El Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigieron al Senado que se retome el debate sobre la reforma judicial, pues si bien la Cámara de Diputados suprimió los allanamientos de domicilios sin orden judicual, aún atenta contra la dignidad humana.
Humberto Guerrero Rosales, representante de la CMDPDH, aseguró en conferencia de prensa que las organizaciones civiles están de“acuerdo en que la reforma es necesaria” para combatir la delincuencia organizada.
Sin embargo, alertó de “las graves consecuencias que tendrá una propuesta de esta envergadura en la vida diaria de las personas”, especialmente por la grave violación a los derechos humanos que pueden representar los arraigos.
“Es importante que no se omita ninguna discusión en torno a esta reforma”, añadió.
Añadió que en sus términos actuales, la ley puede fomentar la arbitrariedad y los abusos. “Uno de los aspectos más graves de la propuesta es que se creó un subsistema de justicia, en el que, además de restringirse los derechos, se amplían las facultades discrecionales de las autoridades persecutorias e investigadoras de delitos”
Es decir, añadió, que los policías y el Ministerio Público podrían con facilidad transgredir las garantías individuales de los mexicanos.
Por su parte, el director del Centro Pro, Luis Arriaga, señaló que la reforma es discriminatoria, debido a que se está creando un subsistema para investigar y juzgar a los miembros del crimen organizado. “Esto quiere decir que se creará un sistema judicial para la delincuencia organizada y otro para la gente común”, indicó.
Activismo internacional
Los activistas aseguraron que las organizaciones civiles buscarán a los senadores para expresar estos puntos de vista, además de continuar el trabajo de difusión de esta ley a escala internacional, sobre todo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aseguraron que si bien el debate se centra ahora en la supresión de los allanamientos, es posible que los senadores decidan no aceptarla y esperen una nueva oportunidad para discutir la propuesta en otro periodo de sesiones.
Humberto Guerrero Rosales, representante de la CMDPDH, aseguró en conferencia de prensa que las organizaciones civiles están de“acuerdo en que la reforma es necesaria” para combatir la delincuencia organizada.
Sin embargo, alertó de “las graves consecuencias que tendrá una propuesta de esta envergadura en la vida diaria de las personas”, especialmente por la grave violación a los derechos humanos que pueden representar los arraigos.
“Es importante que no se omita ninguna discusión en torno a esta reforma”, añadió.
Añadió que en sus términos actuales, la ley puede fomentar la arbitrariedad y los abusos. “Uno de los aspectos más graves de la propuesta es que se creó un subsistema de justicia, en el que, además de restringirse los derechos, se amplían las facultades discrecionales de las autoridades persecutorias e investigadoras de delitos”
Es decir, añadió, que los policías y el Ministerio Público podrían con facilidad transgredir las garantías individuales de los mexicanos.
Por su parte, el director del Centro Pro, Luis Arriaga, señaló que la reforma es discriminatoria, debido a que se está creando un subsistema para investigar y juzgar a los miembros del crimen organizado. “Esto quiere decir que se creará un sistema judicial para la delincuencia organizada y otro para la gente común”, indicó.
Activismo internacional
Los activistas aseguraron que las organizaciones civiles buscarán a los senadores para expresar estos puntos de vista, además de continuar el trabajo de difusión de esta ley a escala internacional, sobre todo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aseguraron que si bien el debate se centra ahora en la supresión de los allanamientos, es posible que los senadores decidan no aceptarla y esperen una nueva oportunidad para discutir la propuesta en otro periodo de sesiones.
Nota de Erika Ojeda, Milenio, 28 de septiembre.
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