Impulsaban acceso gratuito al agua y ahora están presos

Entre sollozos, Brígida y Salustia abogan por la inocencia y liberación de sus esposos: José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, dos indígenas nahuas que, como autoridades tradicionales de la comunidad poblana de Atla, impulsaron un proyecto para garantizar el acceso gratuito al agua de los habitantes, pero fueron acusados de robo de vehículo por el hijo de uno de los caciques que ha controlado el suministro desde hace años.

El caso fue incorporado al informe "Discriminados y encarcelados: detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México", difundido ayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el cual será presentado en Ginebra, Suiza, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el próximo 14 de febrero.

En el texto también se incluyeron las historias de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Querétaro sentenciada a 21 años de cárcel por el secuestro de seis AFIs y liberada después por falta de pruebas.

De Alberta Alcántara y Teresa González, también implicadas en el plagio de policías y quienes también quedaron libres por orden de la Suprema Corte.

De Basilia Ucan Nah, indígena maya condenada a 12 años por supuesto lenocinio y corrupción de menores y absuelta por falta de elementos.

De Isabel Almaraz, indígena zapoteca ligada a un secuestro que no cometió y quien pasó más de seis años encarcelada.

De Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua sentenciado a 37 años de prisión por secuestro pese a que quienes lo acusaban se desistieron, y cuyo expediente fue abordado semanas atrás por Crónica, antes de su atracción por la Corte.

"Alrededor del 10 por ciento de los presos en el país son indígenas, y en muchos casos encontramos procesos irregulares como falta de una defensa adecuada o negativas a reconocer el origen indígena de las personas y proporcionarles un interprete", señaló José Rosario Marroquín, director de Prodh.

En el informe se citan 289 casos de mujeres; en el 89 por ciento de éstos, el Estado incumplió la obligación de proporcionarles intérprete.

A Hugo, por ejemplo, se le ha desconocido como indígena sólo porque habla español y conducía un taxi. Su madre, Rosalba Ramírez, quien asistió a la presentación del documento, expresó: "¿Por qué en México insisten en ver a los indígenas con un taparrabo?, Ojalá los ministros de la Corte puedan darnos cinco minutos para conocer de qué raíces venimos".

Doña Brígida Cruz, esposa de José Ramón, señaló: "¿Cómo acusan a mi esposo de robarse un coche, si nunca ha tenido uno ni sabe manejar?".

Y doña Salustia Aparicio, esposa de Pascual, dijo: "Sólo quiero que lo dejen libre, porque es inocente y lo necesito para sacar adelante a mis hijos"…


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 25 de enero.