La reforma constitucional en materia de derechos humanos se aprobará en cuanto el Senado reanude trabajos luego de las vacaciones de Semana Santa, ya que hay un compromiso de todas las fuerzas políticas en ese sentido, coincidieron el priísta Pedro Joaquín Coldwell y el panista Santiago Creel Miranda.
Entrevistados por separado, destacaron que es una reforma toral, pues lleva a la Carta Magna el reconocimiento de los derechos humanos, incluidos los que forman parte de tratados internacionales en la materia; da mayores facultades a la CNDH y salvaguarda las garantías fundamentales aun en caso de que se declaren estados de excepción.
La reforma debió pasar a primera lectura el jueves pasado, pero el panista Alejandro Zapata Perogordo pidió sacarla de la agenda porque el gobierno de Felipe Calderón no está de acuerdo en varias modificaciones introducidas en el artículo 29 constitucional, referidos a la suspensión de garantías.
Ese capitulado es uno de los que preocupan al gobierno federal, ya que se realizaron modificaciones opuestas a las que pretende Calderón en su iniciativa para crear la Ley Nacional de Seguridad. Los senadores reafirmaron que el jefe del Ejecutivo podrá declarar estados de excepción en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado.
Además, recalcó el priísta Pedro Joaquín Coldwell, se dejó en claro que “la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en la Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente”.
A ese artículo 29 se adicionó que la constitucionalidad y validez de los decretos que expida el jefe del Ejecutivo durante la suspensión de derechos y garantías serán revisadas de oficio inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A consecuencia de las observaciones que por conducto de Zapata Perogordo les hizo llegar la Secretaría de Gobernación, el dictamen fue revisado nuevamente el jueves pasado y los cambios fueron mínimos, ya que tanto Joaquín Coldwell como el perredista Pablo Gómez y el panista Creel Miranda defendieron el proyecto.
Creel Miranda sostuvo que el compromiso fue que en la sesión del 6 de abril el dictamen se presentará en primera lectura, y un día después será votado ante el pleno. Se trata, insistió, de una de las reformas más trascendentes en materia de garantías individuales, ya que da mayores facultades a la CNDH, con el fin de que puedan investigar violaciones graves en la materia, presentar denuncias penales o civiles contra funcionarios públicos, y solicitar toda la información requerida sin que ninguna autoridad se la pueda negar, aún en el caso de que sea reservada.
“Otro punto fundamental es que el principio rector de la política exterior mexicana serán los derechos humanos. Si lo estamos haciendo hacia adentro, también hacia afuera.”
Creel Miranda enfatizó que al aprobarse la reforma, México tendrá que votar en la Organización de Naciones Unidas y otros foros internacionales con base en los derechos humanos, independientemente de las relaciones con el país que vulnere dichas garantías, y ello regirá “para Cuba, Estados Unidos o quien sea”.
Andrea Becerril, La Jornada, 28 de marzo.
Entrevistados por separado, destacaron que es una reforma toral, pues lleva a la Carta Magna el reconocimiento de los derechos humanos, incluidos los que forman parte de tratados internacionales en la materia; da mayores facultades a la CNDH y salvaguarda las garantías fundamentales aun en caso de que se declaren estados de excepción.
La reforma debió pasar a primera lectura el jueves pasado, pero el panista Alejandro Zapata Perogordo pidió sacarla de la agenda porque el gobierno de Felipe Calderón no está de acuerdo en varias modificaciones introducidas en el artículo 29 constitucional, referidos a la suspensión de garantías.
Ese capitulado es uno de los que preocupan al gobierno federal, ya que se realizaron modificaciones opuestas a las que pretende Calderón en su iniciativa para crear la Ley Nacional de Seguridad. Los senadores reafirmaron que el jefe del Ejecutivo podrá declarar estados de excepción en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado.
Además, recalcó el priísta Pedro Joaquín Coldwell, se dejó en claro que “la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en la Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente”.
A ese artículo 29 se adicionó que la constitucionalidad y validez de los decretos que expida el jefe del Ejecutivo durante la suspensión de derechos y garantías serán revisadas de oficio inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A consecuencia de las observaciones que por conducto de Zapata Perogordo les hizo llegar la Secretaría de Gobernación, el dictamen fue revisado nuevamente el jueves pasado y los cambios fueron mínimos, ya que tanto Joaquín Coldwell como el perredista Pablo Gómez y el panista Creel Miranda defendieron el proyecto.
Creel Miranda sostuvo que el compromiso fue que en la sesión del 6 de abril el dictamen se presentará en primera lectura, y un día después será votado ante el pleno. Se trata, insistió, de una de las reformas más trascendentes en materia de garantías individuales, ya que da mayores facultades a la CNDH, con el fin de que puedan investigar violaciones graves en la materia, presentar denuncias penales o civiles contra funcionarios públicos, y solicitar toda la información requerida sin que ninguna autoridad se la pueda negar, aún en el caso de que sea reservada.
“Otro punto fundamental es que el principio rector de la política exterior mexicana serán los derechos humanos. Si lo estamos haciendo hacia adentro, también hacia afuera.”
Creel Miranda enfatizó que al aprobarse la reforma, México tendrá que votar en la Organización de Naciones Unidas y otros foros internacionales con base en los derechos humanos, independientemente de las relaciones con el país que vulnere dichas garantías, y ello regirá “para Cuba, Estados Unidos o quien sea”.
Andrea Becerril, La Jornada, 28 de marzo.
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