Las negociaciones en torno al paquete de reformas en materia de seguridad pública y justicia que Felipe Calderón envió al Senado se han complicado, ya que el Partido Acción Nacional (PAN) pretendía acelerar su aprobación, pero los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) consideran que contienen disposiciones que violan derechos humanos, y esquemas de excepción que pueden dar paso a la formación de un Estado policiaco.
El próximo martes están citadas las comisiones dictaminadoras para discutir la ley sobre extinción de dominio, una de las más cuestionadas, ya que a juicio tanto de priístas como de perredistas requiere modificaciones de fondo, porque vulnera garantías fundamentales de los mexicanos.
El grupo parlamentario del PRI afirma que le preocupa la pretensión de que se revise de manera aislada cada una de las iniciativas, lo que fracciona aún más el trabajo legislativo, ya que el titular del Ejecutivo envió unas propuestas al Senado y otras a la Cámara de Diputados. “Nosotros queremos tener una visión de conjunto”, comentó el senador Pedro Joaquín Coldwell.
Por separado, el perredista Ricardo Monreal advirtió que la intención de Calderón es que se discutan de manera aislada las seis iniciativas con el fin de evitar que un análisis de conjunto deje ver la intención de crear un Estado policiaco.
Recordó que la legislación que ahora se discute en el Congreso se desprende de la controvertida reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública aprobada en la pasada legislatura, con el voto en contra del sol azteca.
Explicó que no aprobaron el arraigo, la extinción de dominio, la incomunicación de presos en los centros de reclusión y otras medidas, ya que violentan garantías individuales.
Son temas, recalcó, que se discuten nuevamente, ahora en la legislación secundaria.
Una de las preocupaciones, abundó, es que se generen leyes de excepción, que supuestamente sólo se aplicarán a narcotraficantes, secuestradores y en general a la delincuencia organizada, pero con el riesgo de que terminen generalizándose a todos los ciudadanos, como ha ocurrido en Colombia.
En la sesión del jueves los priístas fijaron con claridad su postura y advirtieron en voz de Jesús Murillo Karam que no están dispuestos a analizar “partes de un todo, que no sabemos adónde va”, por lo que se decidió que la Junta de Coordinación Política, que preside Manlio Fabio Beltrones, presente una propuesta esta semana en torno a la forma de dictaminar el paquete de leyes de justicia penal de Calderón.
En entrevista, el senador Pedro Joaquín Coldwell aclaró que no existe pretensión alguna de retrasar el proceso legislativo encaminado a otorgar a las autoridades mejores instrumentos para combatir la inseguridad y la violencia, pero advirtió que es necesario cuidar que no se lesionen las garantías constitucionales de los ciudadanos.
La ley sobre extinción de dominio, añadió, requiere un análisis cuidadoso, ya que incluso tiene visos de inconstitucionalidad y vulnera derechos de “terceros de buena fe”, y en los hechos es una excepción de garantías.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo en esa materia deberá analizarse conjuntamente con otras iniciativas, entre ellas la del senador del PRD Tomás Torres, que en varios aspectos es mejor que la de Calderón.
Esa iniciativa, que es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 constitucional, propone que se decrete la extinción de dominio de un bien –y éste pase a poder del Estado– aun cuando el acusado no haya sido declarado culpable mediante sentencia firme.
Uno de los artículos más cuestionados es el 10, donde se establece que un particular dejará de tener dominio sobre un bien que haya sido utilizado por terceros para cometer delitos o que sea producto de los mismos “si el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo”.
Priístas y perredistas coinciden en que tal disposición atropella los derechos de terceros que hayan actuado de buena fe.
Otra de las propuestas del Ejecutivo que no tienen consenso es la que reforma el Código Penal para instaurar la cadena perpetua a secuestradores y, por lo que se refiera a la ley para combatir el narcomenudeo, los senadores del PRD tienen serias objeciones, ya que, de hecho, a través de esa legislación el gobierno “pretende penalizar” el consumo de drogas.
El próximo martes están citadas las comisiones dictaminadoras para discutir la ley sobre extinción de dominio, una de las más cuestionadas, ya que a juicio tanto de priístas como de perredistas requiere modificaciones de fondo, porque vulnera garantías fundamentales de los mexicanos.
El grupo parlamentario del PRI afirma que le preocupa la pretensión de que se revise de manera aislada cada una de las iniciativas, lo que fracciona aún más el trabajo legislativo, ya que el titular del Ejecutivo envió unas propuestas al Senado y otras a la Cámara de Diputados. “Nosotros queremos tener una visión de conjunto”, comentó el senador Pedro Joaquín Coldwell.
Por separado, el perredista Ricardo Monreal advirtió que la intención de Calderón es que se discutan de manera aislada las seis iniciativas con el fin de evitar que un análisis de conjunto deje ver la intención de crear un Estado policiaco.
Recordó que la legislación que ahora se discute en el Congreso se desprende de la controvertida reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública aprobada en la pasada legislatura, con el voto en contra del sol azteca.
Explicó que no aprobaron el arraigo, la extinción de dominio, la incomunicación de presos en los centros de reclusión y otras medidas, ya que violentan garantías individuales.
Son temas, recalcó, que se discuten nuevamente, ahora en la legislación secundaria.
Una de las preocupaciones, abundó, es que se generen leyes de excepción, que supuestamente sólo se aplicarán a narcotraficantes, secuestradores y en general a la delincuencia organizada, pero con el riesgo de que terminen generalizándose a todos los ciudadanos, como ha ocurrido en Colombia.
En la sesión del jueves los priístas fijaron con claridad su postura y advirtieron en voz de Jesús Murillo Karam que no están dispuestos a analizar “partes de un todo, que no sabemos adónde va”, por lo que se decidió que la Junta de Coordinación Política, que preside Manlio Fabio Beltrones, presente una propuesta esta semana en torno a la forma de dictaminar el paquete de leyes de justicia penal de Calderón.
En entrevista, el senador Pedro Joaquín Coldwell aclaró que no existe pretensión alguna de retrasar el proceso legislativo encaminado a otorgar a las autoridades mejores instrumentos para combatir la inseguridad y la violencia, pero advirtió que es necesario cuidar que no se lesionen las garantías constitucionales de los ciudadanos.
La ley sobre extinción de dominio, añadió, requiere un análisis cuidadoso, ya que incluso tiene visos de inconstitucionalidad y vulnera derechos de “terceros de buena fe”, y en los hechos es una excepción de garantías.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo en esa materia deberá analizarse conjuntamente con otras iniciativas, entre ellas la del senador del PRD Tomás Torres, que en varios aspectos es mejor que la de Calderón.
Esa iniciativa, que es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 constitucional, propone que se decrete la extinción de dominio de un bien –y éste pase a poder del Estado– aun cuando el acusado no haya sido declarado culpable mediante sentencia firme.
Uno de los artículos más cuestionados es el 10, donde se establece que un particular dejará de tener dominio sobre un bien que haya sido utilizado por terceros para cometer delitos o que sea producto de los mismos “si el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo”.
Priístas y perredistas coinciden en que tal disposición atropella los derechos de terceros que hayan actuado de buena fe.
Otra de las propuestas del Ejecutivo que no tienen consenso es la que reforma el Código Penal para instaurar la cadena perpetua a secuestradores y, por lo que se refiera a la ley para combatir el narcomenudeo, los senadores del PRD tienen serias objeciones, ya que, de hecho, a través de esa legislación el gobierno “pretende penalizar” el consumo de drogas.
Andrea Becerril, La Jornada, 2 de noviembre.
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