Inmigrantes presentan 3 mil 651 quejas por violación a sus derechos

Durante la gestión de Felipe Calderón, inmigrantes cuyos derechos humanos han sido violados presentan en promedio dos quejas diarias ante la CNDH.

Según datos del organismo, del 1 de diciembre de 2006 —inicio de la presente administración— al 31 de diciembre de 2011, se abrieron 3 mil 651 expedientes por diversos abusos en contra de indocumentados en tránsito por nuestro país, es decir, 60 al mes.

Las tres autoridades más señaladas como responsables de los agravios son el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Rubén, guatemalteco de 33 años.

Estábamos en la estación migratoria de Saltillo, éramos como 20 hombres, seis mujeres y dos menores de edad… Nos dijeron que nos iban a practicar un examen médico de rutina, en el cual participó gente del INM y de la Secretaría de Salud de Coahuila. En realidad nos trataron como animales apestosos, dijeron que nosotros podíamos tener la enfermedad del cólera y nos obligaron a introducirnos por el ano un hisopo como de 20 centímetros de largo, con la amenaza de que en caso de no hacerlo se nos castigaría o se nos encerraría por más de tres meses… “Si no se lo hacen, les voy a mandar una enfermera para que se los meta y les va a doler más”, intimidó un doctor. Nos llevaron, de cinco en cinco, a un pequeño consultorio médico, como de cinco por cinco metros, ahí nos aplicaron dos inyecciones: una en el brazo y otra en el glúteo, y luego nos daban el hisopo para metérnoslo, en un espacio donde apenas nos podíamos mover y dividido por una especie de cortinilla corrediza, a manera de escuadra, pero aún así durante el proceso nos vigilaban médicos y un guardia de seguridad privada.

De acuerdo con los datos de la Comisión, los hechos violatorios más recurrentes son faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones y la prestación indebida del servicio público.

También acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y los de sus familias, omisiones en regularizar la situación jurídica migratoria, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Hilda, hondureña de 16 años:

Me habían raptado en el camino hacia la frontera y vendido con una señora que aparentaba tener una cocina económica en el Estado de México, pero en realidad era un bar donde me obligaba a tomar alcohol con sus clientes y a tener relaciones sexuales con ellos, sin recibir nada de dinero a cambio… Pasé ahí como seis meses, incomunicada y vigilada, hasta que un día un señor le pagó a la patrona dos mil pesos para sacarme del lugar y llevarme a un hotel… el hombre lo hizo todo a la fuerza, y quiso abusar de mí, pero me resistí, le aventé cosas y le provoqué una herida en la frente; él me cargó y me arrojó por la ventana del tercer piso de la habitación, por la caída quedé inconsciente y tuve fracturas y otras lesiones, anduve de hospital en hospital.

Cuando me recuperé presenté una denuncia ante el Ministerio Público por lo que me había pasado y ya para entonces, lo supe después, mi hermana había tramitado otra denuncia por mi desaparición. En ninguna de las dos se hizo justicia, porque la Procuraduría dijo que yo era ilegal y que tenía que regresar a mi país…

 Me entregaron al INM y luego me llevaron a la estación migratoria de Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde me tuvieron varios días, pero nunca me brindaron la atención médica ni psicológica que necesitaba…


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 22 de enero.