SANTIAGO DE QUERÉTARO, Qro. A pesar de que el ombudsman José Luis Soberanes dijera que los juicios orales son una "tomadura de pelo", el presidente Felipe Calderón salió en defensa de la reforma judicial, al asegurar que dota al Estado de más facultades para combatir "eficazmente" la delincuencia organizada.
Aun cuando el Mandatario no mencionó algún destinatario, sí destacó las ventajas de esta iniciativa. Y es que durante 15 meses la ha ofertado como una de las más importantes de su gobierno.
El ombudsman el pasado miércoles criticó que la reforma judicial era insuficiente. Un día después, Calderón Hinojosa tras reconocer la labor de la Cámara Baja, explicó que con ella las partes se encontrarán en las mismas condiciones o en igualdad de circunstancias para enfrentar un proceso en presencia de un juez y del público.
También resaltó la importancia de la figura de extinción de dominio, que permite al Estado hacer uso de propiedad de delincuentes y evita que pasen largos años en litigio. Estas pertenencias del crimen organizado pueden ser vehículos, aeronaves y armas, con el objetivo de ser utilizadas de inmediato para el bien público.
A los detractores de esta reforma en materia de justicia, les detalló que en lugar de tener un sistema inquisitorial conducido exclusivamente y "monopólicamente" por el Ministerio Público, se pasará a uno adversarial, donde todas las pruebas deban ser desahogadas en presencia de un juez.
El Primer Mandatario expuso que su administración genera las condiciones de certidumbre jurídica y seguridad pública, para que la legalidad sea la garantía.
Aun cuando el Mandatario no mencionó algún destinatario, sí destacó las ventajas de esta iniciativa. Y es que durante 15 meses la ha ofertado como una de las más importantes de su gobierno.
El ombudsman el pasado miércoles criticó que la reforma judicial era insuficiente. Un día después, Calderón Hinojosa tras reconocer la labor de la Cámara Baja, explicó que con ella las partes se encontrarán en las mismas condiciones o en igualdad de circunstancias para enfrentar un proceso en presencia de un juez y del público.
También resaltó la importancia de la figura de extinción de dominio, que permite al Estado hacer uso de propiedad de delincuentes y evita que pasen largos años en litigio. Estas pertenencias del crimen organizado pueden ser vehículos, aeronaves y armas, con el objetivo de ser utilizadas de inmediato para el bien público.
A los detractores de esta reforma en materia de justicia, les detalló que en lugar de tener un sistema inquisitorial conducido exclusivamente y "monopólicamente" por el Ministerio Público, se pasará a uno adversarial, donde todas las pruebas deban ser desahogadas en presencia de un juez.
El Primer Mandatario expuso que su administración genera las condiciones de certidumbre jurídica y seguridad pública, para que la legalidad sea la garantía.
Nota de Laura Vega, El Economista, 29 de febrero.
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