Integrantes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconocieron la labor del gobierno de Chiapas por “salvaguardar su integridad”, luego de que integrantes del llamado Bloque Democrático “violentaran” una sesión del 26 Congreso de dicha sección.
En conferencia de prensa, la colegiada nacional de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Soraya Bañuelos de la Torre, reconoció la acción del gobierno y la labor de la fuerza pública para controlar a los miembros del Bloque Democrático.
Bañuelos de la Torre subrayó que los trabajos marchaban de acuerdo con la normatividad y los estatutos de transparencia que el sindicato establece, pero “al verse en desventaja en las elecciones” y aprovechando el receso, el grupo disidente tomó las instalaciones del Centro de Convenciones y retuvo a 20 integrantes de la sección siete del SNTE.
Por esta razón, elementos policiales llevaron a cabo el rescate de un grupo de maestros que permanecían privados de su libertad. Tras agotar las vías de diálogo, el grupo interinstitucional rescató a los mentores que permanecían privados de su libertad, quienes fueron puestos a salvo y, en algunos casos, trasladados a diversos hospitales para su atención médica.
En estas acciones participó la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Procuraduría General de la República, socorristas de la Cruz Roja Mexicana y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
“Por intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se logró la liberación de quienes por más de 20 horas no tuvieron acceso a alimentos ni bebidas; nos vimos obligados a denunciar los hechos ante el Consejo Estatal de Derechos Humanos y ante la Procuraduría General del Estado y de la República para solicitar la inmediata liberación de nuestros compañeros”, enfatizó.
La representante legal del SNTE presentó una demanda ante los “actos violentos del que eran objeto sus compañeros delegados especiales”, por lo que la PGJE dio inicio a la averiguación previa número 122/CAJ4D-T1/ 2013, por el delito de privación ilegal de la libertad.
EL Universal, 1º de julio.
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