San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de febrero. Se han declarado en huelga de hambre 14 presos tzotziles y tzeltales, “en tanto el Estado mexicano no restituya sus derechos violentados”. Demandan desistimiento de la acción penal y se niegan a ingerir alimentos y recibir atención médica. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), “sus condiciones se están deteriorando”.
Los indígenas, “que se reivindican presos políticos” se encuentran en el Centro de Readaptación Social número 14 El Amate, en Cintalapa. Ellos son: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtán Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Juan Gómez Díaz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y Domingo Cruz Gómez. El CDHFBC considera que la protesta constituye “un riesgo grave e inminente a su vida, integridad personal y estado de salud”.
El centro de defensa de los derechos humanos ha seguido durante cinco años la situación jurídica de Zacario Hernández Hernández, “acusado injustamente dentro del caso conocido como ‘Tres Cruces’, quien inició una huelga de hambre el 12 de febrero y ha manifestado que no la suspenderá hasta que las autoridades restituyan su derechos previstos en la convención americana, violentados mediante la falta de garantías judiciales y protección judicial dentro del proceso”.
El también catequista asumió la acción para exigir su libertad y la de sus compañeros Mariano Heredia Mocojol (o Gómez), Enrique Hernández Hernández y Pascual Heredia Hernández, dentro de las mismas causas penales 38 y 39/2003, instruida ante el juez tercero de lo penal de Tuxtla Gutiérrez. Demandan “desistimiento” al gobernador Juan Sabines y cuentan con el respaldo de Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal. No obstante, el obispo Felipe Arizmendi “recomendó” a Zacario dejar la acción, pero éste replicó que la sostendrá.
El 25 de febrero se unieron a la huelga de hambre otros 12 indígenas. Se consideran presos políticos, acusados de “delitos prefabricados y con testigos falsos por delitos comunes”, cuando en realidad son perseguidos “por su activismo político”. Ocho pertenecen a la La Voz de El Amate, adherente a la otra campaña del EZLN. Los otros se reivindican como bases zapatistas y aseguran que fueron acusados por “mestizos” de su región “con falsedad, debido a que se les ubica como zapatistas”. El día 26 se sumó Mateo Hernández Bautista, de la comunidad Rincón Chamula y militante de la Central Independiente Obrera y Campesina.
Los indígenas recurrieron a la medida “como mecanismo de denuncia pública y señalamiento hacia el Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos, que ha traído como consecuencia la pérdida de su libertad y sus expectativas de vida, por los años transcurridos dentro del centro de detención”.
Los huelguistas se dicen “dispuestos a llegar hasta la muerte”, por lo que no aceptan ningún alimento ni la revisión de sus signos vitales por el personal sanitario del penal.
Días atrás, los presos políticos del Cereso 14, incluyendo los de las organizaciones MOCRI y Casa del Pueblo (OCEZ), demandaron “sensibilidad y acuerdos cumplidos para que seamos alejados del abismo de desesperación que nos obliga a retomar formas de lucha que parecían haber quedado en el pasado”.
Los indígenas, “que se reivindican presos políticos” se encuentran en el Centro de Readaptación Social número 14 El Amate, en Cintalapa. Ellos son: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtán Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Juan Gómez Díaz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y Domingo Cruz Gómez. El CDHFBC considera que la protesta constituye “un riesgo grave e inminente a su vida, integridad personal y estado de salud”.
El centro de defensa de los derechos humanos ha seguido durante cinco años la situación jurídica de Zacario Hernández Hernández, “acusado injustamente dentro del caso conocido como ‘Tres Cruces’, quien inició una huelga de hambre el 12 de febrero y ha manifestado que no la suspenderá hasta que las autoridades restituyan su derechos previstos en la convención americana, violentados mediante la falta de garantías judiciales y protección judicial dentro del proceso”.
El también catequista asumió la acción para exigir su libertad y la de sus compañeros Mariano Heredia Mocojol (o Gómez), Enrique Hernández Hernández y Pascual Heredia Hernández, dentro de las mismas causas penales 38 y 39/2003, instruida ante el juez tercero de lo penal de Tuxtla Gutiérrez. Demandan “desistimiento” al gobernador Juan Sabines y cuentan con el respaldo de Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal. No obstante, el obispo Felipe Arizmendi “recomendó” a Zacario dejar la acción, pero éste replicó que la sostendrá.
El 25 de febrero se unieron a la huelga de hambre otros 12 indígenas. Se consideran presos políticos, acusados de “delitos prefabricados y con testigos falsos por delitos comunes”, cuando en realidad son perseguidos “por su activismo político”. Ocho pertenecen a la La Voz de El Amate, adherente a la otra campaña del EZLN. Los otros se reivindican como bases zapatistas y aseguran que fueron acusados por “mestizos” de su región “con falsedad, debido a que se les ubica como zapatistas”. El día 26 se sumó Mateo Hernández Bautista, de la comunidad Rincón Chamula y militante de la Central Independiente Obrera y Campesina.
Los indígenas recurrieron a la medida “como mecanismo de denuncia pública y señalamiento hacia el Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos, que ha traído como consecuencia la pérdida de su libertad y sus expectativas de vida, por los años transcurridos dentro del centro de detención”.
Los huelguistas se dicen “dispuestos a llegar hasta la muerte”, por lo que no aceptan ningún alimento ni la revisión de sus signos vitales por el personal sanitario del penal.
Días atrás, los presos políticos del Cereso 14, incluyendo los de las organizaciones MOCRI y Casa del Pueblo (OCEZ), demandaron “sensibilidad y acuerdos cumplidos para que seamos alejados del abismo de desesperación que nos obliga a retomar formas de lucha que parecían haber quedado en el pasado”.
Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 29 de febrero.
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