Centroamérica, “bazar” del narcotráfico mexicano


SAN JOSÉ.— Centroamérica cerrará 2011 con una consolidación del despliegue del narcotráfico mexicano, que intensificó su diseminación de más de ocho años apoyado en estructuras autóctonas y emergió como una de las principales amenazas a la institucionalidad democrática regional, mientras fuerzas políticas del área buscan respuestas conjuntas para repeler la incursión del crimen organizado.
Los cárteles mexicanos afianzaron un andamiaje de seguridad y logística que les suministra combustibles, vehículos, lanchas, viviendas y bodegas para comprar, vender, almacenar y transportar grandes cantidades de droga de Colombia a México y Estados Unidos por aire, tierra y mar e infiltrar estructuras militares, policiales, judiciales, políticas, empresariales y estatales.
“El principal enemigo de la democracia es el narcotráfico”, advirtió el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, al repasar la lucha antinarco de este año. “Los narcotraficantes buscan no sólo penetrar a la policía, sino cooptarla”, alertó.
La creciente presencia criminal mexicana —y colombiana, con menos énfasis— impactó en la política de países que, como Guatemala, registran cifras superiores a 47 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Con la promesa de luchar frontalmente contra la delincuencia organizada y común, el general en retiro Otto Pérez Molina ganó los comicios guatemaltecos de noviembre y en enero asumirá la presidencia de Guatemala, para un mandato de cuatro años. Pérez ya confirmó que, en su gobierno, unidades élite del ejército tendrán más responsabilidad en combatir al narcotráfico mexicano.
Al Igual que México, la lucha antidroga está militarizada en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con apoyo policial.
Costa Rica y Panamá, que carecen de ejército, dirigen la pelea con sus cuerpos policiales y judiciales.
Frente a la severa crisis de seguridad, presidentes y delegados de alto rango de Centroamérica, México y Colombia, EU y Europa y organismos multilaterales, reunidos en junio de este año en Guatemala, acordaron un plan de 2 mil millones de dólares para combatir a la criminalidad. Con una tasa regional de 33 por cada 100 mil habitantes, Centroamérica incrementó sus presupuestos para atacar las 23 modalidades de crimen organizado que actúan en la zona, pero el contrabando desde Colombia sigue con novedosas rutas y métodos.
“Sigue pasando droga en fuertes cantidades por Centroamérica”, dijo a EL UNIVERSAL el viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Wálter Navarro. “No podemos decir que el problema está controlado. No, jamás”, aclaró, al subrayar que la operación principal es controlada por cárteles mexicanos aliados a colombianos.
Puente y bodega
Estructuras mafiosas domésticas, como los cárteles de Tejis, en El Salvador, y del Cabo Gracias a Dios, en Honduras, son aliados o rivales de mexicanos y colombianos.
Guatemala tiene cárteles y clanes familiares como Sayaxché o El Petén, los Luciano, los Mendoza y los Sarceño, que se asociaron a narcomafias de México, como las del Golfo, Sinaloa, Los Zetas, la Familia Michoacana, Tijuana o Juárez.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua (no estatal) dijo a EL UNIVERSAL que ocho fuertes narcogrupos ligados a colombianos operan en el Caribe nicaragüense y 17 bandas criminales de respaldo a narcotraficantes mexicanos y guatemaltecos funcionan en el litoral Pacífico.
Por su cercanía con Colombia, Panamá y Costa Rica, son clave para almacenar droga y reenviarla al norte del istmo rumbo a México y Estados Unidos. El negocio mantiene su accionar básico: por teléfono, narcotraficantes mexicanos y colombianos pactan la compra-venta de cargas de cocaína y envían a sus lugartenientes a Centroamérica a coordinar el transporte de la mercancía de Colombia a México.
Tras mezclarse en ciudades, pueblos y aldeas, los emisarios de cárteles mexicanos, como compradores, y colombianos, como vendedores, coinciden en el istmo para recibir la droga desde Colombia, almacenarla y organizar el reenvío a México y EU. Pese a que la cifra varía, cerca de mil toneladas de cocaína pasan al año por Centroamérica procedentes de Colombia y las capturas son de menos del 20% de los envíos.
Bajo fuego
En una cumbre de gobernantes en El Salvador, el 16 de diciembre, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, aseguró que Centroamérica sufre una “severa agresión” de los narcotraficantes mexicanos. El crimen organizado “azota nuestros pueblos”, explicó, por su parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fustigó a EU por su alto consumo de drogas. “Si se controla el consumo, automáticamente estaría desapareciendo el narcotráfico, y al desaparecer el narcotráfico lógicamente desaparece una fuente de financiamiento del crimen organizado porque el crimen organizado se capitaliza y se arma desde Estados Unidos”, dijo Ortega. Cuestionado por la oposición política nicaragüense, que le acusa de fraude en los comicios de noviembre pasado para reelegirse y de violar la Constitución, que prohíbe la reelección consecutiva, Ortega alertó que “el narcotráfico es la mayor amenaza que tenemos en toda la región”.
La rebelión de los barrios
En una espontánea rebelión pacífica, enardecidas jefas de hogar, padres de familia y jóvenes costarricenses se lanzaron a las calles de diversos barrios de Costa Rica en agosto y, atemorizados por la amenaza a la seguridad de sus colonias, rechazaron la llegada a sus comunidades de dos presuntos narcotraficantes mexicanos beneficiados con la concesión judicial de casa por cárcel.
Los vecinos triunfaron: un juzgado revocó el arresto domiciliario y ordenó que los presuntos narcos enjuiciados en Costa Rica por llevar más de 177 kilos de cocaína a Guatemala y México, sigan presos. La reacción mostró un agotamiento tras años de penetración del narcotráfico mexicano en Costa Rica y el resto de Centroamérica. “Fue un mensaje contundente para el Poder Judicial”, alertó el viceministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Walter Navarro.
Así, como ocurre hace muchos años, este 2011 se acaba en Centroamérica con las viejas facturas sociales —cerca de la mitad de los 40 millones de centroamericanos en la miseria— y la inseguridad generalizada por la incursión de cárteles mexicanos.
José Meléndez corresponsal, El Universal, 28 de diciembre.

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