Durante la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, fue notoria la molestia de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de algunos priístas, quienes no están de acuerdo en que los diputados eliminaran de la Carta Magna la posibilidad de que cuerpos policiacos irrumpan en domicilios particulares sin orden de juez, con el pretexto de salvar vidas o detener a delincuentes en flagrancia.
El priísta Jesús Murillo Karam ni siquiera se presentó a la reunión, pero tanto Alejandro González Alcocer, como Alejandro Zapata Perogordo y Ulises Ramírez, presidentes de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y de Seguridad Pública, respectivamente, reivindicaron el párrafo suprimido por los diputados, ya que, argumentaron, fue ampliamente discutido en Xicoténcatl, donde se le hicieron cambios, dijeron, para acotar los allanamientos policiacos.
Dudas sobre el proceder en San Lázaro
Pusieron también en duda la validez del procedimiento seguido por los diputados, al eliminar un párrafo modificado previamente en Xicoténcatl.
Los senadores de Convergencia Dante Delgado y José Luis Lobato advirtieron que en realidad lo que los panistas pretendían es “lavarse la cara” y no reconocer que se equivocaron al mantener ese párrafo –al que sólo hicieron cambios– en la modificación al artículo 16 constitucional.
De entrada, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, expuso que tenían tres alternativas, con base en lo establecido en el artículo 72 constitucional, ya que se trata de una reforma aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados, que el Senado reformó, retornó a la colegisladora y ésta no aceptó una modificación hecha en Xicoténcatl y a su vez regresó la minuta a los senadores.
Las opciones en Xicoténcatl, según Pedro Joaquín Coldwell
Las opciones, dijo, son que el Senado se allane, acepte ese cambio hecho por los diputados y turne la minuta a los estados, para que continúe el proceso constitucional. La otra es insistir en que se quede el artículo 16 tal como se modificó antes del cambio hecho por los diputados, por lo que la iniciativa ya no pasaría, y hasta el siguiente periodo de sesiones se podría abordar.
La tercera opción, añadió, es “desechar en esta segunda revisión todo lo reformado y enviar a los estados el articulado aprobado por ambas cámaras”. El perredista Pablo Gómez expuso a su vez que aprobar o no la minuta con la modificación de los diputados da lo mismo, ya que en ambos escenarios se suprimen los allanamientos policiacos de domicilio.
Gómez coincidió con quienes sostienen que la Cámara de Diputados, como cámara de origen, no puede hacer proposiciones nuevas cuando recibe la devolución de un proyecto de la revisora. Sin embargo, “esto se hace con frecuencia, es un vicio del Congreso mexicano que en sus procedimientos no respeta ni siquiera la Constitución”.
Al Senado ahora, insistió, sólo le queda aceptar o no la modificación y, “como en el fondo ya nadie quiere devolver esto a los diputados”, lo mejor es allanarse. “Y todo aquel que quiera sentirse triunfante, que lo haga”.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 29 de febrero.
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