La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General Instituto Federal Electoral (CG-IFE) reponer dos procedimientos especiales sancionadores, relacionados con la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión, que habrían sido utilizados para la difusión de entrevistas a candidatos al gobierno de Michoacán.
Los magistrados consideraron válidos los agravios presentados por el PAN en dos recursos de apelación para inconformarse con las resoluciones del IFE, que en su oportunidad declaró infundadas las quejas formuladas, por separado, contra los candidatos Fausto Vallejo, del PRI, y Silvano Aureoles, del PRD.
En los proyectos de sentencia, que fueron aprobados por unanimidad, se establece que el Secretario Ejecutivo del IFE omitió citar a todos los sujetos denunciados de participar en las infracciones a la norma electoral, en particular a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión de las emisoras que difundieron las entrevistas.
Por lo anterior, el órgano jurisdiccional instruyó al funcionario a emplazar a todos los actores señalados con el fin de acreditar o deslindar responsabilidades.
Asimismo, el pleno del Tribunal Electoral revocó la resolución del CG-IFE por la que sancionó al PRI por presuntas irregularidades en su informe de campaña correspondiente al proceso electoral federal 2009.
El afectado se quejó de que las sanciones impuestas son excesivas y carentes de la debida fundamentación y motivación.
En el proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, se indica que el CG-IFE no señaló la existencia de elementos para calificar como graves la conducta del recurrente; por el contrario, las razones sostenidas por la responsable implicaban una calificación menor debido a que no existió una conducta reiterada, no se demostró mala fe y sólo existió una falta de cuidado para dar cabal cumplimiento a las obligaciones.
Por ello, se determinó revocar la resolución del CG-IFE para que en un plazo de 10 días, a partir del siguiente a la notificación, realice un nuevo pronunciamiento en el que motive adecuadamente la calificación que corresponde a la conducta infractora cometida por el PRI.
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