Especialistas en Derecho Penal y Constitucional del ITAM, CIDE y UNAM, otorgaron ayer una calificación de 6, a la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo Federal, que permitirá fortalecer el poder punitivo del Estado contra el narcotráfico y crimen organizado.
Integrados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Carlos Natarén y Miguel Carbonell, coincidieron que la reforma tiene "deficiencias, pero es un avance sustantivo en la dirección Correcta". Agregaron que al ministerio Público Federal y estatales que "se conducían como microbuseros, la reforma ahora les marca un carril de legalidad para beneficio de todos".
En conferencia de prensa, los Doctores en derecho, estimaron aceptable la calificación de 6 a la reforma porque integra "inmediatez, presunción de inocencia, concentración, oportunidad y publicidad en el juicio". Que es lo que se buscaba Edgardo Buscaglia, Luis Raigosa y Miguel Sarre, quienes también participaron en la calificación de las nuevas leyes estimaron que el objetivo que buscó la reforma fue reducir la "corrupción" tanto en la procuración como importación de justicia y eliminó el "monopolio de la acción penal" del Ministerio Público, aunque tal medida no está exenta de problemas futuros.
Los especialistas concluyeron que "si bien esta reforma tiene deficiencias, es un avance sustantivo en la dirección correcta, que debe verse como la primera de varias fases de la reforma que se necesitan realizar, siendo la siguiente adecuación de la legislación secundaria a los de los preceptos constitucionales que ahora se modifican".
Esto para que la mayoría de las deficiencias "puedan subsanarse en leyes reglamentarias y la de quienes aceptan que la propuesta mejora la situación actual".
La reforma resultará útil porque incidirá en el desarrollo de un nuevo tipo de proceso penal que dé lugar a juicios justos en la mayoría de los casos y genere una cultura a favor del debido proceso.
"Las reformas permitirán al Estado mantener una ventaja moral sobre grupos que, ya sea por razones meramente criminales o de inspiración política, operan sistemáticamente al margen de la ley".
Integrados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Carlos Natarén y Miguel Carbonell, coincidieron que la reforma tiene "deficiencias, pero es un avance sustantivo en la dirección Correcta". Agregaron que al ministerio Público Federal y estatales que "se conducían como microbuseros, la reforma ahora les marca un carril de legalidad para beneficio de todos".
En conferencia de prensa, los Doctores en derecho, estimaron aceptable la calificación de 6 a la reforma porque integra "inmediatez, presunción de inocencia, concentración, oportunidad y publicidad en el juicio". Que es lo que se buscaba Edgardo Buscaglia, Luis Raigosa y Miguel Sarre, quienes también participaron en la calificación de las nuevas leyes estimaron que el objetivo que buscó la reforma fue reducir la "corrupción" tanto en la procuración como importación de justicia y eliminó el "monopolio de la acción penal" del Ministerio Público, aunque tal medida no está exenta de problemas futuros.
Los especialistas concluyeron que "si bien esta reforma tiene deficiencias, es un avance sustantivo en la dirección correcta, que debe verse como la primera de varias fases de la reforma que se necesitan realizar, siendo la siguiente adecuación de la legislación secundaria a los de los preceptos constitucionales que ahora se modifican".
Esto para que la mayoría de las deficiencias "puedan subsanarse en leyes reglamentarias y la de quienes aceptan que la propuesta mejora la situación actual".
La reforma resultará útil porque incidirá en el desarrollo de un nuevo tipo de proceso penal que dé lugar a juicios justos en la mayoría de los casos y genere una cultura a favor del debido proceso.
"Las reformas permitirán al Estado mantener una ventaja moral sobre grupos que, ya sea por razones meramente criminales o de inspiración política, operan sistemáticamente al margen de la ley".
Nota de Rubén Torres, El Economista, 29 de febrero.
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