La Cámara de Diputados “dio un paso muy importante” al aprobar la reforma judicial, con la que el país tendrá “procedimientos más claros” en materia penal, aseguró el presidente Felipe Calderón.
La víspera, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, calificó la aprobación de los juicios orales que forman parte de la reforma judicial de una “tomadura de pelo”, además de que contiene “excesos” en su contenido.
Ante inversionistas, el mandatario salió en defensa de la iniciativa que envió a los legisladores hace un año y dijo que “en lugar de ser un sistema inquisitorial conducido exclusiva y monópolicamente por el MP iremos a un sistema adversarial”.
Explicó que con ello las partes de un conflicto podrán concurrir en igualdad de circunstancias ante el juez, y todas las pruebas tendrán que ser desahogadas en presencia del juez y del público.
Otra de las ventajas que enlistó es que el Estado tendrá “mayores facultades” para poder combatir eficazmente a la delincuencia, con la creación de la figura jurídica de extinción de dominio.
Así, el Estado podrá atraer a su propiedad vehículos, aeronaves, propiedades y armas decomisadas para ser utilizados “para el bien común, para el bien del público y no tengan que pasar largos años de litigio que simplemente merman esos patrimonios”. Refirió que tan sólo el año pasado se decomisaron más de 40 mil armas al crimen.
Puso de ejemplo la recién aprobada reforma judicial ante inversionistas, con lo que dijo que en el país la legalidad debe ser la garantía no sólo de las inversiones, sino de “la convivencia pacífica y tranquila de los mexicanos”.
Mencionó que “un componente primordial” de las economías desarrolladas es el establecimiento “de reglas claras para todos y que se cumplan y eso es lo que está buscando mi gobierno”.
Expuso que su mandato genera “condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad pública” para que el país sea de leyes y “con vigencia real del estado de derecho”.
La víspera, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, calificó la aprobación de los juicios orales que forman parte de la reforma judicial de una “tomadura de pelo”, además de que contiene “excesos” en su contenido.
Ante inversionistas, el mandatario salió en defensa de la iniciativa que envió a los legisladores hace un año y dijo que “en lugar de ser un sistema inquisitorial conducido exclusiva y monópolicamente por el MP iremos a un sistema adversarial”.
Explicó que con ello las partes de un conflicto podrán concurrir en igualdad de circunstancias ante el juez, y todas las pruebas tendrán que ser desahogadas en presencia del juez y del público.
Otra de las ventajas que enlistó es que el Estado tendrá “mayores facultades” para poder combatir eficazmente a la delincuencia, con la creación de la figura jurídica de extinción de dominio.
Así, el Estado podrá atraer a su propiedad vehículos, aeronaves, propiedades y armas decomisadas para ser utilizados “para el bien común, para el bien del público y no tengan que pasar largos años de litigio que simplemente merman esos patrimonios”. Refirió que tan sólo el año pasado se decomisaron más de 40 mil armas al crimen.
Puso de ejemplo la recién aprobada reforma judicial ante inversionistas, con lo que dijo que en el país la legalidad debe ser la garantía no sólo de las inversiones, sino de “la convivencia pacífica y tranquila de los mexicanos”.
Mencionó que “un componente primordial” de las economías desarrolladas es el establecimiento “de reglas claras para todos y que se cumplan y eso es lo que está buscando mi gobierno”.
Expuso que su mandato genera “condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad pública” para que el país sea de leyes y “con vigencia real del estado de derecho”.
Nota de Elba Mónica Bravo, enviada, Milenio, 29 de febrero.
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