“Durante muchos años miembros de organizaciones civiles nos hemos opuesto, por la ilegalidad que entraña dicha práctica, a que el INM haga esos fichajes. Ahora no sólo se pretende continuar esa práctica reprobable a la luz de un marco jurídico respetuoso de los derechos humanos y las facultades concedidas a un Estado, sino que se quiere convertir en legal un instrumento de arbitrariedad”, denunciaron en un documento organizaciones como Sin Fronteras y la Red Todos los Derechos para Todos.
Subrayaron que la intención de la titular del INM, Cecilia Romero –quien recientemente dijo que el nuevo reglamento para las estaciones migratorias conservará la obligación de integrar un expediente de cada uno de los indocumentados, para lo cual serán tomadas fotografías y huellas dactilares–, es “una práctica ilegal y reprobable”.
Karina Arias, de Sin Fronteras, indicó que el “fichaje” es “injustificado” debido a que a los migrantes detenidos no se les sigue un proceso jurídico. “Aunque se tratara de mera estadística, la toma de datos personales, las huellas dactilares y las fotografías deberían estar acompañadas de asesoría e información al extranjero, y de la presencia de un abogado o alguien de su confianza. Las acciones previstas por Cecilia Romero, en cambio, violentan el debido proceso”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 12 de junio.
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