BUENOS AIRES.— El gobierno colombiano decretó ayer “el estado de emergencia social” ante la estafa más grande en la historia del país, a través de las pirámides financieras, al tiempo que también decidió la intervención de las 59 oficinas de DMG, la empresa de captación de activos más grande en Colombia, propiedad de David Murcia Guzmán, más conocido como El rey Midas.
Cinco días después de que se desatara el escándalo y cuando se contabilizan tres muertos en los disturbios originados en varias ciudades del país, mediante la bronca de los clientes estafados, la administración del presidente Álvaro Uribe adoptó esa medida, ya que decenas de miles de personas fueron engañadas con sus ahorros, los cuales invertían llevadas por la promesa de fácil y rápida rentabilidad, y porque el caso amenaza con golpear a la economía del país.
El anuncio lo formuló ayer el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño (sede del gobierno).
“Los colombianos deben tener mucha calma, mucha colaboración con el gobierno”, explicó Valencia Cossio para luego recordar que la medida de intervenir varias de esas financieras ilegales busca “salvaguardar el dinero para ser devuelto a los ahorristas”.
Al mismo tiempo, la orden de cierre e intervención de DMG fue puesta en marcha por la policía, según el director de Seguridad Ciudadana, general Orlando Páez, para que “el dinero no se pierda y para evitar nuevos disturbios”,
DMG era una comercializadora de productos que le permitía a sus afiliados adquirir tarjetas, similares a las del sistema bancario, por un monto determinado de dinero que les daba derecho a comprar desde un vehículo hasta alimentos a precios por debajo del mercado y con la posibilidad de que el valor de sus compras les sería retornado en parte o en su totalidad.
La interventora designada por el Poder Ejecutivo es la economista María Mercedes Perry, quien llega con amplias facultades para disolver la sociedad y devolver los fondos a los ahorristas.
David Murcia Guzmán es el personaje colombiano más controvertido desde la época de Pablo Escobar (extinto líder del cártel de Medellín) y se encuentra actualmente viviendo en Panamá; el pasado viernes había amenazado desde el istmo al presidente Uribe con poner en contra del gobierno a “los miles de afiliados a la empresa si el gobierno actuaba de manera arbitraria y cierra DGM”.
Cinco días después de que se desatara el escándalo y cuando se contabilizan tres muertos en los disturbios originados en varias ciudades del país, mediante la bronca de los clientes estafados, la administración del presidente Álvaro Uribe adoptó esa medida, ya que decenas de miles de personas fueron engañadas con sus ahorros, los cuales invertían llevadas por la promesa de fácil y rápida rentabilidad, y porque el caso amenaza con golpear a la economía del país.
El anuncio lo formuló ayer el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño (sede del gobierno).
“Los colombianos deben tener mucha calma, mucha colaboración con el gobierno”, explicó Valencia Cossio para luego recordar que la medida de intervenir varias de esas financieras ilegales busca “salvaguardar el dinero para ser devuelto a los ahorristas”.
Al mismo tiempo, la orden de cierre e intervención de DMG fue puesta en marcha por la policía, según el director de Seguridad Ciudadana, general Orlando Páez, para que “el dinero no se pierda y para evitar nuevos disturbios”,
DMG era una comercializadora de productos que le permitía a sus afiliados adquirir tarjetas, similares a las del sistema bancario, por un monto determinado de dinero que les daba derecho a comprar desde un vehículo hasta alimentos a precios por debajo del mercado y con la posibilidad de que el valor de sus compras les sería retornado en parte o en su totalidad.
La interventora designada por el Poder Ejecutivo es la economista María Mercedes Perry, quien llega con amplias facultades para disolver la sociedad y devolver los fondos a los ahorristas.
David Murcia Guzmán es el personaje colombiano más controvertido desde la época de Pablo Escobar (extinto líder del cártel de Medellín) y se encuentra actualmente viviendo en Panamá; el pasado viernes había amenazado desde el istmo al presidente Uribe con poner en contra del gobierno a “los miles de afiliados a la empresa si el gobierno actuaba de manera arbitraria y cierra DGM”.
José Vales corresponsal, El Universal, 18 de noviembre.
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