La Habana, 27 de febrero. El gobierno encabezado por Raúl Castro no arranca de cero en su proyecto de reforma. Después de un interinato de casi 19 meses y una discusión de cerca de un año en distintos niveles, hay al menos tres puntos de agenda que, según fuentes bien enteradas, ya se encuentran en fase de decisiones.
El primero y más notable es el del relanzamiento de la agricultura y la ganadería, que arrancó el año pasado con la liquidación de una cartera vencida con los campesinos privados a cargo de las empresas estatales y el aumento del precio al productor de leche y carne vacuna y porcina.
En 2007 creció la oferta de esos productos, pero el efecto aún es relativo, porque se comparan con el ejercicio anterior, en el que el sector estuvo deprimido. Aun así, la carne de puerco llegó a una producción récord de 268 mil toneladas.
El análisis oficial es que el campo aún tiene un potencial mayor, entre otros factores por tener una porción de tierra cultivable ociosa. Ahora la pregunta es en qué consistirán las “profundas transformaciones estructurales” aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento) a finales del año anterior.
El domingo pasado ante la ANPP, el presidente Raúl Castro puso como ejemplo de una decisión exitosa la venta directa de leche del productor a los expendios, sin pasar por la intermediación estatal.
Así se hace en 64 municipios, poco más de un tercio del total, lo cual ahorró la importación de 6 mil toneladas de leche en polvo, equivalente a unos 30 millones de dólares, según el informe de Castro.
La revista Bohemia relató en una edición reciente que, con los nuevos precios, un ordeñador puede ganar unos 3 mil pesos al mes (120 dólares al cambio oficial), casi 10 veces más que el salario promedio y que empiezan a aparecer tiendas de insumos para ese sector.
Un segundo punto, según las fuentes consultadas por La Jornada, es la revisión del paquete de “prohibiciones absurdas” a las que ha impugnado Castro y respecto a las cuales ofreció eliminar “las más sencillas” en las próximas semanas.
En su discurso del domingo aludió, al parecer, a la norma que impide a los cubanos alojarse por su cuenta en los hoteles de primera, lo cual es contrario a la Constitución.
Ese mecanismo surgió en la década pasada, cuando despegó la explotación del turismo internacional. Ha sido explicado eventualmente por autoridades como una forma de impedir desigualdades, en la medida en que algunos cubanos podrían pagar esas tarifas en moneda fuerte y otros no tienen ni forma de ahorrar para hacerlo algún día.
Pero, además de su inconstitucionalidad, la discriminación a los nacionales ha generado en 15 años la inconformidad de quienes ganan su dinero honradamente y no pueden gastarlo en esa forma, aunque sí pueden, por ejemplo, entrar libremente a centros nocturnos o restaurantes donde se paga en divisas o incluso gastar en el extranjero.
La paradoja se ha vuelto mayor en los últimos dos años, cuando el turismo ha retrocedido en visitantes e ingresos y pasa la temporada baja con hoteles semivacíos.
El tercer punto de agenda ya reconocido es el migratorio. No está claro si el gobierno eliminará a corto plazo el requisito de que los cubanos deban pedir permiso oficial cada vez que quieren salir del país y cada vez que quieran volver.
Pero es posible que se considere alguna relajación de esas disposiciones. Las fuentes indicaron que se espera un anuncio en esta materia en marzo y quizás alguna reunión con emigrados.
Para algunos hay “un cuarto punto”, relativo a la liberación de controles en los medios de difusión, en línea con algunas incursiones marginales en la crítica de algunos de ellos.
Castro confirmó el domingo, además, su proyecto de reforma administrativa, para compactar este año la estructura de gobierno y hacerla más eficiente, al reducir procedimientos, así como su interés en fortalecer las instituciones y darle más peso político a las provincias.
Repasando las expectativas del nuevo gobierno, la televisión dijo esta semana que algunos de los problemas a la vista son el “exceso de prohibiciones y regulaciones”, así como la “cultura centralista de la economía cubana, que conduce a esperar que todas las soluciones, todas las decisiones, vengan de arriba”.
“Raúl ha insistido”, añadió el comentario, “que muchas de las soluciones que pueden adoptarse dependen esencialmente de decisiones locales a diversos niveles de la base, en empresas o en gobiernos”.
