Por unanimidad, los 33 ombudsman del país manifestaron ayer “su absoluto rechazo e indignación” al discurso que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pronunció el pasado viernes, en el que hizo un llamado a las comisiones de derechos humanos a no ser “tontos útiles de la delincuencia”.
Los presidentes de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos le exigieron a Gómez Mont respetar el trabajo que realizan los organismos públicos de defensa de las garantías.
El pronunciamiento, a nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, lo signan los 32 titulares de las comisiones estatales y el presidente de la nacional, y en él subrayan:
“En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en defensa de los derechos humanos.”
Sostienen que en las instituciones del Estado “no debe existir polémica sobre el tema de los derechos humanos, porque éstos son universales e indisolubles. El discurso debe ser único, firme, claro y contundente; de lo contrario, se corre el riesgo de confundir y generar malinterpretaciones en los servidores públicos que tienen el contacto directo con la población”.
El secretario de Gobernación. “al desacreditarnos, pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático”, que, como él mismo lo dijo, ‘tiene que partir del respeto a los derechos fundamentales, que son la base de la legitimación política e histórica del Estado’”, señalan.
Los presidentes de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos le exigieron a Gómez Mont respetar el trabajo que realizan los organismos públicos de defensa de las garantías.
El pronunciamiento, a nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, lo signan los 32 titulares de las comisiones estatales y el presidente de la nacional, y en él subrayan:
“En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en defensa de los derechos humanos.”
Sostienen que en las instituciones del Estado “no debe existir polémica sobre el tema de los derechos humanos, porque éstos son universales e indisolubles. El discurso debe ser único, firme, claro y contundente; de lo contrario, se corre el riesgo de confundir y generar malinterpretaciones en los servidores públicos que tienen el contacto directo con la población”.
El secretario de Gobernación. “al desacreditarnos, pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático”, que, como él mismo lo dijo, ‘tiene que partir del respeto a los derechos fundamentales, que son la base de la legitimación política e histórica del Estado’”, señalan.
Víctor Ballinas, La Jornada, 29 de junio.
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