En un comunicado, la Canitec dijo que “con sus declaraciones irresponsables”, Pérez Motta “denigra la imagen institucional de la Cofeco y revela su ignorancia sobre la industria”.
La Canitec hizo un llamado al pleno de la comisión para que “continúe conduciendo con la seriedad que le caracteriza a la institución, sus investigaciones y procedimientos, no permitiendo que declaraciones irresponsables dañen la imagen institucional de la misma”.
Además, afirmó que “si el comisionado presidente se refiere a la industria de telecomunicaciones por cable como ‘monopolios regionales’, le llamamos a que no haga sólo declaraciones mediáticas que dañan nuestra imagen, sino que investigue lo que a derecho corresponda”.
La institución afirma que la insistencia de la industria de cable “no es una cortina de humo” y tiene fundamento “en las profundas asimetrías del mercado de telecomunicaciones que al parecer (Pérez Motta) no entiende”.
En un documento informativo, la Canitec explicó que en 2006 las 200 empresas de telecomunicaciones por cable tuvieron ingresos por aproximadamente 900 millones de dólares, mientras las empresas de telecomunicaciones del Grupo Carso (Telmex-Telcel) tuvieron en México ingresos anuales por 21 mil 299 millones de dólares.
Con ello, se aprecia que las 200 empresas de telecomunicaciones por cable venden 24.6 veces menos que la dupla Telmex-Telcel.
Destaca que en el mercado de telecomunicaciones no sólo hay asimetría, sino también concentración pues 91 por ciento de las líneas fijas son de Telmex y el casi 80 por ciento de las móviles son de Telcel, por consiguiente estas empresas continúan imponiendo sus condiciones anticompetitivas “dentro de los recursos esenciales en materia de interconexión”.
Señaló que la industria “compite en todos los mercados en los que participa y en el caso de la televisión restringida compite desde hace décadas”.
Telmex debe pagar
Rafael del Villar, subsecretario de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que Telmex debería pagar la contraprestación, en caso de que se le otorgue el permiso para ofrecer el servicio de televisión.
“Es el simple hecho de que si la empresa no hubiera tenido esta restricción en su título de concesión, los inversionistas habrían naturalmente estado dispuestos a pagar un monto mayor por la concesión, y ese es el motivo esencial de esta declaración”.
Durante la ExpoComm 2008, explicó que cuando se vendió la empresa en 1990, se hizo con esa restricción por lo que ahora vale menos de lo que hubiera valido sin ella. “Por lo que es natural que el estado quiera tener un ingreso por esa diferencia”.
Aclaró que la Secretaría de Hacienda no se ha pronunciado al respecto hasta el momento sobre el asunto, y es quien debería hacerlo. Indicó que al momento ha habido platicas formales con la empresa por lo que esta petición ya no es cuestión de un papel sino de un interés claro de participar en el triple play.
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