Denuncian ante la Fepade desvío de $1,350 millones en favor de Kiko Vega

Diputados locales del PRI y del Partido Nueva Alianza (Panal) en Baja California denunciaron ayer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al gobierno estatal por instrumentar un operativo en favor del candidato a gobernador, el panista Francisco Kiko Vega, que, según sus estimaciones, implica un desvío de recursos por mil 350 millones de pesos.
Por separado, a seis días de que se realice proceso electoral en 14 entidades, el líder nacional del PRI, César Camacho, informó que su partido interpuso 110 denuncias en Puebla, Baja California, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, donde tiene documentadas anomalías.
En forma particular citó el caso de Baja California, única entidad donde está en juego el gobierno del estado, además de los ayuntamientos y Congresos locales, como en el resto de las elecciones.
En confernecia de prensa, Gregorio Carranza Hernández, presidente del Congreso de Baja California y diputado del Panal, señaló al gobernador del estado, el panista José Guadalupe Osuna Millán, como el principal responsable de la llamada operación Baja Azul.
Indicó que Osuna ordenó en diciembre de 2011 la creación de una estructura territorial desde la secretaría general de Gobierno, la cual analizó las secciones más rentables para el PAN. Para ello instruyó al gabinete legal y a los delegados federales a nombrar enlaces institucionales mientras la secretaría general de Gobierno designa a los coordinadores municipales y distritales.
Después aplicaron una encuesta inductiva “disfrazada” de institucional, pero que demuestra su tendencia electoral con la última pregunta: ¿volvería usted a dar su confianza al actual gobierno del estado?
La estructura del gobernador, según este diputado, se conforma, entre otros, por el gobernador, cuya clave es almirante; el coordinador estatal de la estrategia es el secretario general de gobierno, Francisco García Burgos.
Posteriormente contrataron brigadistas del programa de Empleo temporal por un monto de 36 millones de pesos para movilizar a 400 mil votantes el 7 de julio.
El PAN desestima acusacionesEn respuesta, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, desestimó estos señalamientos y señaló que si la mayoría de diputados locales apoyaban esta denuncia es porque el Congreso estatal está controlado por el PRI.
En la sede nacional priísta, César Camacho dijo que no se trata sólo de declaraciones mediáticas, tenemos pruebas suficientes, que ya fueron enregadas a las autoridades electorales.
Acusó al gobernador Osuna y a sus colaboradores de carecer de ética política y le exigió “permitir que la ciudadanía elija libremente”. Denunció que incluso se desarrolló un software para que ilegalmente la secretaría general de gobierno de la entidad capturara los nombres de los ciudadanos considerados como afines y “con capacidad de votar por el PAN”.

Matilde Pérez, La Jornada, 2 de julio.