Al participar en un foro organizado por El Colegio de México sobre democracia y medios de comunicación, Javier Corral, ex senador y miembro destacado de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, anunció la inminente creación de un frente de organizaciones en lucha por la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
En su intervención, el panista sostuvo que es imperioso poner fin en México a una de las más escandalosas concentraciones monopólicas que existen en el mundo.
Durante el foro, la ex conductora del noticiario Hoy por hoy Carmen Aristegui dijo que más allá de considerar su salida de W Radio –estación manejada por el grupo español Prisa y Televisa– como “un atentado a la libertad de expresión” y una violación al derecho del auditorio al acceso a la información, lo que muestra es la necesidad que requiere la democracia mexicana de avanzar en un tema toral como es poner freno al poder de los grupos que controlan la comunicación electrónica en México.
Por su parte, el ex director de Canal Once y actual secretario técnico del grupo plural en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Julio di Bella, advirtió que si en las reformas electorales se advirtieron presiones de los grupos de concesionarios, las discusiones en torno a las modificaciones en materia de medios llegarán a una tensión máxima, porque estará en juego el rumbo que adoptará el esquema de comunicación en el país.
En el seminario, el periodista Miguel Angel Granados Chapa definió el caso de Aristegui como emblemático de los abusos de los medios de comunicación. Subrayó que la afectación no es un asunto personal de la periodista, sino un agravio a la sociedad y al derecho a la información.
Por ello, insistió en su propuesta de promover la creación de una nueva sociedad mercantil anónima que garantice una estación de radio independiente que dé cabida a las voces que la concentración de medios no deja expresarse en las estaciones concesionadas.
Corral aseveró que el duopolio de televisoras que controla las estaciones concesionadas se llevó entre 2005 y 2007 el 58 por ciento de toda la inversión publicitaria en el país. Tan sólo en 2004, Televisa y Tv Azteca percibieron 44 mil 800 millones de pesos por ese concepto, según fuentes oficiales, lo que refleja el control que tienen de 94 por ciento de las estaciones en el país.
Subrayó que el principal grupo no solamente ha consolidado su situación predominante en la televisión abierta, sino que también avanza en el control del sistema por cable –con casi 38 por ciento– y otras plataformas de comunicación. Por esta condición, dijo, considera factible deshacerse de una conductora como Aristegui, aunque ello suponga eliminar uno de los programas de mayor audiencia.
Por ello, añadió, es imprescindible que la sociedad pase de la mera expresión de su indignación por la censura de conductores “incómodos” a una real movilización para modificar un contexto que favorece la concentración de poder económico y político en algunas empresas. “Necesitamos modificar una correlación en la cual los concesionarios determinan no sólo qué se escucha, sino quién aparece o desaparece de los medios”, manifestó.
Aristegui consideró que un tema toral de la democracia mexicana es resolver el futuro de los medios de comunicación en México, y citó que su caso, más allá de la pérdida de un espacio, representa que, en los hechos, no existe ningún respeto por la audiencia ni tampoco se concibe a la radio y la televisión como bienes de interés público.
En su intervención, recordó la forma en que Televisa sometió al Congreso de la Unión para imponer una legislación redactada literalmente en las oficinas de esa empresa y que, afortunadamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue revertida en el marco de un “brillante” debate de los ministros. Sin embargo, advirtió que esas consideraciones de los magistrados deben ser el piso y no el techo en la redacción de una nueva legislación en materia de medios.
Por su parte, la ex directora del Instituto Mexicano de la Radio Dolores Béistegui reivindicó la necesidad de que en la reforma se incluya una profunda modificación al régimen que prevalece en torno a los medios públicos.
Destacó la necesidad de avanzar hacia instituciones que no sean proclives al gobierno, sino que propicien la pluralidad y ejerzan plenamente la libertad de expresión, sin estar supeditadas a que sus directivos y conductores sean designados por las autoridades en turno.
En su intervención, el panista sostuvo que es imperioso poner fin en México a una de las más escandalosas concentraciones monopólicas que existen en el mundo.
Durante el foro, la ex conductora del noticiario Hoy por hoy Carmen Aristegui dijo que más allá de considerar su salida de W Radio –estación manejada por el grupo español Prisa y Televisa– como “un atentado a la libertad de expresión” y una violación al derecho del auditorio al acceso a la información, lo que muestra es la necesidad que requiere la democracia mexicana de avanzar en un tema toral como es poner freno al poder de los grupos que controlan la comunicación electrónica en México.
Por su parte, el ex director de Canal Once y actual secretario técnico del grupo plural en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Julio di Bella, advirtió que si en las reformas electorales se advirtieron presiones de los grupos de concesionarios, las discusiones en torno a las modificaciones en materia de medios llegarán a una tensión máxima, porque estará en juego el rumbo que adoptará el esquema de comunicación en el país.
En el seminario, el periodista Miguel Angel Granados Chapa definió el caso de Aristegui como emblemático de los abusos de los medios de comunicación. Subrayó que la afectación no es un asunto personal de la periodista, sino un agravio a la sociedad y al derecho a la información.
Por ello, insistió en su propuesta de promover la creación de una nueva sociedad mercantil anónima que garantice una estación de radio independiente que dé cabida a las voces que la concentración de medios no deja expresarse en las estaciones concesionadas.
Corral aseveró que el duopolio de televisoras que controla las estaciones concesionadas se llevó entre 2005 y 2007 el 58 por ciento de toda la inversión publicitaria en el país. Tan sólo en 2004, Televisa y Tv Azteca percibieron 44 mil 800 millones de pesos por ese concepto, según fuentes oficiales, lo que refleja el control que tienen de 94 por ciento de las estaciones en el país.
Subrayó que el principal grupo no solamente ha consolidado su situación predominante en la televisión abierta, sino que también avanza en el control del sistema por cable –con casi 38 por ciento– y otras plataformas de comunicación. Por esta condición, dijo, considera factible deshacerse de una conductora como Aristegui, aunque ello suponga eliminar uno de los programas de mayor audiencia.
Por ello, añadió, es imprescindible que la sociedad pase de la mera expresión de su indignación por la censura de conductores “incómodos” a una real movilización para modificar un contexto que favorece la concentración de poder económico y político en algunas empresas. “Necesitamos modificar una correlación en la cual los concesionarios determinan no sólo qué se escucha, sino quién aparece o desaparece de los medios”, manifestó.
Aristegui consideró que un tema toral de la democracia mexicana es resolver el futuro de los medios de comunicación en México, y citó que su caso, más allá de la pérdida de un espacio, representa que, en los hechos, no existe ningún respeto por la audiencia ni tampoco se concibe a la radio y la televisión como bienes de interés público.
En su intervención, recordó la forma en que Televisa sometió al Congreso de la Unión para imponer una legislación redactada literalmente en las oficinas de esa empresa y que, afortunadamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue revertida en el marco de un “brillante” debate de los ministros. Sin embargo, advirtió que esas consideraciones de los magistrados deben ser el piso y no el techo en la redacción de una nueva legislación en materia de medios.
Por su parte, la ex directora del Instituto Mexicano de la Radio Dolores Béistegui reivindicó la necesidad de que en la reforma se incluya una profunda modificación al régimen que prevalece en torno a los medios públicos.
Destacó la necesidad de avanzar hacia instituciones que no sean proclives al gobierno, sino que propicien la pluralidad y ejerzan plenamente la libertad de expresión, sin estar supeditadas a que sus directivos y conductores sean designados por las autoridades en turno.
Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 7 de febrero.
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