Los partidos del Frente Amplio presentaron en el Senado una iniciativa de Ley de Medios Públicos de Radiodifusión, con el fin de evitar que el Ejecutivo “controle a su antojo” esos espacios.
En la iniciativa presentada por el perredista David Jiménez se recuerda que los directores de Canal 11 y de Canal 22, Fernando Sariñana y Jorge Volpi, respectivamente, fueron colaboradores de Felipe Calderón en campaña, lo que demuestra el control político de facto y de derecho por parte de la Presidencia de la República.
La iniciativa, turnada a comisiones, propone revisar el marco legal con que operan los medios públicos, para que se conviertan en espacios plurales con posibilidad de abrirse a la comercialización y solventar sus necesidades económicas y de desarrollo.
En la exposición de motivos se destaca que, bajo ninguna circunstancia, la radiodifusión pública debe convertirse en una herramienta gubernamental o en distractor para que la sociedad se mantenga ajena al conocimiento de los grandes temas nacionales.
“Deben ser auténticos instrumentos de Estado, a través de los cuales realice los fines que le son propios; no puede admitirse la existencia de medios al servicio del gobierno en turno. Es indispensable que los medios públicos sean entes de Estado, no de gobierno”.
Las bancadas de PRD, PT y Convergencia reconocieron la aportación que han hecho el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 11 y Canal 22, así como las estaciones locales en las entidades.
Sin embargo, destacaron que dichos medios pueden verse influenciados por directrices o políticas gubernamentales, con lo que se alejan de sus propósitos.
Se propone la creación de una ley, cuyo objeto sea regular la instalación, operación y funcionamiento de los medios públicos de radiodifusión, fomentando el desarrollo de su cobertura y servicios mediante la mejora en la calidad de sus contenidos y sus posibilidades de financiamiento.
Contiene dos capítulos, en los cuales se impulsa la transparencia en su manejo y administración, además de procurar la generación de instrumentos favorables y las condiciones para el desarrollo pleno de su potencial educativo, cultural, científico, informativo y de servicio social, de conformidad con los fines y principios establecidos en la citada ley.
En la iniciativa presentada por el perredista David Jiménez se recuerda que los directores de Canal 11 y de Canal 22, Fernando Sariñana y Jorge Volpi, respectivamente, fueron colaboradores de Felipe Calderón en campaña, lo que demuestra el control político de facto y de derecho por parte de la Presidencia de la República.
La iniciativa, turnada a comisiones, propone revisar el marco legal con que operan los medios públicos, para que se conviertan en espacios plurales con posibilidad de abrirse a la comercialización y solventar sus necesidades económicas y de desarrollo.
En la exposición de motivos se destaca que, bajo ninguna circunstancia, la radiodifusión pública debe convertirse en una herramienta gubernamental o en distractor para que la sociedad se mantenga ajena al conocimiento de los grandes temas nacionales.
“Deben ser auténticos instrumentos de Estado, a través de los cuales realice los fines que le son propios; no puede admitirse la existencia de medios al servicio del gobierno en turno. Es indispensable que los medios públicos sean entes de Estado, no de gobierno”.
Las bancadas de PRD, PT y Convergencia reconocieron la aportación que han hecho el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 11 y Canal 22, así como las estaciones locales en las entidades.
Sin embargo, destacaron que dichos medios pueden verse influenciados por directrices o políticas gubernamentales, con lo que se alejan de sus propósitos.
Se propone la creación de una ley, cuyo objeto sea regular la instalación, operación y funcionamiento de los medios públicos de radiodifusión, fomentando el desarrollo de su cobertura y servicios mediante la mejora en la calidad de sus contenidos y sus posibilidades de financiamiento.
Contiene dos capítulos, en los cuales se impulsa la transparencia en su manejo y administración, además de procurar la generación de instrumentos favorables y las condiciones para el desarrollo pleno de su potencial educativo, cultural, científico, informativo y de servicio social, de conformidad con los fines y principios establecidos en la citada ley.
Nota de Angélica Mercado, Milenio, 29 de febrero.
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