Como una “tomadura de pelo” calificó el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, la aprobación de los juicios orales, que forman parte de la reforma judicial. En México “no hay condiciones ni los recursos humanos y financieros para un proyecto de esta naturaleza”.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que las modificaciones constitucionales en materia de justicia penal contienen “excesos” .
Uno de ellos, dijo, es la laxitud en los requisitos para liberar órdenes de aprehensión y la figura de arraigo, que “debe considerarse inconstitucional”.
También reconoció que hay puntos “rescatables” de la reforma, como la supresión de los allanamientos domiciliarios sin orden judicial. “Afortunadamente se rectificó, lo que quiere decir que si hay una opinión pública mayoritaria en contra será muy difícil que volvamos a tiempos de la Colonia”, puntualizó.
Sin embargo, Soberanes descalificó la figura de juicios orales, que cobrarán plena vigencia en un plazo máximo de ocho años.
“No deja de ser algo criticable el tema de los juicios orales, que realmente es una tomadura de pelo, pues en ocho años vamos a estar viendo cómo se echan para atrás, porque no hay condiciones ni recursos humanos y financieros para un proyecto así”.
Beneplácito de la CDHDF
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que la reforma judicial es “parcial”, toda vez que se mantiene la figura del arraigo, “un reducto inquisitorial” que viola la presunción de inocencia.
El organismo calificó de positivo que la Cámara de Diputados haya rechazado los allanamientos domiciliarios sin orden judicial; sin embargo, dijo, quedan en el texto aspectos que es necesario revisar, como el abuso de la prisión preventiva.
La CDHDF reiteró que en los hechos el arraigo es una herramienta que afecta la presunción de inocencia. “Es decir, se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, abriendo espacios peligrosos de prácticas autoritarias”, indicó.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que las modificaciones constitucionales en materia de justicia penal contienen “excesos” .
Uno de ellos, dijo, es la laxitud en los requisitos para liberar órdenes de aprehensión y la figura de arraigo, que “debe considerarse inconstitucional”.
También reconoció que hay puntos “rescatables” de la reforma, como la supresión de los allanamientos domiciliarios sin orden judicial. “Afortunadamente se rectificó, lo que quiere decir que si hay una opinión pública mayoritaria en contra será muy difícil que volvamos a tiempos de la Colonia”, puntualizó.
Sin embargo, Soberanes descalificó la figura de juicios orales, que cobrarán plena vigencia en un plazo máximo de ocho años.
“No deja de ser algo criticable el tema de los juicios orales, que realmente es una tomadura de pelo, pues en ocho años vamos a estar viendo cómo se echan para atrás, porque no hay condiciones ni recursos humanos y financieros para un proyecto así”.
Beneplácito de la CDHDF
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que la reforma judicial es “parcial”, toda vez que se mantiene la figura del arraigo, “un reducto inquisitorial” que viola la presunción de inocencia.
El organismo calificó de positivo que la Cámara de Diputados haya rechazado los allanamientos domiciliarios sin orden judicial; sin embargo, dijo, quedan en el texto aspectos que es necesario revisar, como el abuso de la prisión preventiva.
La CDHDF reiteró que en los hechos el arraigo es una herramienta que afecta la presunción de inocencia. “Es decir, se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, abriendo espacios peligrosos de prácticas autoritarias”, indicó.
Nota de Fernando Damián y Fernando Juárez, Milenio, 28 de febrero.
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