El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, afirmó que unos 200 mil migrantes mexicanos se encuentran en las cárceles de Estados Unidos, de los cuales el 10 por ciento, 20 mil, son indígenas que abandonaron sus hogares para buscar mejores niveles de vida para ellos y sus familias.
De igual forma, el legislador perredista reveló que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), existen oficialmente al menos 10 mil indígenas presos en las cárceles del país, la mayoría de ellos involucrados en delitos del orden federal, principalmente por la siembra de estupefacientes.
Sin embargo, dijo que el número de indígenas presos en el país podría hasta triplicarse, ya que “en el criterio de identificación ha predominado el aspecto lingüístico”, de modo que la cifra de 10 mil presos constituye sólo un diagnóstico aproximado a la realidad.
Matías Alonso sostuvo que, también de acuerdo a estudios de la CDI, el mayor número de presos indígenas por delitos federales, además de algunos otros por robo y cuestiones políticas, se concentra en las cárceles de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
En menor número, puntualizó, se encuentran en cárceles de Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas, aunque también aquí resalta el hecho de que los indígenas son procesados o han sido condenados por delitos contra la salud, en su mayoría.
Matías Alonso dijo que, con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se tiene determinado que en las cárceles de la Unión Americana hay alrededor de 200 mil migrantes mexicanos, de los cuales unos 20 mil son indígenas.
“En las regiones fronterizas muchos indígenas tratan de cruzar las líneas y los que no lo hacen se quedan en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, donde son engañados por bandas delincuenciales para enrolarlos en el tráfico de drogas”.
Afirmó que la autoridad en México minimiza el fenómeno y, lejos de buscar una solución, muestra desinterés.
El diputado del PRD subrayó que tanto el gobierno federal como las visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos soslayan las normas para proporcionar un traductor a los inculpados, por lo que muchos de ellos purgan sentencias indebidas. “Destaca la falta de asesoría jurídica y de apoyo institucional, porque muchos de los presos no hablan español, son monolingües y son víctimas de la injusticia”, denunció.
De igual forma, el legislador perredista reveló que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), existen oficialmente al menos 10 mil indígenas presos en las cárceles del país, la mayoría de ellos involucrados en delitos del orden federal, principalmente por la siembra de estupefacientes.
Sin embargo, dijo que el número de indígenas presos en el país podría hasta triplicarse, ya que “en el criterio de identificación ha predominado el aspecto lingüístico”, de modo que la cifra de 10 mil presos constituye sólo un diagnóstico aproximado a la realidad.
Matías Alonso sostuvo que, también de acuerdo a estudios de la CDI, el mayor número de presos indígenas por delitos federales, además de algunos otros por robo y cuestiones políticas, se concentra en las cárceles de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
En menor número, puntualizó, se encuentran en cárceles de Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas, aunque también aquí resalta el hecho de que los indígenas son procesados o han sido condenados por delitos contra la salud, en su mayoría.
Matías Alonso dijo que, con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se tiene determinado que en las cárceles de la Unión Americana hay alrededor de 200 mil migrantes mexicanos, de los cuales unos 20 mil son indígenas.
“En las regiones fronterizas muchos indígenas tratan de cruzar las líneas y los que no lo hacen se quedan en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, donde son engañados por bandas delincuenciales para enrolarlos en el tráfico de drogas”.
Afirmó que la autoridad en México minimiza el fenómeno y, lejos de buscar una solución, muestra desinterés.
El diputado del PRD subrayó que tanto el gobierno federal como las visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos soslayan las normas para proporcionar un traductor a los inculpados, por lo que muchos de ellos purgan sentencias indebidas. “Destaca la falta de asesoría jurídica y de apoyo institucional, porque muchos de los presos no hablan español, son monolingües y son víctimas de la injusticia”, denunció.
Luciano Franco, Crónica, 10 de junio.
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