Avala el Senado de EU el plan para lucha antinarco en México

Nueva York, 26 de junio. El Senado aprobó hoy el mismo proyecto de ley sancionado la semana pasada por la Cámara de Representantes, en el que se asignan a México 400 millones de dólares en asistencia para el primer año de la llamada Iniciativa Mérida. Asimismo, incluye una serie de mecanismos para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública mexicanas.

Ahora, el proyecto será enviado al presidente George W. Bush para ser promulgado como ley.

La legislación otorga un total de 465 millones de dólares para este año fiscal (65 millones para los países centroamericanos y 400 para la Iniciativa Mérida).

El proyecto de ley aprobado hoy por el Senado, el mismo sancionado por la Cámara baja el pasado 19 de junio, establece que hay “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el narcotráfico, y otorga 215.5 millones para apoyar los programas del gobierno mexicano contra esta amenaza, junto con otros 116.5 millones para “cooperación militar” entre Estados Unidos y México.

El reporte legislativo que acompaña este proyecto –donde el Congreso expresa instrucciones sobre cómo desea que se gasten los fondos aprobados– establece que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares”.

Al parecer, con esta versión se habría logrado superar el rechazo inicial del gobierno de Felipe Calderón a textos anteriores, al considerar que los mecanismos relacionados con los derechos humanos representaban “condiciones” unilaterales. El “lenguaje” fue modificado y la versión final ahora aprobada por el Congreso no menciona de manera explícita condiciones o mecanismos de “certificación”.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch expresaron satisfacción porque el proyecto aprobado permite que se desarrolle un proceso para consultas periódicas entre las autoridades mexicanas y los grupos de derechos humanos, para promover la justicia y rendición de cuentas en casos de abusos por policías o militares.

El reporte que acompaña el proyecto señala que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía son preocupantes”. Por lo tanto, establece que el Departamento de Estado, en consulta con autoridades mexicanas relevantes, debe informar a los comités de Apropiaciones (uno en la Cámara y otro en el Senado) sobre la existencia de mecanismos establecidos en el país vecino para asegurar que estos fondos sean otorgados bajo las regulaciones que establece la ley estadunidense para evitar que sean empleados de maneras que violan los derechos humanos.

El reporte también identifica como preocupantes las hasta ahora fracasadas investigaciones penales contra policías responsables de transgresiones a las garantías fundamentales, incluyendo violencia sexual contra mujeres, y especifica los casos de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y de Oaxaca, entre junio y diciembre de ese mismo año. También da un plazo para que se informe sobre los avances en la investigación del asesinato del periodista estadunidense Brad Will.

El Congreso también destina 20 millones para “construcción de instituciones y apoyo de la sociedad civil”. Entre estos se dedican 5 millones para “capacitación en derechos humanos” entre la policía, fiscales y administradores de prisiones; 3 millones para protección de víctimas y testigos y 3 millones para “apoyar a ONG y la sociedad civil”.

Paquete Irak
Estas asignaciones para un primer año de la Iniciativa Mérida están contenidas en un paquete legislativo dedicado a financiar la guerra en Irak, por un total de 162 mil millones de dólares. Al aprobarse, se otorgan suficientes fondos para el gasto bélico en el país asiático hasta el fin del mandato de George W. Bush. Para los medios aquí, el voto de hoy se trataba exclusivamente sobre la guerra en Irak y no la llamada “guerra contra la droga” al otro lado de la frontera.

Sin embargo, como se ha hecho durante los últimos meses, la violencia en México ligada al narco ha sido usada de manera repetida por políticos de ambos lados de la frontera para promover la Iniciativa Mérida. Hoy ante el pleno del Senado, poco antes de aprobarse el proyecto de ley, la senadora Kay Bailey Hutchison –la única en mencionar Mérida hoy– advirtió que “la violencia de los cárteles de la droga ahora está apuntando hacia nuestros propios oficiales de seguridad pública”.

David Brooks, La Jornada, 27 de junio.


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