La situación de los derechos humanos, la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial se han debilitado en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, según la organización Human Rights Watch (HRW), que califica este panorama de “precario” en su informe anual 2011, en el que también acusa a Cuba de seguir siendo el único país latinoamericano que reprime todo disenso.
En el capítulo americano de su informe mundial sobre derechos humanos divulgado en El Cairo, HRW asegura que los poderes obtenidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pueden lesionar la libertad de expresión y la independencia judicial.
“Los cubanos que critican al gobierno son objeto de cargos criminales. No acceden a las garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa o audiencias públicas e imparciales en un tribunal competente, independiente e imparcial”, precisa HRW.
“En 2011 el gobierno (del presidente Raúl Castro) siguió imponiendo la conformidad política mediante arrestos breves, golpizas, actos de repudio público, exilio forzado y restricciones a los viajes”, añade.
El documento afirma además que en Venezuela la situación de los derechos humanos es “precaria”.
“El debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos”.
“El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos”.
La organización dice que los legisladores chavistas “aprobaron diversas leyes que aumentaron la capacidad del gobierno de restringir derechos”.
Sobre Ecuador, HRW manifestó su inquietud por el futuro de la libertad de expresión y el poder judicial.
“En un referéndum realizado en mayo de 2011, el presidente Rafael Correa obtuvo un mandato popular para reformas constitucionales que podrían aumentar significativamente el poder del gobierno para controlar los medios de comunicación e influir en la designación y destitución de jueces”, dice el informe.
La organización también urgió a apoyar a los protagonistas de la primavera árabe, una movilización popular contra regímenes autoritarios, que a un año de los estallidos aún tienen la anuencia de las potencias occidentales y otros países. “Muchas de las principales democracias del mundo (...) siguen manteniendo una alianza reticente con los manifestantes, debido a la preocupación que supondría poner estos países de importancia fundamental en manos de sus ciudadanos”, estimó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
“La primavera árabe demostró que muchas personas en la región ya no estaban dispuestas a someterse pasivamente a gobernantes que sólo buscaban su beneficio propio, y comenzaron a insistir en convertirse en ciudadanos de pleno derecho en sus países”, afirmó Roth.
“La respuesta a la primavera árabe de algunos gobiernos democráticos de países meridionales como Brasil, India y Sudáfrica, ha sido más decepcionante”, afirma.
Para Roth, “a pesar de haber logrado gobiernos responsables y el imperio de la ley en sus países, estas democracias sólo mostraron un interés esporádico en ayudar a la población del mundo árabe, que estaba luchando por lograr el mismo objetivo”.
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