predecir sus acciones y explotar sus vulnerabilidades.
El hecho de intensificar el conocimiento de los cárteles permite determinar los cursos de acción más apropiados.
“Conociendo su naturaleza y sus vulnerabilidades se podrán determinar sus puntos débiles para provocarlos a actuar de manera inadecuada”, señala el documento.
La Sedena anticipa que una vez que se logre el debilitamiento de las estructuras financieras y patrimoniales del crimen organizado, de manera automática habrá una reducción de las confrontaciones armadas,, pues las organizaciones carecerán de recursos para financiar la actividad criminal.
“En el amplio concepto de la estrategia integral contra el narcotráfico del Estado mexicano, el instituto armado se encuentra materializando un esfuerzo secundario (aunque sea el más visible) para acotar y enfrentar la manifestación violenta del crimen organizado”.
El informe agrega que este ataque frontal sirve para localizarlo, fijarlo, intimidarlo y causarle el mayor número de bajas, en tanto se aplica la ofensiva principal sobre su “flanco más sensible que es el financiero patrimonial”.
La prospectiva contenida en el análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el Combate al Narcotráfico indica que el fenómeno representa una “problemática de difícil solución en el corto plazo”, en la que es “previsible una simbiosis con grupos armados desafectos al gobierno”, el “incremento sustancial de los niveles de violencia”, “el aumento de las presiones internas y externas”, que “la población y autoridades constituirán objetivos selectivos de la delincuencia organizada” y la “apertura de nuevos frentes de combate” para las fuerzas armadas.
Asegura que el Ejército se retirará de la lucha contra el crimen organizado hasta que el fenómeno pueda ser controlado por las instituciones de seguridad pública del país.
Revela que el “encumbramiento de la delincuencia organizada”, “la corrupción policial generalizada”, el hecho de que las capacidades de los cuerpos de seguridad “hayan sido rebasadas”, así como “los altos niveles de violencia e impunidad” exigieron una mayor intervención del Ejército en la lucha contra los cárteles de la droga a partir de la administración del presidente Felipe Calderón.
Ante este panorama, en el que identifica graves amenazas a la seguridad interior, la Sedena afirma: “Las tropas se retirarán de la lucha contra la delincuencia organizada cuando la estrategia del Estado haya logrado que el fenómeno pueda ser controlado por las instituciones de seguridad pública”.
Incluso, destaca la necesidad de transformar el combate al narcotráfico en una “cruzada” que implica “rechazar categóricamente toda insinuación o petición de negociación” con los grupos criminales que operan en territorio nacional.
Por el contrario, la institución considera prioritario atacar al adversario de manera coordinada en todos sus frentes para estar atento a un signo de debilidad que permita “aniquilarlo”.
La Sedena señala que el narcotráfico “pone en riesgo la viabilidad del país”, pues se trata de “una amenaza interna, actual y violenta que afecta los campos político, económico, social y militar”.
El crimen organizado, agrega, es un fenómeno delictivo y socio-económico de enorme complejidad, por lo que su combate representa “la más alta prioridad para las fuerzas armadas”.
Durante el gobierno del presidente Calderón, la misión se ha centrado en acciones de erradicación de plantíos de droga, desarticulación de las organizaciones criminales e intercepción de cargamentos no sólo de enervantes sino de precursores químicos, armamento, municiones, explosivos y dinero en efectivo.
Para la institución es indispensable desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada a través de un combate frontal basado en cuatro aspectos fundamentales:
Causarle permanentemente el mayor número de bajas; crear divisionismo en sus estructuras; provocar confrontaciones internas e inducir su autodestrucción.
El diagnóstico en materia de combate al narcotráfico plantea como estrategia fundamental romper las alianzas entre los cárteles y asestar golpes que generen diferencias internas para provocar su confrontación.
Otro aspecto que el Ejército considera prioritario en la lucha antidrogas es la aplicación de labores de inteligencia para conocer el perfil de cada uno de los capos y determinar la mejor forma de neutralizarlos.
Sostiene que, al analizar la forma de pensar y actuar de los narcotraficantes, así como las señales o mensajes que emiten, es posible predecir sus acciones y explotar sus vulnerabilidades.
El hecho de intensificar el conocimiento de los cárteles permite determinar los cursos de acción más apropiados.
“Conociendo su naturaleza y sus vulnerabilidades se podrán determinar sus puntos débiles para provocarlos a actuar de manera inadecuada”, señala el documento.
La Sedena anticipa que una vez que se logre el debilitamiento de las estructuras financieras y patrimoniales del crimen organizado, de manera automática habrá una reducción de las confrontaciones armadas,, pues las organizaciones carecerán de recursos para financiar la actividad criminal.
“En el amplio concepto de la estrategia integral contra el narcotráfico del Estado mexicano, el instituto armado se encuentra materializando un esfuerzo secundario (aunque sea el más visible) para acotar y enfrentar la manifestación violenta del crimen organizado”.
El informe agrega que este ataque frontal sirve para localizarlo, fijarlo, intimidarlo y causarle el mayor número de bajas, en tanto se aplica la ofensiva principal sobre su “flanco más sensible que es el financiero patrimonial”.
Ignacio Alzaga, Milenio, 28 de noviembre.
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