“Lo más importante es que todos estos factores desfavorables están precisamente en la mirilla de los planes o de las ideas que se están discutiendo y analizando para levantar la economía cubana”.
El primero y más notable es el del relanzamiento de la agricultura y la ganadería, que arrancó el año pasado con la liquidación de una cartera vencida con los campesinos privados a cargo de las empresas estatales y el aumento del precio al productor de leche y carne vacuna y porcina.
En 2007 creció la oferta de esos productos, pero el efecto aún es relativo, porque se comparan con el ejercicio anterior, en el que el sector estuvo deprimido. Aun así, la carne de puerco llegó a una producción récord de 268 mil toneladas.
El análisis oficial es que el campo aún tiene un potencial mayor, entre otros factores por tener una porción de tierra cultivable ociosa. Ahora la pregunta es en qué consistirán las “profundas transformaciones estructurales” aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento) a finales del año anterior.
El domingo pasado ante la ANPP, el presidente Raúl Castro puso como ejemplo de una decisión exitosa la venta directa de leche del productor a los expendios, sin pasar por la intermediación estatal.
Así se hace en 64 municipios, poco más de un tercio del total, lo cual ahorró la importación de 6 mil toneladas de leche en polvo, equivalente a unos 30 millones de dólares, según el informe de Castro.
La revista Bohemia relató en una edición reciente que, con los nuevos precios, un ordeñador puede ganar unos 3 mil pesos al mes (120 dólares al cambio oficial), casi 10 veces más que el salario promedio y que empiezan a aparecer tiendas de insumos para ese sector.
Un segundo punto, según las fuentes consultadas por La Jornada, es la revisión del paquete de “prohibiciones absurdas” a las que ha impugnado Castro y respecto a las cuales ofreció eliminar “las más sencillas” en las próximas semanas.
En su discurso del domingo aludió, al parecer, a la norma que impide a los cubanos alojarse por su cuenta en los hoteles de primera, lo cual es contrario a la Constitución.
Ese mecanismo surgió en la década pasada, cuando despegó la explotación del turismo internacional. Ha sido explicado eventualmente por autoridades como una forma de impedir desigualdades, en la medida en que algunos cubanos podrían pagar esas tarifas en moneda fuerte y otros no tienen ni forma de ahorrar para hacerlo algún día.
Pero, además de su inconstitucionalidad, la discriminación a los nacionales ha generado en 15 años la inconformidad de quienes ganan su dinero honradamente y no pueden gastarlo en esa forma, aunque sí pueden, por ejemplo, entrar libremente a centros nocturnos o restaurantes donde se paga en divisas o incluso gastar en el extranjero.
La paradoja se ha vuelto mayor en los últimos dos años, cuando el turismo ha retrocedido en visitantes e ingresos y pasa la temporada baja con hoteles semivacíos.
El tercer punto de agenda ya reconocido es el migratorio. No está claro si el gobierno eliminará a corto plazo el requisito de que los cubanos deban pedir permiso oficial cada vez que quieren salir del país y cada vez que quieran volver.
Pero es posible que se considere alguna relajación de esas disposiciones. Las fuentes indicaron que se espera un anuncio en esta materia en marzo y quizás alguna reunión con emigrados.
Para algunos hay “un cuarto punto”, relativo a la liberación de controles en los medios de difusión, en línea con algunas incursiones marginales en la crítica de algunos de ellos.
Castro confirmó el domingo, además, su proyecto de reforma administrativa, para compactar este año la estructura de gobierno y hacerla más eficiente, al reducir procedimientos, así como su interés en fortalecer las instituciones y darle más peso político a las provincias.
Repasando las expectativas del nuevo gobierno, la televisión dijo esta semana que algunos de los problemas a la vista son el “exceso de prohibiciones y regulaciones”, así como la “cultura centralista de la economía cubana, que conduce a esperar que todas las soluciones, todas las decisiones, vengan de arriba”.
“Raúl ha insistido”, añadió el comentario, “que muchas de las soluciones que pueden adoptarse dependen esencialmente de decisiones locales a diversos niveles de la base, en empresas o en gobiernos”.
“Lo más importante es que todos estos factores desfavorables están precisamente en la mirilla de los planes o de las ideas que se están discutiendo y analizando para levantar la economía cubana”.
Nota de Gerardo Arreola, La Jornada, 28 de febrero.
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