Violan a los indígenas sus derechos judiciales

 Antonio Sánchez dice convencido que si él y su familia tuvieran recursos, tendrían justicia. Su hijo Hugo Sánchez Ramírez fue sentenciado a 42 años de prisión en el Estado de México.

Hugo llevaba en su taxi a dos pasajeros que huyeron cuando un policía les marcó el alto. Ahí dejaron, presuntamente, armas de alto calibre y a él lo acusaron de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Hugo es indígena mazahua. Como indígenas también son José Ramón y Pascual, defensores comunitarios del agua en la sierra norte de Puebla, condenados a 7 años de prisión por el supuesto robo de un automóvil, que no cometieron.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un informe en el cual da cuenta que los indígenas sufren una violación sistemática a sus derechos judiciales.

En el informe "Discriminados y encarcelados: detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México", detallan patrones como juicios irregulares, falsas acusaciones, negación de intérprete en un 89 por ciento de los casos.

Este documento será entregado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU con la finalidad de que emita recomendaciones al País sobre el actuar de la justicia en los casos indígenas, que representan el 10 por ciento de las personas en situación de prisión a nivel nacional.

El informe fue presentado por el director del Centro ProDH, José Rosario Marroquín, quien estuvo acompañado de Antonio Sánchez, padre del joven mazahua Hugo, así como Salustia y Brígida, esposas de Pascual y José Ramón.

En el informe se retoman también casos emblemáticos en donde los indígenas sufrieron la fabricación de culpas, como Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar a Policías Federales; Basilia Ucan Nah, acusada de explotación sexual; además del caso de Hugo Sánchez y los defensores del agua, que todavía están vigentes.


Daniela Rea, Reforma, 25 de enero.