El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, calificó como una “tomadura de pelo” la aprobación por el Congreso de la Unión de los juicios orales en la reforma judicial.
Lo anterior al señalar que en México no hay ni las condiciones ni los recursos humanos para echarlos a andar.
Dijo que en ocho años vamos a ver cómo esos juicios orales “se echan para atrás” porque no hay las condiciones financieras para un proyecto de esta naturaleza.
Se manifestó por una reforma “integral” y nada “de remiendos”. Necesitamos, dijo el ombudsman, una reforma penal a fondo.
Soberanes reconoció que en la Reforma Judicial aprobada el martes en la Cámara de Diputados, donde de última hora se suprimió el allanamiento de domicilios sin orden del juez, hay cosas rescatables como la presunción de inocencia, el acotar más a la autoridad y los jueces de control.
Desde su punto de vista, fue la sociedad la que echó abajo la disposición para el allanamiento de morada.
“(La inviolabilidad de domicilios) no la podemos borrar de un plumazo”, dijo.
Rechazó que el espionaje telefónico —el cual quedó aprobado, siempre y cuando una de las partes ofrezca la conversación como prueba— pueda ser violatorio de derechos humanos, pero reconoció que ahora cualquiera deberá tener cuidado al hablar porteléfono.
Lo anterior al señalar que en México no hay ni las condiciones ni los recursos humanos para echarlos a andar.
Dijo que en ocho años vamos a ver cómo esos juicios orales “se echan para atrás” porque no hay las condiciones financieras para un proyecto de esta naturaleza.
Se manifestó por una reforma “integral” y nada “de remiendos”. Necesitamos, dijo el ombudsman, una reforma penal a fondo.
Soberanes reconoció que en la Reforma Judicial aprobada el martes en la Cámara de Diputados, donde de última hora se suprimió el allanamiento de domicilios sin orden del juez, hay cosas rescatables como la presunción de inocencia, el acotar más a la autoridad y los jueces de control.
Desde su punto de vista, fue la sociedad la que echó abajo la disposición para el allanamiento de morada.
“(La inviolabilidad de domicilios) no la podemos borrar de un plumazo”, dijo.
Rechazó que el espionaje telefónico —el cual quedó aprobado, siempre y cuando una de las partes ofrezca la conversación como prueba— pueda ser violatorio de derechos humanos, pero reconoció que ahora cualquiera deberá tener cuidado al hablar porteléfono.
Nota de Ricardo Gómez, El Universal, 28 de febrero.
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