Con molestia en las comisiones dictaminadoras, el Senado aceptó los cambios hechos por los diputados a la minuta de reforma penal y de justicia, que eliminan la figura de allanamientos sin orden judicial, a fin de presentar el dictamen el martes a primera lectura y votarlo el próximo jueves.
Convencidos de que la modificación hecha en diciembre a la minuta enviada por los diputados era correcta, los senadores defendieron su trabajo, pero se tuvieron que “allanar” y aceptar la eliminación del párrafo referente a los cateos sin orden judicial, pues de otro modo la discusión de habría tenido que posponer para septiembre.
La discusión del procedimiento legislativo que tendría que darse a la minuta, para evitar amparos posteriores en la Suprema Corte, se complicó a tal grado que los coordinadores discutieron el miércoles, hasta muy noche, las salidas legales.
Se pidió la opinión de la Dirección Jurídica de la cámara, que aconsejó aplicar el inciso “e” del artículo 72, que daba dos opciones: una, defender el cambio hecho por el Senado, o rechazar la modificación de los diputados, que llevaba al mismo resultado de eliminar los allanamientos sin orden judicial.
Sin embargo, la molestia de los senadores por los cambios a la redacción prevaleció en la reunión. En la bancada priista se dijo que Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación –encargada de dictaminar—, no acudió por no estar de acuerdo.
Al presentar el dictamen, el priista Pedro Joaquín Coldwell pidió dar lectura al dictamen en el que se defiende el trabajo del Senado.
Ahí, se sostuvo que la autorización para entrar a un domicilio sin orden judicial se limitaba sólo a los casos de flagrancia y amenaza actual o inminente a la vida; sin embargo, al eliminar ese párrafo se permite la aplicación de la jurisprudencia de la Corte de interpretar esos ingresos de la policía sin mandato judicial como “flagrancia equiparada”.
El panista Ulises Ramírez afirmó que Acción Nacional nunca tuvo la intención de que violar las garantías individuales. El ecologista Arturo Escobar respaldó que se defendiera la redacción del Senado en materia de allanamientos, pero se aceptara el cambio de los diputados para proseguir con las aprobaciones en los congresos locales.
El perredista Pablo Gómez explicó los pros y contras de aceptar el rebote de la minuta, aun cuando los diputados ya no tenían derecho a cambiarla.
“En realidad la Cámara no podía modificar nada. Ya modificó algo a nivel de propuesta, bueno, hay que hacer abstracción de la violación de procedimiento parlamentario de la otra Cámara”, planteó.
En ese sentido, el panista Alejandro Zapata dijo que había que allanarse y aceptar el cambio, pues rechazarlo sería la peor opción.
También su compañero y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González, manifestó que se tenía que aceptar la eliminación del precepto, dejando claro que el Senado no se equivocó, “para salvar el decoro de esta cámara”.
La aceptación de los cambios se dio por unanimidad, con el acuerdo de presentarlo a primera lectura el martes y votarlo el jueves próximo.
Convencidos de que la modificación hecha en diciembre a la minuta enviada por los diputados era correcta, los senadores defendieron su trabajo, pero se tuvieron que “allanar” y aceptar la eliminación del párrafo referente a los cateos sin orden judicial, pues de otro modo la discusión de habría tenido que posponer para septiembre.
La discusión del procedimiento legislativo que tendría que darse a la minuta, para evitar amparos posteriores en la Suprema Corte, se complicó a tal grado que los coordinadores discutieron el miércoles, hasta muy noche, las salidas legales.
Se pidió la opinión de la Dirección Jurídica de la cámara, que aconsejó aplicar el inciso “e” del artículo 72, que daba dos opciones: una, defender el cambio hecho por el Senado, o rechazar la modificación de los diputados, que llevaba al mismo resultado de eliminar los allanamientos sin orden judicial.
Sin embargo, la molestia de los senadores por los cambios a la redacción prevaleció en la reunión. En la bancada priista se dijo que Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación –encargada de dictaminar—, no acudió por no estar de acuerdo.
Al presentar el dictamen, el priista Pedro Joaquín Coldwell pidió dar lectura al dictamen en el que se defiende el trabajo del Senado.
Ahí, se sostuvo que la autorización para entrar a un domicilio sin orden judicial se limitaba sólo a los casos de flagrancia y amenaza actual o inminente a la vida; sin embargo, al eliminar ese párrafo se permite la aplicación de la jurisprudencia de la Corte de interpretar esos ingresos de la policía sin mandato judicial como “flagrancia equiparada”.
El panista Ulises Ramírez afirmó que Acción Nacional nunca tuvo la intención de que violar las garantías individuales. El ecologista Arturo Escobar respaldó que se defendiera la redacción del Senado en materia de allanamientos, pero se aceptara el cambio de los diputados para proseguir con las aprobaciones en los congresos locales.
El perredista Pablo Gómez explicó los pros y contras de aceptar el rebote de la minuta, aun cuando los diputados ya no tenían derecho a cambiarla.
“En realidad la Cámara no podía modificar nada. Ya modificó algo a nivel de propuesta, bueno, hay que hacer abstracción de la violación de procedimiento parlamentario de la otra Cámara”, planteó.
En ese sentido, el panista Alejandro Zapata dijo que había que allanarse y aceptar el cambio, pues rechazarlo sería la peor opción.
También su compañero y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González, manifestó que se tenía que aceptar la eliminación del precepto, dejando claro que el Senado no se equivocó, “para salvar el decoro de esta cámara”.
La aceptación de los cambios se dio por unanimidad, con el acuerdo de presentarlo a primera lectura el martes y votarlo el jueves próximo.
Nota de Angélica Mercado, Milenio, 29 de febrero.
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