La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que autoridades de Estados Unidos encontraron en ese país a 18 de los 33 cubanos que fueron rescatados por un grupo armado en Chiapas el pasado 12 de junio.
Como reveló La Jornada en su edición de ayer, la Patrulla Fronteriza detectó en la localidad Hidalgo, Texas, a los 18 migrantes, quienes con documentos apócrifos cruzaron a ese país a través de Reynosa, Tamaulipas.
Según las indagatorias de la PGR, la posibilidad de que los indocumentados llegaran al país del norte obedece a la vinculación de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) con mafias de cubanos anticastristas de Miami que contrataron presuntamente a sicarios de los zetas para propiciar el pasado 11 de junio la huida de 33 indocumentados que iban a ser repatriados.
Nueve funcionarios del INM y dos choferes fueron arraigados la mañana de ayer por orden de un juez federal. Uno de los 11 inculpados reconoció ante autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que por lo menos en los ocho meses recientes recibía dinero para permitir que migrantes cubanos y centroamericanos llegaran a territorio estadunidense con documentación falsa.
La travesía
Según la PGR, al rendir sus primeras declaraciones ante autoridades migratorias estadunidenses, los cubanos indicaron que luego de ser rescatados por un grupo de “paramilitares”, integrado al menos por seis sujetos en la carretera Ocosingo-Palenque, fueron llevados a una casa de seguridad en el puerto de Veracruz.
Ahí les tomaron fotografías, mismas que fueron colocadas en unas papeletas apócrifas del INM en las que se ordenaba su expulsión de territorio nacional.
Esos documentos les permitieron llegar a la central camionera de Veracruz y ahí fueron divididos en distintos grupos para ser enviados a la frontera norte.
Durante su trayecto de Veracruz a Reynosa, pasaron por dos puestos de control militar y dos filtros de revisión migratoria.
En un comunicado, la PGR señaló además que los indocumentados se encuentran “en buenas condiciones de salud y sin haber sufrido daño físico alguno en sus personas”.
Agregó que “con motivo del rescate de la Armada de México, en Cancún se inició la indagatoria PGR/QROO/CAN/270/2008-IV, por el delito de violación a la Ley General de Población, en contra de Nairobi Claro Ortega y Noriel Veloz, previa querella del representante jurídico del INM, debido a que estas personas fueron quienes los trasladaron de Cuba a México.
“El fiscal de la Federación adscrito a la delegación en Cancún ya ejercitó acción penal en contra de Nairobi Claro Ortega y Noriel Veloz, ambos de nacionalidad cubana y residentes en Estados Unidos, al juez cuarto de distrito en el estado de Quintana Roo, quien dio inicio a la causa penal 32/2008 y les decretó el auto de formal prisión”, puntualizó la dependencia.
Por otro lado, nueve servidores públicos del INM y los dos choferes del autobús de pasajeros rindieron sus declaraciones ante la SIEDO.
“En los resultados de las investigaciones y las declaraciones vertidas ante el agente del Ministerio Público, llevaron al fiscal a cambiar la situación jurídica de nueve de los nueve servidores públicos de migración, y de los choferes, ya que tenían a su cargo el traslado y custodia de los 37 indocumentados, o la parte logística en las áreas administrativas.
“La autoridad judicial ya concedió al fiscal de PGR la medida cautelar correspondiente, misma que se ejecutó en las primeras horas de este día, internándoseles en el Centro Nacional de Arraigo de la institución”, informó la PGR.
Como reveló La Jornada en su edición de ayer, la Patrulla Fronteriza detectó en la localidad Hidalgo, Texas, a los 18 migrantes, quienes con documentos apócrifos cruzaron a ese país a través de Reynosa, Tamaulipas.
Según las indagatorias de la PGR, la posibilidad de que los indocumentados llegaran al país del norte obedece a la vinculación de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) con mafias de cubanos anticastristas de Miami que contrataron presuntamente a sicarios de los zetas para propiciar el pasado 11 de junio la huida de 33 indocumentados que iban a ser repatriados.
Nueve funcionarios del INM y dos choferes fueron arraigados la mañana de ayer por orden de un juez federal. Uno de los 11 inculpados reconoció ante autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que por lo menos en los ocho meses recientes recibía dinero para permitir que migrantes cubanos y centroamericanos llegaran a territorio estadunidense con documentación falsa.
La travesía
Según la PGR, al rendir sus primeras declaraciones ante autoridades migratorias estadunidenses, los cubanos indicaron que luego de ser rescatados por un grupo de “paramilitares”, integrado al menos por seis sujetos en la carretera Ocosingo-Palenque, fueron llevados a una casa de seguridad en el puerto de Veracruz.
Ahí les tomaron fotografías, mismas que fueron colocadas en unas papeletas apócrifas del INM en las que se ordenaba su expulsión de territorio nacional.
Esos documentos les permitieron llegar a la central camionera de Veracruz y ahí fueron divididos en distintos grupos para ser enviados a la frontera norte.
Durante su trayecto de Veracruz a Reynosa, pasaron por dos puestos de control militar y dos filtros de revisión migratoria.
En un comunicado, la PGR señaló además que los indocumentados se encuentran “en buenas condiciones de salud y sin haber sufrido daño físico alguno en sus personas”.
Agregó que “con motivo del rescate de la Armada de México, en Cancún se inició la indagatoria PGR/QROO/CAN/270/2008-IV, por el delito de violación a la Ley General de Población, en contra de Nairobi Claro Ortega y Noriel Veloz, previa querella del representante jurídico del INM, debido a que estas personas fueron quienes los trasladaron de Cuba a México.
“El fiscal de la Federación adscrito a la delegación en Cancún ya ejercitó acción penal en contra de Nairobi Claro Ortega y Noriel Veloz, ambos de nacionalidad cubana y residentes en Estados Unidos, al juez cuarto de distrito en el estado de Quintana Roo, quien dio inicio a la causa penal 32/2008 y les decretó el auto de formal prisión”, puntualizó la dependencia.
Por otro lado, nueve servidores públicos del INM y los dos choferes del autobús de pasajeros rindieron sus declaraciones ante la SIEDO.
“En los resultados de las investigaciones y las declaraciones vertidas ante el agente del Ministerio Público, llevaron al fiscal a cambiar la situación jurídica de nueve de los nueve servidores públicos de migración, y de los choferes, ya que tenían a su cargo el traslado y custodia de los 37 indocumentados, o la parte logística en las áreas administrativas.
“La autoridad judicial ya concedió al fiscal de PGR la medida cautelar correspondiente, misma que se ejecutó en las primeras horas de este día, internándoseles en el Centro Nacional de Arraigo de la institución”, informó la PGR.
Alfredo Méndez, La Jornada, 20 de junio.
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