El Gobierno del Presidente Felipe Calderón está dispuesto a reconocer ante las Naciones Unidas que México es un País con un ejército en las calles, que ha recibido recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y que tiene pendiente la actualización de su marco legal para cumplir con compromisos internacionales.
Así lo revela el informe que México entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2009.
De acuerdo con el documento, que fue presentado ayer ante senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado es sólo temporal.
Sin embargo, no se menciona un plazo para que los militares regresen a sus cuarteles y sean reemplazados por efectivos de corporaciones civiles.
"Ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública vinculada con el combate al crimen organizado", señala.
En el informe se hace referencia a las seis recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a la Secretaría de la Defensa Nacional durante 2007 y a las nueve que suma entre enero y julio de este año.
"Relativas a violaciones de derechos humanos derivadas de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Todas han sido aceptadas en su totalidad por la Sedena dando estrecho seguimiento a su cumplimiento.
"Entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, la CNDH recibió 634 quejas contra efectivos militares", dice el anexo.
En el documento, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se reconoce que México tiene entre sus pendientes la implementación de la última reforma en materia de justicia y garantizar el derecho a la seguridad de sus ciudadanos.
En un recuento de la reunión entre senadores y funcionarios de la Cancillería, la Cámara alta aseguró que el diagnóstico presentado por el Gobierno federal señala a la impunidad como la fuente central de las violaciones en materia de derechos humanos.
En el documento formal, de un total de 29 cuartillas, la administración califica de "urgente" la necesidad de realizar una depuración del sistema de justicia en todas sus esferas, que van desde la prevención, la procuración y la administración de justicia, hasta la rehabilitación y reinserción social de los convictos.
Aunque no hace referencia a los escándalos registrados por la infiltración del narcotráfico en diversas instituciones, México tiene el reto de depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, ante el desafío que representa la corrupción.
Por otro lado, se expone el estado crítico en el que se encuentra el sistema penitenciario como consecuencia de la sobrepoblación, la corrupción, la falta de recursos y hasta personal capacitado.
El informe da cuenta de las fallas presupuestales que persisten para hacer realidad la reparación del daño a las víctimas de los delitos y los pendientes en materia de homologación de leyes para frenar y sancionar la tortura.
El documento dedica varios párrafos para describir la problemática de las agresiones y homicidios contra periodistas.
Así lo revela el informe que México entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2009.
De acuerdo con el documento, que fue presentado ayer ante senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado es sólo temporal.
Sin embargo, no se menciona un plazo para que los militares regresen a sus cuarteles y sean reemplazados por efectivos de corporaciones civiles.
"Ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública vinculada con el combate al crimen organizado", señala.
En el informe se hace referencia a las seis recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a la Secretaría de la Defensa Nacional durante 2007 y a las nueve que suma entre enero y julio de este año.
"Relativas a violaciones de derechos humanos derivadas de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Todas han sido aceptadas en su totalidad por la Sedena dando estrecho seguimiento a su cumplimiento.
"Entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, la CNDH recibió 634 quejas contra efectivos militares", dice el anexo.
En el documento, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se reconoce que México tiene entre sus pendientes la implementación de la última reforma en materia de justicia y garantizar el derecho a la seguridad de sus ciudadanos.
En un recuento de la reunión entre senadores y funcionarios de la Cancillería, la Cámara alta aseguró que el diagnóstico presentado por el Gobierno federal señala a la impunidad como la fuente central de las violaciones en materia de derechos humanos.
En el documento formal, de un total de 29 cuartillas, la administración califica de "urgente" la necesidad de realizar una depuración del sistema de justicia en todas sus esferas, que van desde la prevención, la procuración y la administración de justicia, hasta la rehabilitación y reinserción social de los convictos.
Aunque no hace referencia a los escándalos registrados por la infiltración del narcotráfico en diversas instituciones, México tiene el reto de depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, ante el desafío que representa la corrupción.
Por otro lado, se expone el estado crítico en el que se encuentra el sistema penitenciario como consecuencia de la sobrepoblación, la corrupción, la falta de recursos y hasta personal capacitado.
El informe da cuenta de las fallas presupuestales que persisten para hacer realidad la reparación del daño a las víctimas de los delitos y los pendientes en materia de homologación de leyes para frenar y sancionar la tortura.
El documento dedica varios párrafos para describir la problemática de las agresiones y homicidios contra periodistas.
Claudia Guerrero, Reforma, 27 de noviembre.
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