El gobierno colombiano adoptó ayer medidas para enfrentar el fenómeno de las pirámides financieras que ofrecen rendimientos exorbitantes por fuera del sistema bancario y que desataron un auténtico furor en Colombia, después de causar grandes quiebras en otros países.
Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.
Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron a la madrugada de este lunes los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas “que cumplían una función de recaudo no autorizada”. “La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación” expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener “mucha calma”.
El gobierno colombiano adoptó ayer medidas para enfrentar el fenómeno de las pirámides financieras que ofrecen rendimientos exorbitantes por fuera del sistema bancario y que desataron un auténtico furor en Colombia, después de causar grandes quiebras en otros países.
Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.
Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron a la madrugada de este lunes los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas “que cumplían una función de recaudo no autorizada”. “La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación” expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener “mucha calma”.
Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.
Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron a la madrugada de este lunes los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas “que cumplían una función de recaudo no autorizada”. “La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación” expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener “mucha calma”.
El gobierno colombiano adoptó ayer medidas para enfrentar el fenómeno de las pirámides financieras que ofrecen rendimientos exorbitantes por fuera del sistema bancario y que desataron un auténtico furor en Colombia, después de causar grandes quiebras en otros países.
Para ello, el Ejecutivo colombiano declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.
Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron a la madrugada de este lunes los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso, luego de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitiera hace pocos días que las autoridades habían tardado en reaccionar.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al anunciar la emergencia social acompañado de otros funcionarios, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas “que cumplían una función de recaudo no autorizada”. “La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación” expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener “mucha calma”.
EFE en Bogotá, Milenio, 18 de noviembre.
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