Investiga PGR equipos espía

Eduardo Sánchez, vocero en materia de seguridad del Gobierno federal, afirmó ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) indaga los contratos que celebró esa dependencia para adquirir diversos equipos de espionaje.

REFORMA dio a conocer que, el año pasado, la PGR pagó a la empresa Obses de México 202 millones 563 mil 840 pesos, alrededor de 15.5 millones de dólares, por dos dispositivos que le permiten invadir la privacidad de cualquier ciudadano.

"El Gobierno de la República está haciendo la revisión a la documentación y está procediendo con una investigación en el caso de que derivado de estas acciones se desprenda la comisión de un delito", indicó Sánchez.

"La PGR realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto sea posible (...) la PGR está revisando la documentación relacionada con este aparente contrato, que vamos a verificar si existe y en qué condiciones está y desde luego realizando la investigación", aseguró en una conferencia de prensa donde se dio a conocer acciones antisecuestros.

El funcionario advirtió que el espionaje en México es un delito y se castigará a quien lo cometa "caiga quien caiga".

"Desde luego que está prohibido por la ley penal el que haya espionaje y nosotros estamos atentos a cualquier denuncia en caso de que se detecte que hubiera este tipo de prácticas, y caiga quien caiga tendrá que responder ante las autoridades", expresó.

Uno de los contratos de la PGR fue firmado con Obses por Guillermina Muñoz Soto, ex directora de Tecnologías de Información y Comunicaciones, quien luego fue la última Oficial Mayor de esa dependencia, y por el coronel Avigaí Vargas Tirado, ex asesor de Marisela Morales, ex funcionario de la SEIDO y artífice de la investigación contra el General Tomás Ángeles Dauahare.

El contrato incluyó el software FinFisher/Finspy por el cual la dependencia desembolsó 109 millones 327 mil 680, es decir, 92 millones 248 mil pesos en valor nominal y 15 millones 79 mil 680 pesos en impuestos, de acuerdo con el contrato.

En paralelo adquirió el geolocalizador Hunter Punta Tracking/Locsys, cuyo precio nominal fue de 80 millones 376 mil, más impuestos de 12 millones 860 mil 160 pesos. Es decir, en total, tuvo un costo de 93 millones 236 mil 160 pesos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Toronto, en México fueron detectados tres servidores que alojan y ejecutan, desde el 2012, el sistema FinFisher que se instala una vez que el usuario accede a un link, con lo que el spyware se instala, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, como iPhone, Android, Symbian, BlackBerry y Windows Mobile.

Luego de esto es posible monitorear los aparatos vía remota, sin que el usuario se de cuenta.

Otros contratos investigados por la Procuraduría General de la República, de acuerdo con Gobernación, son los realizados con Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, a fin de rastrear comunicaciones.




ASÍ LO DIJO

"Desde luego que está prohibido por la ley penal el que haya espionaje y nosotros estamos atentos a cualquier denuncia en caso de que se detecte que hubiera este tipo de prácticas, y caiga quien caiga tendrá que responder ante las autoridades".

Eduardo Sánchez
vocero en materia de seguridad del Gobierno federal

Benito Jiménez, Reforma, 11 de julio.