Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), calificó como desafortunadas las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, sobre la reforma penal.
"Habría que apostar a que desde ahorita se empiece con la implementación (de la reforma); ése debería ser el tono del Ombudsman, exigir que desde el primer momento se instrumente adecuadamente la reforma y sumarse a las propuestas de innovación legislativa en los estados y a nivel federal para hacer realidad lo que ya tenemos los mexicanos en el texto constitucional.
"De manera que me parece totalmente desatinado, es impertinente para un Ombudsman nacional", indicó.
Soberanes aseguró el miércoles que la reforma penal era una tomadura de pelo y que no se podría implementar por falta de recursos, además de que lo más probable sería que en 8 años se tuviera que reformar nuevamente la ley.
Sarre, quien participó con un grupo expertos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias para hacer una evaluación de la reforma penal, destacó la trascendencia de la aprobación en la Cámara de Diputados y que se ha dado un plazo razonable para instrumentarla.
"Uno de los aspectos del cual hubo un consenso muy importante, es en ese periodo de ocho años, para instrumentar una reforma, eso mismo acusa y recoge la gravedad de lo que se está enfrentando la autoridad judicial y ejecutiva para implementar la reforma y la conciencia que se tiene de esa gravedad.
"De manera que esto no es ninguna tomadura de pelo. Ocho años es un plazo muy serio, un plazo muy calculado, para que se pueda instrumentar la reforma a nivel nacional.
"Claro, hay el riesgo de que en algún estado no se cumpla el plazo, pero tenemos que tener un objetivo y tenemos que estar trabajando desde ahorita para realizarlo, porque detrás de esto está la necesidad de justicia, de una justicia que no tenemos hoy garantizada", advirtió.
El académico comentó que se han dado varias opiniones entorno a las modificaciones y a la situación actual del proceso de justicia en México.
"Hay quienes consideran que nuestro sistema vigente está en condiciones peores que las de Guantánamo; otros consideran que nuestro sistema vigente es un sistema mixto, o sea que tiene elementos positivos y elementos negativos.
"Y otros, aquí sí, como yo soy el que lo digo, aquí sí puedo decir quien lo dice, que consideramos que nuestro sistema vigente es un sistema plenamente inquisitorial", dijo el académico.
"Habría que apostar a que desde ahorita se empiece con la implementación (de la reforma); ése debería ser el tono del Ombudsman, exigir que desde el primer momento se instrumente adecuadamente la reforma y sumarse a las propuestas de innovación legislativa en los estados y a nivel federal para hacer realidad lo que ya tenemos los mexicanos en el texto constitucional.
"De manera que me parece totalmente desatinado, es impertinente para un Ombudsman nacional", indicó.
Soberanes aseguró el miércoles que la reforma penal era una tomadura de pelo y que no se podría implementar por falta de recursos, además de que lo más probable sería que en 8 años se tuviera que reformar nuevamente la ley.
Sarre, quien participó con un grupo expertos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias para hacer una evaluación de la reforma penal, destacó la trascendencia de la aprobación en la Cámara de Diputados y que se ha dado un plazo razonable para instrumentarla.
"Uno de los aspectos del cual hubo un consenso muy importante, es en ese periodo de ocho años, para instrumentar una reforma, eso mismo acusa y recoge la gravedad de lo que se está enfrentando la autoridad judicial y ejecutiva para implementar la reforma y la conciencia que se tiene de esa gravedad.
"De manera que esto no es ninguna tomadura de pelo. Ocho años es un plazo muy serio, un plazo muy calculado, para que se pueda instrumentar la reforma a nivel nacional.
"Claro, hay el riesgo de que en algún estado no se cumpla el plazo, pero tenemos que tener un objetivo y tenemos que estar trabajando desde ahorita para realizarlo, porque detrás de esto está la necesidad de justicia, de una justicia que no tenemos hoy garantizada", advirtió.
El académico comentó que se han dado varias opiniones entorno a las modificaciones y a la situación actual del proceso de justicia en México.
"Hay quienes consideran que nuestro sistema vigente está en condiciones peores que las de Guantánamo; otros consideran que nuestro sistema vigente es un sistema mixto, o sea que tiene elementos positivos y elementos negativos.
"Y otros, aquí sí, como yo soy el que lo digo, aquí sí puedo decir quien lo dice, que consideramos que nuestro sistema vigente es un sistema plenamente inquisitorial", dijo el académico.
Nota de Rolando Herrera, Reforma, 29 de febrero.
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