Juicios orales, “tomadura de pelo”, dice Soberanes

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, afirmó que la reforma judicial aprobada el martes por la Cámara de Diputados mantiene algunas figuras negativas, como el arraigo, que debe considerarse inconstitucional, y calificó los juicios orales como “realmente una tomadura de pelo”.

Resaltó que dentro de “ocho años vamos a ver cómo se echan para atrás, porque en México no hay las condiciones, ni los recursos humanos y financieros para un proyecto de esta naturaleza”.

Celebró, sin embargo, que PAN y PRI desistieran de su intento de avalar el allanamiento domiciliario sin orden judicial, a pesar de que se trataba de una decisión “prácticamente cocinada, que afortunadamente se rectificó”.

La inviolabilidad del domicilio, refirió, es un principio de derechos humanos adoptado desde el texto Los sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. “Éste es uno de los efectos más importantes de nuestra tradición en materia de derechos humanos. No lo podemos borrar de un plumazo. Además, se trataba de una aberración”, declaró.

De haberse mantenido el párrafo que permitía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente para la vida o la integridad corporal de las personas”, se habría avalado la intromisión policiaca, afirmó.

Entrevistado después de su participación en el foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad de expresión en México, el ombudsman cuestionó que la reforma incluya “algunos excesos que se habrían podido moderar”. Citó el caso de los requisitos, que consideó laxos, para obtener una orden de aprehensión.

–¿Qué habría sido lo ideal para una reforma de este tipo?

–Hay algunos cambios que son rescatables. Por ejemplo, la presunción de inocencia, el acotar a la autoridad y la existencia de jueces de control. Es decir, hay cosas que debemos mencionar que son convenientes.

“Fue una pena que no se discutiera la autonomía del Ministerio Público ni el poner controles a éstos, porque cuando alguno de ellos o sus agentes cometen un delito, son acusados por la propia procuraduría, que se vuelve juez y parte. Es algo de lo que se quedó en el tintero.”

Recomendó que si bien, en estricto derecho, entregar la grabación de una conversación telefónica no violaría los derechos humanos de alguno de los participantes en un diálogo, a partir de ahora “todas las personas deben estar muy atentas a lo que digan por teléfono, pues como dicen, puede ser tomado en su contra”.

Por otra parte, durante su participación en el foro Soberanes propuso integrar un comité de evaluación de riesgos, similar al que existe en Colombia, en el que participen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, asociaciones de periodistas y organismos de defensa de éstos.

Alertó que el número de agresiones y muertes de periodistas constituyen una grave restricción a la libertad de expresión, y cuestionó que el Estado mexicano no haya resuelto de manera contundente los casos documentados; consideró que esta omisión propicia la impunidad y que la violencia contra los comunicadores sea cada vez más fuerte.

Refirió que desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta la administración de Felipe Calderón, “estos años han sido negros para el periodismo mexicano”. Afirmó que las dos amenazas más relevantes contra la libertad de expresión son el crimen organizado y el abuso de poder, que con frecuencia golpean el ejercicio periodístico “con el propósito de censurarlo, adherirlo a fines ajenos, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo”.

Nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 28 de febrero.