"La UE está preocupada por el empeoramiento de la situación en materia de seguridad y el aumento de la violencia en México", establece el reporte firmado por el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Javier Solana; la Comisaria Europea de Exteriores, Benita Ferrero, y el Ministro francés de Exteriores y presidente de turno de la presidencia semestral europea, Bernard Kouchner.
El informe sobre derechos humanos 2008 refleja las principales preocupaciones de la UE a nivel planetario y enumera las acciones realizadas por las autoridades comunitarias entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
Sobre México, el informe sostiene que la UE continúa examinando el tema de los derechos humanos y la seguridad, poniendo especial atención en los feminicidios.
"La Comisión sigue apoyando los proyectos y las acciones destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos en México, en particular, a nivel de Estado y local", indica el texto.
De acuerdo con la oficina de cooperación europea EuropeAid, en 2007 finalizaron en México nueve proyectos de cooperación sobre democracia y derechos humanos, y para este 2008 está prevista la conclusión de otros cuatro.
Entre los programas patrocinados por la UE destacan, entre otros, el diseñado para promover la solución de conflictos comunitarios en la mixteca oaxaqueña, y el apoyo a la defensa de los derechos indígenas de los pueblos tzotziles de Chiapas, cada uno financiado con 90 mil euros durante el periodo 2006-2008.
Activistas consideran que las críticas deberían ser mucho más enérgicas y el compromiso de Bruselas con los derechos humanos debería reflejarse en la adopción de un mecanismo que permita la implementación de la llamada cláusula democrática.
"La UE lejos está de cumplir con sus obligaciones en México en materia de derechos humanos, una obligación que no es simplemente moral, sino está institucionalizada en el Acuerdo Global con la introducción de una cláusula democrática", dijo Rupert Knox, experto para México de Amnistía Internacional.
Esta visión es compartida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Fundación Heinrich Böll, quienes coinciden que el compromiso de la UE no debe limitarse a financiar microproyectos.
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